[resumen.cl] El TOP de Calama desacreditó las pruebas presentadas por el Ministerio Público contra un trabajador minero procesado en el marco del Estallido Social, quien fue durante dos años imputado tras ser detenido por Carabineros.

Esta semana se informó que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Calama finalmente absolvió a Luis Soto Flores, trabajador minero acusado por el Ministerio Público por el delito de porte de elementos incendiarios, relacionado a las protestas iniciadas en octubre de 2019 durante el Estallido Social.

Fueron dos años de proceso contra el trabajador, quien el 23 de octubre de 2019 fue detenido en el sector de Avenida Balmaceda en Calama por funcionarios de Carabineros y que, posteriormente, el Ministerio público afirmó que «sorprendieron de manera flagrante al ACUSADO vertiendo sobre una barricada encendida un líquido acelerante de combustión».

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Pese a existir una descripción detallada de parte del Ministerio Público, organismo que solicitaba cinco años de prisión como sentencia al trabajador, el TOP de Calama indicó que «el líquido contenido en aquel receptáculo correspondería a una mezcla de hidrocarburos volátiles derivados del petróleo».

Por ende, el Tribunal señaló que los hechos «no son constitutivos del delito denominado como 'porte de elementos incendiarios'», siendo absuelto del cargo tras no haberse acreditado «la vinculación material entre el elemento pretendidamente prohibido y el actor, razón por la cual no puede afirmarse la existencia del hecho incriminado ni participación alguna a su respecto», señaló el fallo.

La necesidad de concretar el Indulto General

El proyecto de indulto general está siendo discutido desde diciembre de 2020 y ha pasado por la Comisión de Derechos Humanos, de Seguridad Pública y la de Constitución del Senado. Sin embargo, pese a su aprobación en las tres comisiones, la presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), ordenó que este volviera a la de Constitución porque » tal como está probablemente no lograba ser aprobado».

La iniciativa busca, concretamente, promover un indulto a quienes cuenten con «calidad de autores, cómplices o encubridores, en cualquiera de los grados de desarrollo del delito, hayan incurrido o se encuentren imputados en el contexto de la protesta social en Chile». El proyecto además delimita el rango temporal de consideración para el indulto, entre el 7 de octubre de 2019 el 9 de diciembre de 2020, día de la presentación del proyecto de ley que da origen a la presente norma.

Con la aprobación de dicho proyecto se busca poner fin a la persecución política realizada por el Estado chileno y sus tribunales de justicia, contra las personas que protestaron durante el Estallido Social.