El lamentable asesinato del funcionario policial Daniel Palma, el tercer carabinero acribillado en lo que va del año, parece ser motivo de alegría para ciertos sectores de la clase política que ven una oportunidad para impulsar su agenda y sacarle provecho electoral. Incluso, pareciera vérseles con una sonrisa al momento de opinar sobre la necesidad de implementar la Ley Gatillo Fácil y no una preocupación real por combatir al crimen organizado, que está afectando de manera grave a los sectores más vulnerados de la sociedad.

Este oportunismo es un ejemplo claro de lo que se conoce como «Doctrina del shock», un concepto acuñado por la periodista canadiense, Naomi Klein, que propone que ciertas políticas han sido impuestas en contextos desastres o conmoción pública, aprovechando momentos de vulnerabilidad psicológica para que se puedan implementar reformas impopulares o contra la población, que en otros contextos serían imposibles de aplicar por la resitencia social que generarían.

No obstante: ¿es verdad que Carabineros no tiene atribuciones para utilizar sus armas?. Lo cierto que es no, pues como cualquier policía en el mundo, atribuciones para usar armas, tiene. Es más, las usan constantemente. Sólo por dar ejemplos recientes: en el crimen ocurrido en Concepción en que resultó asesinado un carabinero producto de la embestida de un automóvil, los policías presentes utilizaron sus armas de servicio, pues el vehículo presenta impactos de bala. Sin embargo, ninguna de éstas logró cumplir con su objetivo de detener al conductor, con el triste resultado que todos conocemos. En el caso del asesinato de Rita Olivares, los carabineros percutieron 31 tiros, mientras que los delincuentes -entre ellos el asesino- sólo cinco, contando el que le quitó la vida a la funcionaria. Es decir, utilizaron sus armas de manera ineficaz, no profesional.

Entonces, el punto central debe ser  profesionalizar la institución para que pueda hacer frente de manera efectiva al crimen organizado, o quizás, conformar una nueva policía que esté formada, específicamente, para este fin. Y es que Carabineros de Chile presenta un grave problema que es muy difícil de solucionar a corto plazo: está formada de manera ideologizada para combatir, principalmente, a las protestas y manifestaciones sociales y no a los tipos de delincuencia que padecemos en la actualidad.

Así quedó demostrado durante la revelación del llamado «paco leaks»  que mostró que tras el Estallido Social de octubre de 2019, las policías gastaron enormes recursos para la vigilancia de la protesta social. Cientos de expedientes policiales de inteligencia evidenciaban la cantidad de horas, funcionarios y recursos destinados al seguimiento de dirigentes ambientales, estudiantiles e incluso, de agrupaciones de personas enfermas de cáncer, esfuerzos que bien podrían ocuparse en el combate del crimen organizado y el narcotráfico. La institución deriva gran cantidad de recursos e insumos no en la prevención del delito, sino en ser una policía política.

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Como el objetivo principal de Carabineros no es hacer frente a la delincuencia, provoca que funcionarios y funcionarias expongan su vida al enfrentar el crimen. Se enfocan en perseguir manifestaciones sociales dejando actuar y crecer a las bandas criminales.

De hecho, ha habido casos en que se les acusa, derechamente, de proteger a delincuentes que han agredido a manifestantes. Como el 25 de marzo de 2022, cuando en el barrio Meiggs un grupo lumpen le dio una golpiza a un grupo de secundarios que participaba de una protesta, dejando a un estudiante de 16 años en estado de suma gravedad. Desde entonces, su familia ha acusado a Carabineros de darles protección a estos delincuentes.

La policía uniformada presenta una estructura que permite que esto pase. Es una policía política e ideologizada cuyo interés primordial es perseguir a disidentes políticos, activistas, líderes sociales o de pueblos originarios. Incluso a quiénes los critican públicamente, como periodistas que han destapado episodios de corrupción. Por eso es que fallan una y otra vez en el control de la delincuencia y son uno de los principales responsables en el aumento de ésta durante los últimos años. Por eso también es que cometen errores tan graves en procedimientos, a veces exponiendo a la población civil o entregando material insuficiente y de mala calidad a las fiscalías, una queja constante del Ministerio Público. En resumen, no saben hacer bien su trabajo.

Por esto es que la preocupación respecto a mayores libertades para el uso de armas de fuego no es un tema baladí. Hay que recordar las más de 400 víctimas de trauma ocular producto del accionar policial durante la represión a las manifestaciones del Estallido Social, así como las decenas de funcionarios policiales condenados, y otros tantos más imputados, por «violencia injustificada» u homicidio frustrado por disparar a personas que asistían a las marchas y también graves crímenes como lo fue el asesinato de Camilo Catrillanca.

Es necesario profesionalizar a las instituciones policiales por el bien de sus propios funcionarios, pero también por el bien del pueblo chileno que es víctima de manera creciente de crímenes perpetrados con armas de fuego.

Según declaraciones emitidas en febrero de 2022 por el presidente de la Asociación de Fiscales de Chile, Francisco Bravo, la tasa de homicidios en Chile ha aumentado un 100% en los últimos 10 años. «De un 2,6 cada 100 mil habitantes llegamos a un 5,7 cada 100 mil habitantes».

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Para el representante de los persecutores del Ministerio Público, también es preocupante que el esclarecimiento de los casos de homicidio ha disminuido en un 30%, lo que se relacionaría en parte, con la existencia de bandas de crimen organizado que tienen incorporadas entre sus acciones este modo de operar.

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«Esto se debe a varios factores. Uno de los factores tiene que ver con que hoy los homicidios que se cometen sobre un 40% con arma de fuego, son cometidos por bandas criminales. Es decir, en Chile está instalado ya, hace algunos años, el crimen organizado, lo que hace mucho más dificultoso investigar estos casos» indicó entonces.

En este sentido, el crecimiento de los asesinatos con armas de fuego también tiene su correlación en el aumento en la sustracción y el tráfico de este tipo de armamento y municiones desde recintos policiales y militares.

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Una investigación de Ciper, analizó 38 casos de este tipo de robos de Carabineros, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, contabilizando a 54 funcionarios implicados en el tráfico de los artefactos en la última década. Según los testimonios de los propios condenados ante la Corte Marcial de Santiago, las armas se vendían en el mercado negro, normalmente, a traficantes de drogas.

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Tampoco la PDI ha estado exenta de esto, pues hace un año reportaban la «desaparición» de 56 armas de sus dependencias. En sólo un año.

Por ende es urgente aumentar el control civil sobre las Fuerzas Armadas y las policías, no solamente, para evitar se sigan cometiendo desfalcos y fraudes al fisco, así como protección a violadores de derechos humanos, sino también para frenar esta infiltración del crimen organizado que está acrecentando el tráfico de armas y la alarmante cifra de asesinatos.

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Es por ello que los lamentables asesinatos de carabineros durante los últimos meses, más allá del show televisivo, debe hacernos reflexionar sobre el rol de las policías en Chile y particularmente, en el caso de Carabineros y sus funciones enfocadas a las manifestaciones.

Mucho se habla de que la policía uniformada está de manos atadas, que no puede defenderse, pero día a día se conoce de procedimientos en donde repelen a balazos portonazos o intentos de robo de otro tipo. Sumado a esto, la falta de preparación y los posibles vínculos de los mismos efectivos policiales con el crimen organizado, dan cuenta que más allá de una legislación que les entregue mayores facultades, existe una innegable descomposición al interior de dicha institución policial.

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Por ejemplo, en diciembre pasado, funcionarios de la 23 Comisaría de Carabineros de Talagante, fueron condenados por haber vendido al crimen organizado, al menos 100 armas. Durante el mismo 2022, fueron sorprendidos, dos uniformados, enviándose municiones por Chileexpress y otros, como los carabineros pertenecientes a la Comisaría de Control de Orden Público de Santiago, reportaron la «pérdida» de cinco pistolas y 75 balas. La pregunta es: ¿Dónde va a parar este armamento?.

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Es necesario que se establezca la racionalidad en el debate para hacerle frente al grave problema de la delincuencia, que está golpeando, principalmente, a la gente más afectada por el sistema político, social y económico en Chile.

Este oportunismo político sólo demuestra que se está utilizando la conmoción pública para imponer agendas ideológicas y que la preocupación por el bienestar de la población no son más que discursos mediáticos que no buscan erradicar los graves problemas que sufre el país.

Por el bien del pueblo chileno, necesitamos de manera urgente una policía que sea profesional y cumpla de una vez por todas su función principal: Combatir la delincuencia. Una que deje de ser efectiva sólo contra las protestas, pero inútil contra el narco y el crimen organizado.

Resumen.