La temporada de vendimia de este año transcurre en medio de un escenario crítico para las comunidades viñateras. Los precios por kilo de uva, inferiores a los costos de su producción, se suman a factores que agravan esta condición ya crónica, como las repercusiones de los megaincendios forestales y la escasez hídrica que afecta a toda la zona centro y sur del país. La Coalición Nacional de Viñateros había previsto esta situación, articulando diversos requerimientos al actual gobierno, apenas asumió, no obstante estos fueron incontestados y, por ello, han decidido concurrir hasta La Moneda para encarar a las autoridades y plantearles sus demandas.

Aniceto Hevia

De acuerdo a la información proporcionada por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), los precios para el kilo de Moscatel de Alejandría bordean los $160, mientras que la uva País se está comprando a $80 el kilo. Estas dos variedades son las más producidas en el valle del Itata, por cuanto sus valores determinan buena parte de los que las y los productores obtendrán por el cultivo de sus vides. Por otra parte, las cepas francesas como Cinsault y Cabernet Sauvignon, se están comprando a precios que bordean los $100 y los $130 por kilo, respectivamente, lo cual resulta catastrófico para quienes accedieron al plan del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) de sustituir las vides españolas por estas, con la promesa de ser pagadas a un mayor valor.

Fuente: Odepa. 31 de marzo de 2023

Fuente: Odepa. 31 de marzo de 2023

Desde hace años existe un fuerte cuestionamiento al rol de los agentes que compran la materia prima para entregársela luego al gran empresariado vínico, dominado por Concha y Toro, San Pedro y Santa Rita. Estas entidades, llamadas en el argot del rubro «poderes compradores», pueden ser empresas privadas o cooperativas, siendo estas últimas receptoras de financiamiento estatal a través de Indap, bajo el argumento que la asociatividad de las y los productores devendría en mejores condiciones productivas para sí. Sin embargo, las críticas que los y las propias viñateras hacen de esta política se sostiene en que su situación no ha mejorado, al contrario, progresivamente se vuelve más crítica. En primera instancia, la vocera de la Coalición, Yenny Llanos, sostiene que los socios involucrados en estas empresas asociativas en ningún caso son representativos de las y los productores, en cuanto al número y su condición de viñateros, pues integrantes de algunas de estas no figuran siquiera en el Catastro del Viñedo Chileno al cual está obligada a registrarse toda persona poseedora de más de 0,5 hectáreas de vides. Juntoi con ello, los recursos destinados a los poderes compradores no se han traducido en un aumento de los precios de la materia prima, sino que reproducen los valores que las grandes firmas mencionadas imponen. En este sentido, la viñatera Seferina Riquelme, en San Nicolás, se pregunta ante Resumen, «¿de qué sirve toda la plata que el Estado entrega a estos poderes compradores? Finalmente, la única beneficiada es la industria que ya no tiene que recorrer los campos de cada viñatero, porque cada uno va a dejar la uva al lugar de donde se la llevan, toda de una vez. Ahora van donde está la gallina echada, con todos los huevos abajo». Paralelamente, la Presidenta de la Asociación Gremial de Viñateros del Itata, Nuvia Ortiz, explica que la asociatividad ha sido la respuesta que recurrentemente han ofrecido las sucesivas autoridades políticas, desconociendo que los y las viñateras ya están organizadas, además de eludir el problema fundamental: el poder de las grandes empresas que imponen precios e implementan prácticas en función de sus beneficios, sin que exista fiscalización y regulación de ello (adición de agua al vino, vinificación de uva de mesa, entre otros). «Pueden seguir haciendo cooperativas, pero mientras no se nos pague un precio justo por la uva, no va a cambiar nada», asevera.

Cuvas de Ninhue, uno de los seis centros de acopio de uvas financiados por Indap.

La vocera de la Coalición, denuncia que sorprendentemente, en la región del Maule, figura como poder comprador la empresa Hacienda Zúñiga SPA, de los mismos controladores del poder comprador que en la vendimia pasada adquirió uva a viñateros/as del valle del Itata, sin pagarla hasta ahora. De acuerdo a la organización, son más de 150 productores afectados por este incumplimiento, sin que autoridades del Estado intervengan en favor de la ejecución de los pagos. En conversación con Resumen, viñateros recordaron que varios de ellos decidieron vender a la entonces Sociedad Agrícola Zúñiga Ltda. porque tenía precios de unos $10 por sobre otros poderes compradores.

Fuente: Odepa. 31 de marzo de 2023

Anuncio de Sociedad Agrícola Zúñiga y Zúñiga Limitada de precios de compra por kilo de uva Moscatel y País. Vendimia 2022.

Ante los efectos provocados por la expansión de la industria agrícola y forestal en la zona centro y sur del país, expresados en la agravada escasez hídrica y la propagación de incendios, la Coalición Nacional de Viñateros, ha propuesto la implementación de múltiples medidas orientadas a regular el uso del suelo, asegurando condiciones básicas de vida para la población.

En este estado de indefensión y de un empobrecimiento agravado en años, las y los viñateros agrupados en la Coalición Nacional han planteado diversas demandas, las más urgentes, contenidas en una carta enviada al presidente Gabriel Boric, sin que hayan recibido respuesta.

Respecto a las condiciones en que se compra su uva, señalan la necesidad urgente de crear una empresa estatal que compre su uva a precios que reflejen valor del vino en el mercado exportador y, junto con ello, pueda vinificar y comercializar tal producción, la cual han denominado Cotrisa del Vino. Esto permitiría corregir una de las situaciones determinantes del presente de la vitinicultura nacional: que el precio de compra de la uva a productor no cubre ni la mitad del costo de su producción, generando una debacle que anualmente se agrava, induciendo a una cantidad creciente de campesinos a arrancar sus vides para utilizar el terreno en otra actividad o venderlo, abandonando el campo, profundizando el despoblamiento de las zonas rurales y dejándolas disponibles para cualquier negocio extractivo y degradante de tales territorios. «En la década de los 80 éramos unos 34 mil viñateros, luego el 2007 solo quedamos unos 17 mil productores y los resultados preliminares del censo 2021 son aterradores», afirmaron en la misiva hecha llegar al mandatario. La decisión del Gobierno Provincial de Mendoza, al otro lado la cordillera, señala que una medida como esta es absolutamente factible.

Son estas situaciones y exigencias que expondrán y plantearán en La Moneda el próximo jueves 13 de abril. Tienen altas expectativas puestas en esta instancia, pues su situación es prácticamente terminal.

Fotografía principal: Acopio de Moscatel de Alejandría. Ninhue.