[resumen.cl] La vulneración a los derechos humanos en Chile a partir del 18 de octubre de 2019 y el lamentable rol del Poder Judicial en la materia, ha hecho que incluso desde la OEA, organismo creado para el control político de EEUU en América Latina, haya criticado el rol de la Fiscalía y la falta de justicia en la vulneración de derechos fundamentales.

Una investigación realizada por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) de la OEA establece fallas en el sistema judicial chileno respecto a las investigaciones en las violaciones a los derechos humanos  y el rol de Carabineros a partir del 18 de octubre de 2019. En su informe, el organismo establece que existe un «incumplimiento generalizado» de los principios de oficiosidad, oportunidad y exhaustividad en casos de «graves violaciones» de DDHH.

El Ceja apunta directamente al débil rol de Fiscalía, indicando que tras 14 meses no hay más de un 1% de procesos. También preocupante es que señala que los factores determinantes para que la Fiscalía inicie de oficio las investigaciones «han sido la presión mediática o a través de redes sociales por parte de la ciudadanía» y la existencia de un incumplimiento generalizado de los principios de oficiosidad, oportunidad y exhaustividad en las investigaciones de «graves violaciones de derechos humanos», pues sólo 178 de las 8.827 investigaciones en la materia han sido iniciadas de oficio por Fiscalía.

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Desde el organismo con sede en Washington argumentan que las falencias del Ministerio Público responderían a «la inobservancia de la obligación de iniciar la investigación de manera inmediata, prestando especial atención a la preservación de la escena del crimen», agregando que «el débil rol del Ministerio Público garantizando una adecuada recolección de la evidencia en la escena del crimen».

«Uno de los elementos más críticos en el funcionamiento del sistema de justicia penal es el rol que ha tenido Carabineros de Chile, organismo al cual pertenece una gran mayoría de los agentes investigados por violaciones graves de derechos humanos (92,8% del total de denuncias registradas por la fiscalía)» indica el CEJA.