La iniciativa persigue la renacionalización de la minería y otros bienes estratégicos para Chile, otorgándole la administración de estos al Estado. Entre los artículos hoy aprobados, también se encuentran los mecanismos para una eventual indemnización, dependiendo de la situación particular de cada una de las empresas a las que se le recupere la administración de determinado bien.

Por Juan Contreras Jara

Durante esta jornada, la comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico votó en general la Norma por la Nacionalización y Nueva Gestión Social y Ambiental de la Minería del Cobre, Litio y otros Bienes Estratégicos para el Buen Vivir, paquete de artículos que buscan devolver el control de distintos recursos al Estado, entre los que destacan las minas, los salares, sustancias fósiles, arenas metalíferas, entre otras.

La iniciativa permitiría que las concesiones mineras  y los procesos de exploración y explotación que contemplan sus procesos extractivos, lleguen a su fin con la sola puesta en marcha de la normativa. Lo anterior, a través del artículo transitorio que derogaría la actual ley 18.097, que regula la minería, y todas las disposiciones que vayan en contrariedad con los mandatos de la próxima Constitución. 

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Además, contempla la renacionalización de actividades o empresas que negocien con un bien estratégico y las obligaría a entregar todo tipo de información que detalle y posibilite la determinada explotación. 

En uno de sus pasajes, la norma contemplaría que, «la explotación de los bienes estratégicos del país se orientará al desarrollo de un modelo sustentable para el buen vivir, con el fin de alcanzar un equilibrio entre la actividad minera e hidrocarburífera y la regeneración y protección de la Naturaleza y los ecosistemas».

Los artículos hoy aprobados por la comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico también considera mecanismos de indemnización para los particulares que deban entregar el control de determinado bien estratégico.

Algunos de estos propone trazar el monto a pagar tomando como referencia el precio original, otra pretende igualar las cifras relativas a la rentabilidad excesiva que hubiese tenido la empresa antes de ser nacionalizada.

Para nacionalizar las actividades y bienes estratégicos, el presidente de la República contará con un año después de la promulgación de la ley para ejecutar dicha ordenanza.