Ahora el polémico proyecto de ley avanza hacia el Senado, iniciando su segundo trámite legislativo, donde se encuentran otros proyectos que buscan desactivar la protesta social.

Por Joaquín Hernández

Este miércoles 4 de diciembre se votó y aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley llamado como "anti-barricadas", y que tiene como fin la criminalización de la protesta mediante el endurecimiento de las penas (de 541 a 5 años) a quienes enciendan barricadas, impidan el libre tránsito, lancen objetos contundentes (como piedras), u ocupen inmuebles de carácter comercial, industrial, o agrícolas, entre otras causales. Todos estos actos serán considerados, de aprobarse la ley, como "desorden público".

Se trata de la incorporación de un nuevo numeral del artículo 268 del Código Penal, en la sección de "Atentados contra la autoridad". Junto a ello, también se incorpora un agravamiento a las penas a quienes realicen robos durante la alteración del orden público.

Además de criminalizar las barricadas y usurpación de inmuebles con fines de protesta, el proyecto incluye un inciso que señala que se aplicará el máximo grado de la condena si las personas involucradas pertenecen a una "agrupación u organización de dos o más personas destinada a cometer habitualmente los hechos punibles a que se refiere el inciso anterior". O sea, la pena puede ser fácilmente de 5 años de cárcel, por el hecho de pertenecer a una organización que hace barricadas, cortes de calle, o se toma inmuebles en forma de protesta, formas de lucha que han asumido deudores habitacionales, comités de vivienda, grupos que luchan por una mejor salud pública, estudiantes, territorios que luchan por el medioambiente, sindicatos, etc.

La oposición volvió a dejar de serlo

Si antes de este estallido una de las mayores críticas a la oposición era su inacción y su incapacidad de presentarse como un contrapeso al gobierno y al oficialismo, esto esta volviendo a verse. Al parecer la lógica de la "unidad nacional" y mostrar credenciales de buen comportamiento institucional ha primado a la hora de votar proyectos como éste, que si bien aumenta las penas a los saqueos (lo que sigue siendo cuestionable que los disminuya), apunta principalmente a criminalizar y encarcerlar a personas comunes y corrientes, que pueden estar agrupadas en comités de vivienda, o en una coordinadora local en contra de un proyecto que daña el medio ambiente, solo por el hecho de manifestarse cortando caminos o tomándose algún inmueble. Y si bien hubo votaciones más disputadas en los puntos más conflictivos del proyecto, en todas se contó con importantes votos de la oposición, especialmente de la Democracia Cristiana ( de hecho los diputados de dicha tienda Miguel Ángel Calisto, Gabriel Silver y Matías Walker participaron en la redacción del proyecto).

Pero más preocupante fue la votación general del proyecto, que contó con el apoyo en masa de la ex Nueva Mayoría, y parte considerable del Frente Amplio, que decidieron permitir la aprobación del proyecto.

Asimismo preocupa la votación del número 1 de los delitos de desorden público, que criminaliza la interrupción de servicios públicos, y por lo tanto a paros (Salud Pública, por ejemplo) y huelgas (como en el sector de transportes). En esta votación, el Frente Amplio y el Partido Comunista, en vez de votar en contra, decidieron tan solo abstenerse. Algunos del Frente Amplio, sencillamente aprobaron el numeral, como Renato Garín (RD), Vlado Mirosevic (PL) y Alejandro Bernales (PL).

Ahora la Agenda Represiva descansa en el Senado

Pero no hay que olvidarse que este proyecto es solo una parte de muchas con que el gobierno de Sebastián Piñera, con el apoyo del oficialismo y parte de la oposición, busca mediante leyes detener la protesta social, y evitar el surgimiento de otro estallido como el que estamos viviendo desde este 18 de octubre.

Por ello es que en la Cámara Alta hay otras iniciativas que siguen avanzando hacia su aprobación, y que merecen nuestra atención. La primera de ellas es la llamada "Ley Anticapuchas", que busca aumentar las penas a quienes cubran su cara durante las manifestaciones y realicen algún tipo de desorden público. Este proyecto está íntimamente relacionado con el que acaba de ser aprobado en la Cámara de Diputados, puesto que aumentaría aun más las penas si una barricada se realiza cubriendo de alguna forma el rostro, además de facilitar la detención por flagrancia, que procesalmente podría ser prueba suficiente para la detención y proceso judicial la capucha misma, o imágenes que lo identifiquen con capucha. Este proyecto fue votado favorablemente en general en la Sala, y está en discusión en la Comisión de Seguridad Pública.

En esa misma comisión, se ha despachado a Sala este mismo miércoles, el proyecto que busca que militares puedan cuidar la llamada "infraestructura critíca", lo que vendría a ser un paso anterior y con menos intensidad frente a un estado de emergencia, pero que permite eximir a las fuerzas militares de responsabilidad penal en los actos cometidos en dichos tipos de misiones.

Y finalmente, también en discusión en el senado, se encuentra el proyecto de ley que «Fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado», que tanto en el proyecto como en las recientes indicaciones presidenciales, busca darle mayores atribuciones a la ANI (Agencia Nacional de Inteligencia), permitiendo utilizar agentes encubiertos de otras oficinas de inteligencia del país. Estos proyectos forman parte de un todo, y se encuentran en el espacio más favorable para el gobierno para seguir avanzando: el Senado. Sin embargo, la reciente votación en la Cámara de Diputados de la Ley Anticapuchas no da un diagnóstico muy favorable de que la oposición esta muy dispuesta a frenarlos (que como se señaló, no tiene otro fin que la persecución y criminalización de la protesta social), apelando a un discurso de la "unidad nacional" y de la "estabilidad política", por sobre los intereses del pueblo que está luchando por un país mejor.

Imagen de Claudio Sanhueza | REUTERS