La promesa de excelencia de la derecha se estrella contra un gabinete caótico. Mientras el oficialismo acumula purgas, acoso laboral y escándalos de corrupción, la prensa hegemónica opera como su principal guardia pretoriana para invisibilizar el desastre.

Por Jean Flores Quintana, politólogo.

En apenas 4 meses de mandato, la administración Kast acumula 23 seremis caídos, un comité político descabezado y escándalos por drogas y robos en oficinas gubernamentales. Ante este nivel de descomposición, el silencio de la prensa tradicional resulta vergonzoso. Así opera Sanhattan para proteger sus intereses. Hoy, el blindaje mediático funciona como el principal brazo político de La Moneda. La prensa hegemónica decide qué se publica y qué se invisibiliza para sostener al oficialismo.

Violencia institucionalizada

El actual gobierno ampara el acoso laboral como una práctica de Estado. La crisis estalló en el mismo lugar que debería proteger a las víctimas: el Ministerio de la Mujer. Contra la propia ministra, Judith Marín, se activó un protocolo de la Ley Karin tras reiteradas denuncias por hostigamiento, tonos prepotentes y humillaciones públicas hacia su equipo. Para proteger a la titular de la cartera, el hilo se cortó por lo más delgado y el desastre interno terminó tumbando a la subsecretaria Daniela Castro, dejando a la ministra intacta en su puesto.

En la cartera de Vivienda, los funcionarios exigen frenar la violencia de Poduje, un ministro que ejerce una prepotencia patronal tratando a los trabajadores de "delincuentes políticos". Hizo del ministerio su propio fundo.

La impunidad premia a los acosadores con cargos de confianza. En la delegación presidencial de Valparaíso, la administración fichó a tres asesores que arrastran un oscuro historial de maltratos desde Capredena, reciclando perfiles abusivos con recursos públicos. En Atacama, el escenario es idéntico: el delegado Sebastián Urrejola acumula quejas formales por destruir la salud mental de su equipo mediante presiones indebidas. El Ejecutivo valida la violencia laboral y el abuso de poder como métodos legítimos de gestión.

Probidad a la carta

El discurso de la probidad tiene límites exactos y termina donde empiezan los negocios del oficialismo. El 19 de marzo, el gobierno destituyó de un plumazo al Superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar. La maniobra ocurrió apenas horas antes de que la autoridad formulara cargos contra la Universidad San Sebastián. El motivo de la intervención fue claro. El objetivo fue encubrir los sueldos millonarios que esa institución paga a los principales rostros políticos de la actual administración, consolidando a la universidad como una caja pagadora del sector.

Esta manga ancha con el dinero fiscal domina también en regiones. En Valparaíso, la Contraloría investiga a la Delegación Presidencial por entregar contratos millonarios, a dedo, a la empresa recién creada de un joven de 20 años. En la misma región y pocas semanas después, el Seremi de Salud, Aldo Ibani, dimitió acorralado por graves denuncias de estafa.

El descontrol institucional llega al extremo de la mentira oficial. En Arica, el Seremi de Agricultura, Jorge Heiden, dio positivo en un control de drogas. Para encubrir el escándalo, el gobierno inventó que la autoridad viajaba a trabajar a Estados Unidos. El relato moral del Ejecutivo se derrumba al momento de cuidar el negocio propio y esconder sus miserias.

Purgas y la farsa de la excelencia

La promesa de administrar el Estado con "excelencia técnica" resultó ser una fachada para justificar el cuoteo y la persecución. En el Ministerio de Ciencia, el subsecretario Rafael Araos dio un portazo y renunció. Su salida expuso directamente a la ministra Ximena Lincolao, quien le exigió el despido injustificado del 30% del personal técnico de la cartera. Araos prefirió irse antes que ejecutar una cacería política destinada a vaciar el ministerio para instalar operadores leales al gobierno.

El mito de la eficiencia gubernamental se estrella contra un gabinete caótico. La improvisación marca el ritmo de La Moneda. El nuevo ministro de Seguridad despidió a sus dos subsecretarios alegando "fallas de instalación", un eufemismo para blanquear la ineptitud en el manejo de la crisis. Su predecesora, Trinidad Steinert, alcanzó a durar apenas 69 días en el cargo antes de colapsar. El récord del absurdo lo ostenta Renato Munster, quien aguantó exactamente 24 horas como Seremi de Cultura.

Un gobierno que prometió orden y excelencia se cae a pedazos por su propia ineptitud, entregando el Estado a acosadores, financistas y autoridades que caen en tiempo récord. Hace un año, la élite mediática exigía renuncias inmediatas por errores administrativos menores. Hoy, frente a las drogas, los robos y el maltrato institucionalizado, eligen mirar hacia el techo. La derecha fracasó en su intento de gobernar, pero triunfó en su capacidad de clausurar el debate. Ante esta farsa, el periodismo independiente asume la tarea de mostrar el país real que el gobierno exige ocultar.