Condenan a Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama por tardanza de tres años en investigar denuncia de acoso laboral y sexual
La funcionaria, quien sufrió acoso en 2019, enfrentó años de negligencia y revictimización que agravaron su salud mental. El fallo ordena indemnización, disculpas públicas y la pronta conclusión del sumario.
El Juzgado de Letras del Trabajo de Calama sancionó a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama (Comdes) por tardar tres años en iniciar un sumario tras una denuncia de acoso sexual y laboral. La entidad deberá indemnizar con $20 millones a la afectada, pedir disculpas públicas y concluir la investigación.
En un fallo que busca resguardar los derechos de los trabajadores, el Juzgado de Letras del Trabajo de Calama condenó a la Corporación Municipal de Desarrollo Social (Comdes) por la grave negligencia en la gestión de una denuncia de acoso laboral y sexual presentada en 2019. La institución demoró tres años en iniciar el sumario correspondiente, dejando a la denunciante en una situación de indefensión y revictimización, lo que afectó severamente su salud mental.
El magistrado Juan Pablo Flores consideró que la entidad actuó con «desidia e indiferencia», lo que intensificó el daño emocional a la funcionaria. «La demora en la tramitación y la falta de medidas de resguardo evidencian una vulneración al derecho fundamental de la integridad psíquica de la trabajadora», señaló el fallo.
El tribunal ordenó a la Comdes indemnizar a la afectada con $20 millones por daño moral, entregar una respuesta formal sobre el estado del sumario y concluir la investigación en un plazo máximo de 15 días. Además, la institución deberá emitir disculpas públicas a través de su página web y redes sociales, reconociendo su negligencia y garantizando la visibilidad del mensaje durante al menos 60 días.
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Según los antecedentes presentados, el acoso laboral y sexual provino de un superior jerárquico. Pese a las insistencias de la denunciante, la Comdes no solo ignoró las acusaciones, sino que ascendió temporalmente al agresor al cargo de director interino del establecimiento. Este manejo irregular del caso resultó en graves consecuencias para la salud de la trabajadora, quien desde 2022 está bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico debido a un trastorno mixto de ansiedad y depresión.
El fallo también busca sentar un precedente sobre la responsabilidad de los empleadores públicos en la pronta resolución de denuncias por acoso, subrayando la necesidad de proteger la dignidad y el bienestar de los trabajadores.
