[resumen.cl] Harry Jürgensen (RN) y Carlos Martín Arrau (UDI) son los constituyentes que cuentan con derechos de agua que no declararon a los organismos pertinentes y que fueron conocidos tras la revisión de patrimonio vía InfoProbidad y Contraloría.

La semana pasada una investigación publicada por el medio Tomate Rojo dio a conocer las relaciones que once convencionales constituyentes poseen con la agroindustria acorde a información presente en su declaración de patrimonio a la cual se accedió vía InfoProbidad y Contraloría.

Entre la información que se logró sistematizar se informó que existen dos convencionales que cuentan con derechos de agua que no fueron declarados como correspondía. Es el caso de los militantes Harry Jürgensen (RN-Distrito 25) y Carlos Martín Arrau (UDI-Distrito 19).

En el caso del primero, la investigación dio cuenta de que este es propietario de más del 90% de Agrícola Chifín Ltda., empresa dedicada a la cría de ganado en Osorno que cuenta con tres derechos de agua aprobados den la Dirección General de Aguas: 11 l/s, 20 l/s y 4 l/s, respectivamente.

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Por su parte, Arrau cuenta con cuatro derechos de agua que están a su nombre mediante la empresa Picto Exploración Agrícola Ltda. en 'iquén y Coihueco, siendo propietario del 50,09% de la empresa. Respecto a sus caudales estos son: 90 l/s en el río Itata, 30 l/s en el río Maule, 25 l/s en Coihueco y 25 l/s en la misma cuenca del Itata.

Consultado por El Mostrador, Jürgensen justificó el hecho planteando que «en estricto rigor, a mi nombre no tengo derechos de agua, sí a nombre de una sociedad agrícola familiar de la que soy parte, productora fundamentalmente de leche, que capta mediante pozos profundos, financiados por la misma sociedad, sin subsidios estatales de ninguna naturaleza y conforme a la ley».

En tanto, Arrau acotó mencionar que ha «declarado todo según las normas que establece la ley, los bienes y derechos que están a mi nombre han sido declarados adecuadamente, así como también mi participación en diferentes sociedades».

Este tipo de omisión de información ha sido sistemáticamente cuestionada no solo por integrantes de la Convención, sino que la población en general, apuntando a posibles conflictos de interés al momento de discutir aspectos de la nueva Constitución.

Fotografía principal: El Mostrador