Los problemas que padecen las y los miles de trabajadores que el Estado mantiene a honorarios van desde no tener seguro de salud, hasta ser despedidos por querer acceder al derecho laboral de pre y post natal. Éstas y formas de precarización laboral podrían comenzar a llegar a su fin con el dictamen Nº E173171N22 de Contraloría, que permitirá a las instituciones públicas a pasar a contrata a sus funcionarios y funcionaras desde 2022, además de reconocer el mal uso de la figura del honorario. 

Por Juan Contreras Jara

El texto viene a coronar una lucha de décadas de este sector de trabajadoras y trabajadores que han llevado la problemática de la vulneración de sus derechos, incluso a la Corte Suprema. El dictamen puso como plazo este año para renovar relaciones contractuales, debiendo pasarles a contrata. La medida incluiría a todas y todos los funcionarios que tenían contratos hasta fin de año y debían ser renovados.

Si bien Paz Celedón, dirigenta de las y los honorarios del municipio de Pedro Aguirre Cerda, en la Región Metropolitana, destacó el dictamen de Contraloría General de la República como, «un avance en el reconocimiento como funcionarios públicos». Además, reparó en que «tenemos claro que nuestro norte estratégico es sí o sí el contrato único en el Estado, porque este dictamen tiene letra chica y hay exclusiones que en su descripción, son ambiguas».

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Pese a que el pronunciamiento de Contraloría representa un avance en la precaria realidad laboral de las y los honorarios, Celedón recalcó  que «hace mucho tiempo que venimos luchando por ser reconocidos como funcionario público, porque tenemos las mismas funciones que los a contrata y de planta, pero no tenemos los mismos derechos. Qué violento que sea el propio Estado, que supuestamente debe garantizar cierta dignidad en nuestras condiciones laborales y de vida, sea el que nos explota y vulnera».

Lo anterior pone de manifiesto que este dictamen aparece más bien fuera de tiempo, considerando los años de exigencias de las y los honorarios del Estado por mayor dignidad laboral. «Dentro de lo que pudimos ver, se reconoce a los trabajadores y trabajadoras a honorarios como funcionarios públicos y eso obtiene como consecuencia, que se nos reconozcan los derechos que tienen los trabajadores a contrata y de planta», acotó Celedón.

Así, este grupo de trabajadores podrán apelar para exigir la continuidad de sus funciones al interior del Estado, pero a contrata, es decir, el traspaso no será automático. Por éste y otros motivos es que la dirigenta adelantó que, «aún nos queda mucho por analizar porque hay elementos legales que debemos abordar. A veces la legalidad, más que verse a favor de la clase trabajadora, viene a generar elementos que obstaculizan los avances».