Hasta la Contraloría Regional del Biobío llegaron los consejeros regionales del Biobío, Javier Sandoval y Camila Arriagada, denunciando irregularidades en el convenio suscrito entre la Corporación Ciudades y el Gobierno Regional del Biobío por un programa que involucra $2.454.476.000 (dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro millones cuatrocientos setenta y seis mil pesos).

La presentación de los CORE indica que habría un incumplimiento del convenio para el Programa "Habilitación City Science Lab Biobío" en varios aspectos.

Uno de ellos sería que los "acuerdos operativos", donde se establecen los acuerdos operacionales necesarios para la correcta ejecución del programa, en el caso de "Habilitación City Science Lab Biobío", este habría sido suscrito 367 días posteriores a la firma del convenio.

"Este retraso significativo en la firma de este acuerdo, luego de casi año de ejecución del programa, da cuenta de las incertezas respecto de los hitos obtenidos durante dicho periodo analizado en el documento Oficio Final 701-A de esta Contraloría Regional. Indicando este mismo que, el estado de ejecución del Convenio, daba cuenta de una rendición de un 16,8% del fondo transferido y de sólo un 10,8% del total del fondo solicitado, luego de casi un año de un programa de 4 años de duración." esgrime la presentación.

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En la revisión de antecedentes del programa financiado por el GORE, los consejeros regionales se toparon con lo que se denominó una "circunstancia irregular": la Corporación Ciudades habría integrado los recursos destinados por el Gobierno Regional al programa en un Fondo Mutuo, lo que implicó la generación de por concepto de intereses $14.119.592.- (Catorce millones ciento diecinueve mil quinientos noventa y dos pesos).

Según señalan Sandoval y Arriagada, "Esta acción, de disponer los recursos asignados por el Gobierno Regional del Biobío en el Mercado de Capitales, se contraviene con lo establecido en artículo sexto tanto del convenio suscrito por la propio Corporación Ciudades, como en la propia resolución N°74 del 28 de junio de 2022 firmada por el Gobernador Regional, de la cual tomó razón esta contraloría regional el 30 de junio del mismo año".

Dicha irregularidad habría intentado ser subsanada en el "Acuerdo Operativo", acuerdo que indica que los dineros generados por el depósito de los fondos en el mercado de capitales deben ser destinados en beneficio del propio programa.

Para los CORE este acuerdo, da cuenta de un incumplimento del Convenio y de la Resolución N°74 relacionada con el Programa antes mencionado, el cual se encuentra expresamente señalado en el artículo Décimo Quinto sobre el término de convenio, en su letra e) sobre dar cumplimiento a las obligaciones exigidas. Agregando que el uso indebido de los recursos por parte de la entidad receptora, dará lugar al Gobierno Regional del Biobío a entablar acciones legales que correspondan.

No es primera vez que este programa es cuestionado. En julio pasado, fue el diputado Félix González quien recurrió a la Contraloría para que el Gobierno Regional entregara información relativa al destino de más de 2 mil millones de pesos en un proyecto «que no tiene ejecución de obras», declaró en ese entonces.

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