Por Juan Contreras Jara / resumen.cl

Desde marzo de este año, la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios/as del Ministerio del Interior y Servicios Afines (Fenaminsa) viene denunciando una serie de hostigamientos y vulneraciones laborales de  sus socios y socias, por parte de la cartera del interior. El gremio indica que desde la llegada de las nuevas autoridades regionales se han suscitado 200 despidos injustificados de trabajadores a honorarios y 28  de trabajadores a contrata.

Esta ola de despidos al interior de las reparticiones regionales del Ministerio del Interior, ha repercutido, principalmente, en las gobernaciones del Tamarugal de la Región de Tarapacá, Cachapoal en la Región de O´Higgins y Limari, en la Región de Coquimbo. A través de distintos comunicados, los funcionarios han denunciado el actuar de las nuevas autoridades en dichas gobernaciones, las que, ignorando las actuales normativas en cuanto a las relaciones contractuales entre el Estado y sus trabajadores, continúan efectuando despidos.

Despidos no serían de cargos de confianza

Sobre esta situación, Cristian Inzunza, secretario nacional de la  Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios/as del Ministerio del Interior y Servicios Afines, comentó "nos están despidiendo profesionales ya administrativos que son de línea, que desarrollan tareas permanentes, que no son cargos de confianza y que son trabajadores y trabajadoras a contrata hace 4, 6 y más de 15 años en algunos casos. Aparte de esto, se despidió a compañeros que llevaban 7, 8 años como honorarios y que, a pesar de haber sido pasados de honorario a contrata, fueron despedidos. Todo esto con el argumento de que son contratas nuevas y que no estarían cubiertos por la doctrina de confianza legítima de Contraloría".

El dirigente explicó que en casos como el de la gobernación del Tamarugal, las desvinculaciones se empezaron a efectuar el mismo día que asumió el nuevo gobernador. "Esta serie de despidos partió el día 12 de marzo, es decir, el mismo día que asumió Luis Tobar Toledo, se desvinculó a dos funcionarios. Resulta casi imposible que se pueda despedir a una persona sin siquiera conocer su desempeño".

El 12 de abril recién pasado, la Fenaminsa denunció estas y otras irregularidades al interior de la gobernación del Tamarugal, las que comenzaron con la orden por parte de Luis Tobar, quien solicitó y gestionó la revisión de las dependencias de la Gobernación Provincial por parte de funcionarios del Servicio de Investigaciones Policiales SIP de Carabineros de Chile.

Por otra parte, el gremio también acusó al nuevo gobernador provincial de Limarí, Darío Molina, de difamar y hostigar a distintos trabajadores de su repartición, a quienes habría tildado de indignos, por no compartir la línea política del actual gobierno. Sumado a esto, retiró de sus funciones  a la periodista, a la encargada del área social y a la encargada de gestión de personas en la gobernación, a quienes reubicó en el departamento a cargo de estudios, evaluación y estadísticas, creados recién el 19 de marzo en la gobernación.

Posterior a ello, el 18 de abril, se denunciaron prácticas de hostigamiento en contra de las y los funcionarios de la Gobernación de Cachapoal, esta vez, por parte de la nueva autoridad, Ivonne  Mangelsdorff. La gobernadora inició su administración en compañía de ocho "asesores", quienes sin presentarse ni entregar detalles de sus labores, habrían estado en contacto con  las y los trabajadores de la repartición regional, solicitando información sobre las tareas realizadas y características particulares del ingreso de estos mismos al Ministerio del Interior, como años de ingreso, vinculación política, entre otros.

Todos estos despidos, explica Inzunza, se han efectuado sin ningún aval, en cuanto al desempeño de las y los trabajadores desvinculados del ministerio. "Ninguna autoridad nos ha argumentado hasta ahora el porqué de los despidos. En todos estos caso, los gobernadores se han respaldado en informes secretos, supuestamente emanados desde el ministerio y que no son de acceso público, lo que da cuenta de lo viciado de estos despidos".

Desde la Fenaminsa anunciaron que acudirán a todas las apelaciones que sea necesario hacer en el caso de las y los trabajadores a contrata que fueron despedidos sin justificación, y que llevaban más de dos años como funcionarios del estado, tal como lo ha normado la Contraloría General de la República.

Por lo pronto, seguirán solicitando reuniones con las distintas autoridades a cargo de las gobernaciones implicadas en estas irregularidades, que recordemos, suman hasta la fecha 228 trabajadores y trabajadoras despedidas.