En una decisión inconcebible, el gobierno ha declarado que no va a pagar un
peso de la deuda histórica del Estado al magisterio. Los alcances pueden
resultar insospechados. A semanas de una reñida elección presidencial, esta
«falta de criterio impensable,» como la calificó un destacado senador derechista,
pareciera una potente señal de determinados tecnócratas de gobierno a favor
del candidato opositor.

Como se sabe, la deuda histórica se originó al transferir los colegios a los
municipios en 1981, cuando al profesorado no se le reconoció el reajuste
especial de entre 50 y 90 por ciento del sueldo base, que se les había
entregado pocos meses antes, junto a los demás EE.PP.

Dicho reajuste aparentemente abultado no hacía sino resarcir en parte menor
el recorte de más de dos tercios que habían sufrido sus salarios tras el golpe.
Los EE.PP. fueron aún más afectados que el conjunto de los trabajadores
chilenos, que en promedio perdieron la mitad de sus remuneraciones.
Como resultado de todo lo anterior, en 1990 los sueldos del magisterio
alcanzaban apenas al 28 por ciento de su nivel anterior al golpe. El conjunto de
los EE.PP. mostraba un deterioro algo menor, puesto que había recibido el
reajuste antes mencionado. Por su parte, el promedio de remuneraciones del
país se encontraba en ese momento en un 70 por ciento de su nivel anterior al
golpe. De este modo, debido a la deuda histórica, el magisterio fue el sector
más castigado del país por la política salarial de Pinochet.

Todos los trabajadores chilenos mejoraron significativamente sus
remuneraciones tras el término de la dictadura. El salario medio real recuperó
su nivel previo al golpe en noviembre de 1999, es decir, justo al terminar el
siglo. Los EE.PP. lograron dicha meta algunos daños después. Sin embargo,
debido a la deuda histórica, el magisterio es el único sector del país que
todavía mantiene un nivel de remuneraciones reales inferior al que percibía
antes del golpe.

Evidentemente, como ha recordado la vocera del gobierno, los dos últimos
recibieron reajustes muy superiores al promedio desde 1990 a la fecha. Sin
embargo, su situación entonces era tan desmejorada que aún así se
encuentran ambos todavía por debajo del promedio general.

Muchos profesores jubilaron con sueldos afectados por este problema, lo que
se tradujo en pensiones miserables aún en el sistema público y con mucho
mayor razón en el caso de las AFP. No pocos han fallecido sin recibir una justa
reparación.

La deuda histórica es un problema nacional. La permanencia a lo largo de casi
cuatro décadas de una política de remuneraciones discriminatoria en contra del
magisterio ha deteriorado seriamente la educación. Ello ha afectado la
formación de millones de alumnos a lo largo de muchos años. Quiénes
constantemente achacan al magisterio todos los males de la educación
deberían reflexionar acerca de este factor.

Sumado al desmantelamiento del sistema nacional de educación pública, ha
mermado considerablemente la potencialidad de la fuerza de trabajo, con serio
perjuicio para la economía y el conjunto del país.
El Colegio de Profesores ha encabezado la larguísima lucha que el magisterio
ha venido librando para obtener el reconocimiento y pago de la deuda histórica.
Ha logrado lo primero a nivel nacional e internacional y confiaba que por fin
alcanzaría lo segundo. La respuesta del gobierno ha frustrado una vez más su
justa expectativa.

Al no pagar parte de sus remuneraciones a los profesores trasladados, el
gobierno incurrió en una ilegalidad manifiesta, puesto que el mismo decreto de
municipalización señala que se debía respetar íntegramente el salario de los
afectados por la medida. Centenares de maestras y maestros ganaron juicios al
Estado y lograron recibir el mencionado reajuste, el que todavía aparece
identificado claramente en sus liquidaciones de remuneraciones.

Por este motivo, el justo reclamo del magisterio fue acogido por la OIT, que en
su Conferencia Internacional del Trabajo del 2009 trató el problema en sesión
plenaria e instó al gobierno a reparar la deuda histórica del magisterio, puesto
que la misma misma viola tratados que el Estado chileno ha suscrito.

Justamente, el gobierno alegó en su defensa ante el plenario de la OIT que con
motivo de la aprobación del presupuesto del 2009 había suscrito un acuerdo
con el parlamento en virtud del cual una comisión conjunta analizaría el
problema y le entregaría una solución en el curso de este año.

En efecto, la comisión de la Cámara de Diputados constituida en virtud de este
acuerdo emitió un contundente informe hace dos meses. En el mismo analiza
exhaustivamente el problema y revisa todos los argumentos legales al
respecto, al tiempo que determina el número de profesores afectados y evalúa
el monto de lo adeudado al magisterio y propone una fórmula de pago.

El número de personas afectadas supera las ochenta mil y el monto estimado
alcanza a los 5,2 billones de pesos de hoy. La fórmula de pago propuesta
parece razonable: un bono de entre cinco y diez millones de pesos, más un
suplemento a las jubilaciones de entre cincuenta y cien mil pesos mensuales
por persona afectada. Los diferentes montos se explican por el hecho que los
maestros fueron afectados en distinta manera, dependiendo de la fecha de su
traslado a los municipios.

Distribuido de este modo, el monto resulta perfectamente posible de solventar
para las finanzas públicas. De hecho, requiere un incremento del presupuesto
educacional inferior al 5 por ciento. Se puede alegar razonablemente que las
circunstancias actuales constituyen un momento propicio para iniciar el pago,
puesto que existe amplia preocupación en muy distintos sectores que el
presupuesto del 2010 puede resultar peligrosamente contractivo en
circunstancias que la recuperación económica es todavía muy precaria.

Sin embargo, más allá de los argumentos económicos, políticos y estratégicos
en favor de pagar la deuda histórica, «hay un fundamento ético para cumplir
con esta obligación,» como declaró el senador citado más arriba.
La deuda histórica afecta al grupo de chilenas y chilenos que sin duda
constituyen lo mejor y más destacado de todos nosotros. A nadie debe la patria
tanto como a ellas y ellos. Millones de chilenos deben agradecerles la
formación recibida en la escuela.

Los más afectados son los mejores y más preparados al interior del propio
magisterio. Ellos son la generación que se formó y engrosó sus filas a fines de
los años 1960 y principios de los años 1970. Participaron en la extraordinaria
gesta educativa de los gobiernos de Frei Montalva y Allende, que terminó con
el analfabetismo en Chile y despertó la conciencia la masa de los trabajadores
chilenos. Muy particularmente, ellos sacaron al campesinado de su siesta
secular. Gracias a ello fue posible la gesta que transformó para siempre la
realidad social y económica del país, proyectándolo en definitiva a la era
moderna.

Precisamente por ello, fueron castigados ferozmente por la dictadura. Los
militares invadieron y destruyeron el sistema educacional público que antes
ellos mismos habían contribuido a crear, convencidos que se trataba de una
plaza fuerte del «enemigo interno.» El sector más privilegiado de la sociedad los
azuzó en esta faena, llenos de resentimiento en contra de quiénes culpaban de
las transformaciones sociales que los habían afectado.

Los afectados por la deuda historica son la generación de maestros que
jugaron el rol más destacado en la recuperación de la democracia. Los
tecnócratas gubernamentales que hoy les niegan la sal y el agua no ocuparían
las elevadas posiciones de gobierno de que disfrutan de no haber sido por la
abnegada lucha de los profesores a quiénes hoy día infieren un nuevo agravio.
¡Deberían sentir vergüenza!

Justamente por todos estos motivos, el profesorado ha logrado el
reconocimiento unánime de todos los sectores políticos a la justeza de su
demanda.

Es el momento en que todos los chilenos sin distinción alguna debemos salir en
defensa de nuestras maestras y mestros.

Su dignidad es la dignidad de todos.

Publicado por el Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH)