Por Eugenio Isla

A fines de octubre de 2016, resultaba reelecto en Chiguayante el actual edil Antonio Rivas Villalobos, militante PS que obtenía cerca del 54% de las preferencias de los electores. Sin embargo, un hecho vino a entibiar la champaña del triunfo: el informe "IE-711/2016" emitido por la Contraloría General de la República (CGR), donde se señalaba que la administración Rivas hizo mal uso de los recursos públicos para financiamiento de su campaña política al finalizar su primer periodo como jefe comunal.

El contundente documento mostró que el gasto en publicidad para la reelección de Rivas aumentó en un 117% en comparación con el año anterior, focalizado principalmente en contrataciones irregulares del personal de la oficina de Comunicaciones, quienes figuraban con un doble contrato de trabajo y, además, se habían desembolsado más de 18 millones de pesos en una entrevista publicada en papel couché de la "Revista NOS", cuyo objetivo no era otro que ensalzar la figura del alcalde. El juicio de cuentas aún no se cierra porque la aludida autoridad aún no reintegra los dineros que esta vez deben salir de su propio bolsillo como lo dictamina la ley.

Revienta el «ANFAGATE»

Cuatro años después, a las puertas de un nuevo proceso de elecciones municipales, la historia se vuelve a repetir, esta vez con la irregular licitación para la construcción del complejo deportivo, escándalo conocido como el «ANFAGATE». (Accede al informe aquí: https://bit.ly/3nfjDEh)

De acuerdo a la información publicada en el sitio web de "Cooperativa", el 3 de octubre del presente, respecto al escándalo se cita un nuevo informe de la Contraloría que da cuenta de un "cambio de las bases permitió que la propuesta ganadora sacara ventaja en el puntaje de ponderación del proceso, cuestión que fue corroborada por el órgano contralor".

Además de la presencia de un "eventual ilícito de soborno o cohecho en el proceso, en que se menciona directamente al jefe de la secretaría de planificación municipal de Chiguayante, Héctor Silva, hecho por el cual no se pronunció en el fondo, ya que la Fiscalía lleva adelante una indagatoria".

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Lo anterior -al más puro estilo de los casos protagonizados por Patricio Contesse y Julio Ponce Lerou- es un claro ejemplo de anquilosamiento en un afán de perpetuarse en el poder, entendiendo la política no como una actividad al servicio de las personas, sino para beneficio personal, es decir: la política como botín. Esto no hace más que acrecentar el divoricio de la política con la ciudadanía, que irrumpieron ante el hastío y la indignación a partir del 18 de octubre de 2019 por los abusos llevados a cabo por un modelo de sociedad durante los últimos 30 años.

La ciudadanía es conciente de su poder y como ha salido a las calles para reclamar dignidad lo hará también para decirle no más a aquellos que han usufructuado del mandato ciudadano y mal administrado estamentos públicos para su beneficio.

En este contexto, la reelección de Antonio Rivas está en entredicho y deberá hacerse cargo del "ANFAGATE" que le estalló en la cara. Al menos hasta el cierre de este artículo la autoridad comunal ni siquiera ha dado a conocer sanciones internas políticas-administrativas por este nuevo escándalo. Otra mala señal.