Este 29 de junio un juzgado de San Miguel, a 135 kilómetros de San Salvador, condenó a 50 años de prisión a una joven que tuvo un parto en su casa. Inicialmente fue procesada por aborto y condenada por homicidio agravado. Por primera vez en este país centroamericano se aplica la pena máxima desde que se penalizó absolutamente el aborto, incluido el terapéutico.

Ariel Ríos Pincheira

Morena Herrera, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto señaló: "El Estado salvadoreño una vez más continúa ensañándose con mujeres que no han tenido derecho ni condiciones para defenderse", mediante un comunicado de prensa difundido por Associated Press.

Según la investigación desarrollada por la Fiscalía, la mujer residente en una zona rural del oriente del país "ocultó su embarazo a los familiares y tuvo un parto extrahospitalario en el que dio a luz a una niña que nació con vida y que, a través del reconocimiento forense, se estimó que tenía entre las 37 y 40 semanas de gestación".

Por otra parte, la agrupación feminista señala que la joven de 19 años al momento de los hechos tiene un bajo nivel de educación y no recibió educación sexual integral "desconocía lo que estaba sucediendo en su cuerpo y el 17 de junio de 2020, a las 9:30 de la noche, tuvo una emergencia obstétrica en su casa, sintió deseo de defecar y sin saberlo comenzaba el trabajo de parto".

Tras ser alertados por familiares, la policía la trasladó a un hospital, donde fue detenida y acusada de aborto. La joven es parte de una familia en situación de pobreza extrema, sin acceso a agua potable ni electricidad. Estudió hasta el séptimo grado, para luego asumir las tareas del hogar y el cuidado de sus hermanos menores.

La agrupación acusa que el proceso legal estuvo lleno de irregularidades y prejuicios, pues el juez no admitió pruebas a favor de su inocencia, ni "valoró el peritaje social de Medicina Legal que evidencia la violencia de genero a la que Lesly había sido sometida, ni el peritaje psicológico que sugería la realización de un estudio psiquiátrico".

Herrera señaló a la citada agencia que esta sentencia es contraria al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso "Manuela vs El Salvador". La jurisprudencia del CIDH declara responsable al Estado salvadoreño de violar los derechos de una mujer denominada "Manuela", detenida en 2008 y condenada a 30 años, para morir en la cárcel, dejando a dos hijos huérfanos. A Manuela se le denegó atención médica estando detenida. La CIDH exigió a El Salvador no criminalizar a las mujeres que enfrentan emergencias obstétricas.

El Salvador, junto a Nicaragua, Honduras y República Dominicana, es uno de los cuatro Estados latinoamericanos que prohíben el aborto a todo evento.