[resumen.cl] Este jueves durante la mañana ha sido citado a declarar por el Ministro para causas de Derechos Humanos Carlos Aldana, el civil Roberto Izquierdo Menéndez, ex ejecutivo del grupo Matte en lo que se constituye como la primera declaración de un civil en el caso de la Masacre de Laja-San Rosendo, ocurrida días tras el golpe donde fueron asesinados 19 trabajadores de CMPC Laja y de Ferrocarriles y que incluyó su inhumación ilegal.

Izquierdo Menéndez es vicepresidente del Diario Financiero (df.cl), preside la empresa Forestal y Papelera Concepción (FPC, ubicada en Coronel), es también director secretario de la Asociación de Industriales Pesqueros -ASIPES gremio patronal de la pesca industrial-. Se desempeña como Consejero de la Sociedad de Fomento Fabril y de la Corporación de la Madera. Este sujeto sería indagado por la justicia debido a que, según reveló un trabajador de Mininco de la época -Guillermo Reyes- le habría revelado a Menéndez que conoció del hallazgo de los cuerpos y luego fue detenido y amenazado por Carabineros. Reyes se habría comunicado con Menéndez para informarle la situación, a lo que este habría dicho "que se quedara tranquilo y callado".

La justicia llegó a Reyes tras la revelación de un camionero -José Sebastián Cifuentes- uno de los primeros en encontrar los cadáveres y quien declaró en su testimonio que Reyes le habría señalado antes de ir a buscar madera al fundo, que se encontraría "con una sorpresa".

Los familiares y trabajadores de la planta han declarado desde que ocurrió el crimen la relación entre Carabineros y sus "cómplices" civiles de la CMPC Laja.

Según reveló El Mostrador, Guillermo Reyes "Hoy es dueño del aserradero Poco a Poco, ubicado a doce kilómetros de Los Ángeles, uno de los más grandes de la región, y, además, es vicepresidente del Departamento de Aserraderos y Remanufacturas de la Corporación Chilena de la Madera (Corma) de Bío Bío".

Los trabajadores fueron ejecutados por Carabineros en un fundo de Mininco y sus cuerpos fueron enterrados. Sin embargo, los cuerpos fueron descubiertos por perros, debido a que no estaban a gran profundidad. Tras ser visto por bastantes empleados de CMPC, los cuerpos fueron sacados del lugar por Carabineros y enterrados en una fosa común en el Cementerio de Yumbel. El caso incluye la participación en el encubrimiento del crimen de la actual Ministra de la Corte Suprema Rosa Egnem, quien se desempeñaba como secretaria de la magistrada de Yumbel en esos años, y ocultó el parte policial que daba cuenta del hecho delictual.

Estos sujetos, vinculados a las redes de la industria forestal y a uno de los más grandes grupos económicos del país -el clan Matte- han sido favorecidos por el DL 701 de 1974 y que el gobierno de Bachelet insiste con prorrogar. Mediante este Decreto el Estado ha subsidiado las plantaciones forestales y de paso las millonarias utilidades del grupo Matte.

Según ha revelado Javier Rebolledo, autor de "A la sombra de los cuervos. Los cómplices civiles de la Dictadura" los trabajadores de CMPC fueron fusilados debido a que estaban de acuerdo con el paso de la empresa al área social, mientras que los trabajadores de Ferrocarriles habrían protagonizado meses antes del golpe una suerte de boicot a los productos de CMPC por este mismo motivo. Las herramientas, vehículos, empleados e incluso el pisco que bebieron los Carabineros antes de fusilar y enterrar a los trabajadores habrían sido facilitados por CMPC Laja.

Los crímenes de Laja y San Rosendo son la clara expresión de como la dictadura representó la unión entre las armas genocidas y los grupos empresariales para generar una de las revoluciones conservadoras más exitosas y sangrientas de la historia y cuyos efectos a través de la privatización de casi todos los sectores de la economía y la brutal desigualdad de ingresos, seguimos sufriendo.

Menéndez fue increpado por los familiares de los ejecutados en Tribunales de Concepción cuando llegó a declarar.