[resumen.cl] Luego que se revelara que el Fiscal Regional de la Araucanía, Cristián Paredes, pidiera protescción policial de la PDI, ante los seguimientos de los que era objeto por parte de Carabineros, las relaciones entre el Ministerio Público y la policía uniformada se tensaron aún más.

Paredes fue el encargado de hacer públicas las dudas del Ministerio Público sobre el actuar de la Inteligencia de Carabineros y la presunta manipulación de pruebas en el Caso Huracán.

El Fiscal regional señaló, cuando estalló el escándalo: "hemos constatado que hubo manipulación de la evidencia y que los archivos que contienen las supuestas conversaciones que inculpan a estas personas, pudieron haber sido artificialmente instalados en los equipos telefónicos después de que fueron incautados, ya que no corresponden ni al formato ni a la ubicación en la que se almacena la mensajería en los aparatos telefónicos".

Luego de eso vino el verdadero huracán, pero para Carabineros. Las relaciones entre los persecutores y la policía uniformada se tensaron aún más, luego que se revelara que Cristián Paredes cuenta con protección de personal de la PDI, debido a un seguimiento de efectivos de la Dipolcar de Carabineros.

No es el único que ha denunciado amendrentamiento. Cabe consignar que el Fiscal Luis Arroyo, a quien Carabineros intentó involucrar en una supuesta filtración de información desde el Ministerio Público y la ANI a Héctor Llaitul, presentó una querella contra los que resulten responsables y solicitó también protección. "temo por la integridad física y de salud de mis hijos y cónyuge, además de mi propiedad, ya que de acuerdo a lo relatado existe el temor fundado de que quienes estén detrás de estas burdas maquinaciones intenten amedrentarme de alguna forma" -afirma en la querella.

En un comunicado público realizado por la Asociación Nacional de Fiscales, en el contexto del hostigamiento a Paredes, los persecutores acusan a Carabineros de actuar por fuera de la Ley y quebrar el Estado de Derecho: "que las actuaciones de los funcionarios de Carabineros involucrados en estos hechos y sus mandos están fuera del marco de la Ley y quebrantan de facto el Estado Democrático de Derecho, erigiéndose como autoridades cuyo poder, en los hechos, no está supeditado a la autoridad civil" -señalan.

Los persecutores hacen un llamado de atención también, al Ministerio del Interior, cartera de la que depende Carabineros de Chile. Los Fiscales indican "Esperamos que el Ministro del Interior vele porque los recursos policiales no sean utilizados para presionar y amedrentar a quienes denuncien o investiguen a algún miembro de las filas policiales de nuestro país, los cuales por supuesto, están para proteger a la ciudadanía."