[resumen.cl] El Ministerio Público peruano presentará cargos contra el expresidente Alberto Fujimori, sus exministros de Sanidad y otros altos cargos de su régimen como coautores de delitos de esterilizaciones forzosas a miles de mujeres indígenas.

Se estima que cerca de 350 mil mujeres y 25 mil hombres indígenas fueron a procesos de esterilización forzada durante el régimen de Fujimori en los años 90 en el marco de un programa eugenésico encargado por el mandatario para reducir la tasa de natalidad en comunidades indígenas y campesinos pobres en áreas rurales del país.

La audiencia de presentación de cargos del día de hoy, que se realizará de manera telemática, abrirá un proceso esperado por décadas y que podría terminar con sanciones por crímenes de lesa humanidad.

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«Esperamos que se garantice su derecho a traductores en su lengua materna para que las sobrevivientes y familiares no se sientan ajenas a un momento tan crucial y por el que tanto han luchado», señaló a los medios la abogada del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), María Ysabel Cedano.

Si bien Fujimori es el cargo más grande en enfrentar estos cargos, la investigación también incluye a los exministros de Sanidad Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, como coautores, así como a otra serie de funcionarios del régimen involucrados en los crímenes.

La eugenesia de Fujimori

Las miles de ligaduras de trompas y  vasectomías se realizaron en el marco de un supuesto plan masivo de salud pública, cuyo objetivo no era la prevención de epidemias, sino que disminuyera el número de nacimientos en los sectores más pobres de Perú, principalmente indígenas.

«Se captó personas bajo presiones, amenazas e incentivos con alimentos sin que fueran debidamente informadas, lo que impidió que tomaran una decisión realmente informada», precisa una comisión creada el año 2002 por el gobierno de Toledo.

Juan Súccar, presidente de dicha comisión investigadora, dijo que las pacientes recibieron diversas promesas, incluida la entrega de alimentos gratuitos, si se sometían a la intervención quirúrgica, mientras que las que se negaron fueron amenazadas con no ser atendidas en los centros de salud.