En la tarde de este lunes, el gobierno anunció que otorgará suma urgencia al proyecto de ley para declarar nulidad de la actual Ley de Pesca.

Por: Vicente Lagos Isla

Esta moción que había sido ingresada en enero de 2016 estableció que la nulidad de esta ley procede debido a que existen fallos judiciales que condenaron a parlamentarios por cohecho acreditado durante su tramitación. Un proceso en el cual se produjo intromisión de intereses empresariales particulares en la elaboración de su contenido.

Con 117 votos a favor y 20 abstenciones la iniciativa fue aprobada. No se registraron votos en contra ni siquiera del sector derechista vinculado a la trama de corrupción en su elaboración. El sector de la UDI y el Partido Republicano se abstuvieron.

El Ministerio de Economía anunció que con la eventual nulidad de la ley, el sector pesquero en Chile aún se mantendría regulado. Esto debido a que un plazo para la elaboración de una nueva ley se contempla en unos dos años.

El gobierno anunció que la tramitación del proyecto de ley en el Congreso comenzaría el primer semestre de 2023. Mientras tanto, esta suma urgencia será ingresada en la próxima sesión en sala en el Senado.

También puedes ver: ¿Por qué se debe anular la Ley de Pesca?

En estos casi 10 años de operación, los métodos de pesca, como el arrastre y el cerco, no fueron prohibidos, priorizando las ganancias fáciles y rápidas de la pesca industrial, sin la más mínima preocupación por el impacto que provocan estos métodos de captura no selectiva.

Durante este periodo, esta ley ha posibilitado que la industria siga operando en la franja de las primeras cinco millas del resto del país destinadas a la pesca artesanal con embarcaciones que si bien están a nombre de terceros, éstos le entregan el producto de su actividad a precios impuestos por la industria.

Esta captura, junto con ser practicada sin criterios de sustentabilidad, pues las poblaciones pelágicas (sardina, anchoveta, jurel, etc) sufren sobreexplotación, no se realiza en función de los requerimientos alimentarios humanos, pues estos peces son la materia prima de la fabricación de alimentos destinados a la industria cárnica de pollos, chanchos y salmones, nutricionalmente mucho más pobres que los propios peces que se ocupan en su engorda y destinados a la exportación, en el caso de los últimos.

También puedes ver: Merluza y Reineta sobreexplotadas y otras agotadas: preocupante informe pone urgencia a la anulación de la Ley de Pesca y la implementación de un Plan de Pesca Sustentable

El Estado reconoce la soberanía sobre los recursos hidrobiológicos, sin que esto implique propiedad sobre ellos. El argumento que justifica esto es que los peces no pueden pertenecer al Estado de Chile, pues su trayectoria no está determinada por los límites jurisdiccionales del país, por lo que el pez adquiere un propietario en tanto es pescado por quien tenga permiso para ello. La propiedad recae entonces en quiénes se adjudicaron el permiso para pescar. Junto con ello, la ley estableció cuotas de pesca a cada particular a partir del promedio de los últimos tres años de extracción, por lo tanto, los mismos que sobreexplotaron los peces durante los últimos años, quedaron con el derecho de pescar y en las proporciones en la cual ejercieron la captura.

Imagen principal: Barco de arrastre en Talcahuano. Extraída de: https://es.mongabay.com/