Continúan los ataques a la democracia en Guatemala. Siguiendo la estrategia de acusar fraude cuando no le gustan los resultados, nueve partidos de derecha objetaron la primera vuelta presidencial en que sorpresivamente el izquierdista, Bernardo Arévalo, pasó al balotaje. Pese a no haber estado nunca en ninguna estructura de poder y toda la institucionalidad ser cercana al actual gobierno, la justicia declaró ilegal a su partido Movimiento Semilla, lo que organizaciones sociales califican como un intento de golpe de Estado técnico.

Por Alejandro Baeza

Acusar fraude cuando los resultados no son los deseados se está convirtiendo en un escenario cada vez más común por parte de algunos sectores de derecha. Así ha ocurrido en Estados Unidos, Brasil, Venezuela o ha esbozado uno que otro trastocado en Chile (afortunadamente sin mucho eco). No obstante, en un país con una institucionalidad frágil, este escenario es mucho más peligroso. Esto es lo que está ocurriendo en Guatemala. La sorpresa que representó el paso del izquierdista Bernardo Arévalo a segunda vuelta hizo que nueve partidos de derecha impugnaran las elecciones.

Pese a lo insólito de estas acusaciones de un supuesto fraude para favorecer a un candidato de un partido que no ha estado nunca en ninguna instancia de poder, la justicia acogió las demandas. Por el contrario, Guatemala sufre, entre otras cosas, problemas de institucionalidad por el control que tiene el statu quo de todos los aparatos del Estado, medios de comunicación y uniformados, por lo tanto, también en los tribunales y en la Corte Constitucional -donde sus representantes son abiertamente cercanos al Gobierno- que dejó en suspenso todo el proceso electoral y la certificación oficial de los resultados del 25 de junio.

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Este miércoles, la justicia dio un nuevo paso de ataque a la democracia cuando la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche, quien ha perseguido a exfuncionarios que han combatido la corrupción (incluso siendo sancionado por EEUU en 2021 por este motivo), declaró ilegal al Movimiento Semilla, lo que es calificado por organizaciones sociales como un intento de golpe de Estado técnico. No obstante, minutos más tarde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó a Arévalo para disputar la segunda vuelta presidencial con Sandra Torres y criticó la injerencia judicial en materia electoral. Como respuesta, la FECI dio un plazo de 24 horas al TSE para acatar.

En declaraciones a CNN en español, Arévalo señaló que ante este inaudito escenario "todo mundo ya está hablando de un golpe de Estado técnico" y advirtió que de ser inhabilitado, junto con su compañera de fórmula, Karin Herrera, se provocaría "una grave crisis política" en Guatemala,

Esta autoritaria situación no sólo ha sido criticada por la izquierda y todos los sectores democráticos guatemaltecos, sino también la Misión de Observación Electoral de Naciones Unidas, la OEA, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países pidieron a los tribunales, partidos políticos y autoridades, respetar los resultados electorales y negaron cualquier acusación de fraude electoral. Es tan aberrante la situación, que en una reacción poco usual, incluso el secretario de Estado de EEUU, Anthony Blinken, condenó las acciones y reconoció como legítimos los resultados del 25 de junio.

La FECI sostiene que supuestamente "existen indicios de que posiblemente más de 5 mil ciudadanos fueron adheridos ilegalmente al movimiento semilla falsificándole su letra y firma", de las 25 mil que Semilla necesitaba para constituirse como partido, pero Arévalo niega tajantemente que se haya incurrido en esa práctica y aseguró que la fiscalía se tiene que sustentar en una "construcción ficticia" para proceder contra su partido.

Asimismo, apenas se conoció la inhabilitación de Semilla, se congregaron manifestantes afuera del máximo tribunal electoral para denunciar corrupción.

De momento, Arévalo sigue siendo candidato, pero no está claro si se insistirá en su inhabilitación ahora que su partido fue ilegalizado. El candidato, en tanto, afirmó que la decisión no afecta su lugar en la segunda vuelta debido a que la ley electoral establece que los partidos no pueden ser inhabilitados después de una elección. Aun así, aseguró que su equipo analiza el caso. "De ninguna manera vamos a obedecer una decisión espuria e ilegal", aseguró.

Un ataque a la ya débil democracia de Guatemala

En las elecciones del pasado 25 de junio, con 22 aspirantes a la presidencia, pasaron al balotaje Sandra Torres, de derecha y parte de la coalición de gobierno con el 15,86% de los votos y dando la sorpresa, el representante del izquierdista Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo. En tercer lugar quedó el candidato del partido del presidente Giammattei, Manuel Conde Orellana, que se quedó con el 7,84%. No es una pequeña diferencia como para revisar las urnas, sino más de 220 mil votos, casi el 4%.

Aun así, el oficialismo encabezado por el derechista presidente, Alejandro Giammattei, está utilizado cuanta movida esté a su alcance para no reconocer la voluntad popular expresada en las urnas. Una de éstas fue a través de la Corte Constitucional, que dejó en suspenso el resultado hasta que no se resuelvan demandas de reconteos que presentaron operadores ligados al gobierno y su partido Vamos.

Esto debido a la enorme sorpresa que significó que el representante de la izquierda, Bernardo Arévalo, hijo del expresidente Juan José Arévalo electo tras la revolución de 1944, pasara a segunda vuelta pese a prácticamente no figurar en las encuestas.

La principal carta de la izquierda para estos comicios era líder indígena Thelma Cabrera del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), a quien se apuntaron todos los dardos y se impidió que pudiera participar de esta contienda. No obstante, nadie contaba con Arévalo, mucho más moderado que Cabrera, pudiera acceder al balotaje, por lo que fue tremenda sorpresa para toda Guatemala cuando se conocieron los resultados, pues siempre estuvo mal posicionado en las encuestas, las que en general son de dudosa calidad en Centroamérica.

Así, en una convocatoria sin precedentes, siguiendo la estrategia de desconocer los resultados cuando no son favorables y que cada vez vemos con más frecuencia, los representantes de los nueve partidos de derecha en los 22 departamentos de Guatemala y del Distrito Central, incluyendo el partido Vamos del actual presidente, fueron impugnando aquellas actas en las que consideraban que supuestamente no se habían contabilizado bien los votos e incluso pidieron la anulación de las elecciones en algunos municipios alegando «irregularidades», acusando un supuesto «fraude» y reclamando que se repitieran los comicios, acciones que fueron acogidas por el Tribunal Supremo Electoral.

*Imagen de @SemillaMetro_