[resumen.cl] La jueza Margarita Sanhueza del Primer Juzgado Civil de Concepción -tribunal continuador legal de los ex Juzgados del Crimen de Concepción y Talcahuano- dictó auto de procesamiento contra el ex brigadier de ejército, Miguel Krassnoff Martchenko, como autor de los delitos de detención ilegal y tortura en perjuicio de María Isabel Romero Méndez. El ilícito fue perpetrado a partir de julio de 1975, en la comuna de Santiago.

En la resolución (causa rol 205-2016), la magistrada Sanhueza encausó a Krassnoff Martchenko, ex agente la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) en calidad de autor directo de los delitos, apoyada en informes del Servicio Médico Legal; de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones; del Instituto Nacional de Derechos Humanos; la declaración de Luis Morén Brito y de otros testigos.

María Romero encarando a Krassnoff en Concepción

De acuerdo a los antecedentes recopilados en la carpeta investigativa, la jueza Sanhueza logró determinar que el 28 de junio de 1975, la integrante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) María Isabel Romero Méndez, fue detenida ilegalmente por agentes policiales en la localidad de Chaimávida, en Concepción, siendo conducida a un interrogatorio secreto. Posteriormente, fue entregada a una brigada operativa dependiente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), quienes la trasladaron a la ciudad de Santiago, incomunicándola en uno de los centros de detención clandestina en donde se le aplicaron tormentos y usaron de un rigor innecesario con el objeto de obtener información, para luego mantenerla detenida en otros lugares furtivos que para esos efectos había dispuesto la dictadura militar y su aparataje represivo.

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La detenida fue mantenida en esa condición de secuestro y detención secreta hasta el mes de septiembre de 1976, fecha en que fue dejada en libertad sin imputación de delito alguno y sin haberla puesto a disposición de autoridad competente ni conducido a lugares legales de detención.

El procesamiento es el primero que se dicta en la zona por estos delitos contra agentes de la ex DINA-CNI. Anteriormente, el ministro Carlos Aldana se ha negado sistemáticamente a abrir causas contra agentes represivos de la dictadura por los delitos de detención ilegal y torturas. La conducta de Aldana había sido refrendada por la Corte de Apelaciones de Concepción, entidad que también negó la apertura de causas por estos delitos de derechos humanos. La jueza Sanhueza ha dado pasos importantes contra la impunidad que impera en estos casos en la región penquista; hace unos meses ya hizo traer, desde el Penal Punta Peuco, a este mismo criminal para someterlo a un interrogatorio y un careo con la querellante.