Por Raúl Irrazabal*

Zanjada, por una abrumadora mayoría, la defunción de la Constitución pinochetista, ahora viene el desafío de lograr que el nuevo texto exprese los cambios que se anhelan. Resolver esta tarea supone definir los contenidos y estrategia que evite la maniobra de las clases dominantes y el oportunismo político, que buscará burlar las demandas del pueblo movilizado; un botón de muestra fue negarse rotundamente a una asamblea constituyente y amarrar a la futura convención constitucional a los dos tercios para dirimir diferencias y a la tutela del parlamento.

Es propio de modelos de dominación, explotadores y expoliadores, como el neoliberal -- debido a la conciencia que sus políticas afectan y agreden a la mayoría de la población--, enajenar de las comunidades la posibilidad de incidir y participar en las decisiones políticas y poner el acento en regímenes altamente centralizados y que por defecto se convierten en sistemas elitistas. La dictadura civil y militar asumió la tarea de imponer el modelo neoliberal y su andamiaje institucional -- la Constitución de Pinochet y Jaime Guzmán--, con el fin de alejar al máximo las decisiones de la voluntad popular. En sus inicios el Consejo de Seguridad Nacional, los senadores designados, el sistema binominal y lo que se mantiene en el presente, como el quórum especial de dos tercios, el Tribunal Constitucional, es parte de sus signos antidemocráticos. Por ello un contenido fundamental del actual debate constitucional es la necesidad de someter a la soberanía popular las decisiones y las instituciones públicas.

Se instala entonces la discusión acerca de cómo alcanzar una Constitución que ponga énfasis en los contenidos que demanda el pueblo movilizado: garantía de los derechos de las personas y la naturaleza, un modelo económico centrado en el bienestar de todos los chilenos, una democracia participativa y la reivindicación de la soberanía popular, como ejes centrales de la construcción de una sociedad democrática que abra otra etapa en la construcción de un Nuevo Chile con igualdad y justicia social.

Sin duda que hay un peligro evidente que no se alcance los propósitos del pueblo movilizado, en el sentido de cambiar el modelo actual. Y ello se debe al accionar de la oligarquía y sus representantes políticos, al acordar candados institucionales a la autonomía de la convención constitucional y ofrecer un menú de candidatos a constituyentes que supuestamente representan diversidad de pensamiento, pero que en lo sustancial no pertenecen y están alejados de las luchas y movimientos sociales que han empujados los cambios. Pero el peligro también se presenta desde el interior del pueblo, en su falta de articulación y unidad en los territorios y a nivel nacional; de este modo, el nivel y fuerza concertada en la movilización no se refleja y traduce en organización, en la construcción de referentes sociales y políticos que representen de manera más fidedigna lo que este movimiento está demandando y exigiendo.

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Una estrategia para superar estos obstáculos puede estar en ejercitar y profundizar las prácticas que son constitutivas del actual movimiento en lucha: la soberanía popular, la insistencia en que lo que se decida es lo que el pueblo demande y la democracia participativa, la disposición de elegir a los propios representantes, construir y proponer soluciones desde la propia organización. Alcanzar estas condiciones es fruto de la organización y movilización, no es algo que otorga un poder distante, y requiere reforzar y cualificar los pasos que se están dando desde la base del movimiento: la organización, el contenido y los constituyentes que se quieran proponer y elegir.

Se hace preciso insistir en que como ayer, hoy la tarea sigue siendo colectiva. Por tanto, hay que robustecer la organización y las coordinaciones, donde podamos ponernos de acuerdo con nuestros otros y otras; hacer un enorme esfuerzo por fortalecer la red de organizaciones sociales y populares, locales y regionales. La unidad que debemos promover es la del pueblo organizado y los partidos populares deben ayudar a construirla.

Se requiere, también, definir cuál es nuestra posición para garantizar el país en el que deseamos vivir; esto no es un asunto de expertos, es preciso construir el relato de las gentes del territorio, de las comunidades movilizadas. Se debe estimular el levantamiento de propuestas en las bases del pueblo movilizado, reivindicando los contenidos esenciales que nos aseguren la democratización efectiva de nuestro país. El texto, Decálogo para la soberanía popular para la democracia en el proceso constituyente, es uno de los instrumentos que colabora en contenidos sustanciales para este debate.

Es necesario, además, asegurar que el o la constituyente que la comunidad o el distrito elija, represente lo que la organización social ha planteado y que responderá y consultará a ella sobre el contenido del debate. La tarea no culmina en la elección del constituyente sino en la capacidad de apoyar, pero también, de fiscalizar el trabajo que se realice. Esto implica declararse en estado de movilización y deliberación durante todo el trayecto para controlar y demandar que el debate de la convención constitucional responda a lo que el país exige y requiere.

Este proceso constitucional es fruto del movimiento de millones de chilenas y chilenos, quienes colocaron sus cuerpos y esfuerzos, sus vidas y su integridad; el pueblo movilizado es el que ha pagado caro precio, con sus muertos, heridos, mutilados y presos políticos. Tiene entonces, este pueblo, el legítimo derecho a pensar sin amarras ni límites el país que aspira; la imperiosa necesidad de romper el ciclo de impotencia que se intentó poner como un cepo sobre su conciencia, durante estos 30 años, haciéndole creer que sólo era posible un destino de subordinación y de postergación. Los y las militantes sociales y políticos, quienes conforman las comunidades en los territorios, en los sindicatos, en las aulas, en las calles, son quienes disciernen y empujan este momento de posibilidad para el cambio social en el país. Por tanto, pueden con toda propiedad y lucidez decidir quién es constituyente y cuál es el contenido más justo para las mayorías nacionales en la nueva carta fundamental. La movilización de nuestro pueblo hizo posible abrir la ventana, la misma puede hacer posible que la convención constitucional se someta a la voluntad popular.

* Brigada por la memoria y los derechos humanos

25 de noviembre 2020

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Fotografía principal: canalabierto.com.ar