Para la autora de esta columna "la pregunta no es por qué la derecha no levanta el secreto bancario. Esa ya tiene respuesta. La pregunta es por qué un país acepta que el cuerpo del migrante pobre sea revisable hasta la humillación —documentos, huellas, ADN, expulsiones— y el patrimonio del que lo extorsiona sea sagrado".

Por Verónica Aravena Vega | Doctora en Estudios de Género y Política

El martes la PDI entró a la sucursal del Banco Santander en Agustinas. Se llevó a José Carlos Pérez Asencio de su escritorio. Treinta y tres años, venezolano, ejecutivo de recuperaciones. Acusado de mover en sus cuentas parte de los más de 75 mil millones de pesos que el Tren de Aragua sacó de Chile entre 2022 y 2025. Plata de extorsiones a locales nocturnos venezolanos que terminaba en una cárcel colombiana, en manos de Carlos "El Bobby" Gómez, para comprar control territorial.

El fiscal aclaró casi pidiendo disculpas: el lavado no pasó por el Santander como institución sino por las cuentas que Pérez abrió en distintos bancos. Sociedades pantalla —Bexgroup, BexDigital— disolvían transferencias en cripto. Un funcionario migrante reclutado dentro del banco. Lavado de primera generación. Burdo. Detectable.

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Lo detectable es lo interesante. La investigación no empezó con una alerta financiera sino con un quíntuple homicidio en Lampa en julio de 2024. Dos años de seguimiento. La ruta del dinero apareció cuando ya había cuerpos.

Cada vez que se discute permitir que la UAF acceda al secreto bancario sin orden judicial, la UDI, RN y el Partido Republicano repiten lo mismo: los narcos no operan en el sistema financiero, no hacen transferencias, mueven efectivo. Una imagen cinematográfica —sicario con mochila, cartel con avioneta— que saben falsa.

Chile es el único país del GAFILAT que obliga a su unidad de inteligencia financiera a pedir autorización judicial para acceder a información bancaria. En toda la OCDE solo nos acompaña Australia. Italia llegó a la dirección opuesta por la vía más cara: la ley Rognoni-La Torre de 1982 fue redactada por dos magistrados de Palermo, Falcone y Borsellino, y firmada por Pio La Torre, diputado comunista. A los tres los mató la mafia. La ley les sobrevivió. Hoy Italia tiene más de cuarenta y tres mil bienes inmuebles confiscados al crimen organizado y el patrimonio mafioso confiscado en Europa supera los cuatro mil millones de euros al año. No es una guerra ganada. Es una guerra peleada en el terreno correcto.

Los Estados que han contenido al crimen organizado son los que entraron a perseguir el dinero. Los que no, se llenaron de cuerpos.

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En marzo de 2025, el Senado rechazó —diecisiete contra catorce— que la UAF levantara el secreto bancario sin orden judicial. En enero de 2026, con Kast en La Moneda, la Comisión de Seguridad volvió a rechazarlo. En abril, el gobierno de Kast lo rechazó en el proyecto que dice impulsar para perseguir la ruta del dinero.

Eso fue en abril. En junio, Pérez Asencio fue detenido en Agustinas. Tres años de operación, setenta y cinco mil millones, cinco muertos en Lampa. La red no cayó por inteligencia financiera sino por casualidad criminal. Si el modelo se mide por sus propios estándares, esto es un fracaso medible.

Que Longton mire a la cara a las familias de Lampa y les repita que los jueces ya hacen el trabajo. Que Ebensperguer explique por qué el patrimonio del extorsionador merece más protección que el cuerpo de la mesera extorsionada. Que el ministro de Seguridad diga en voz alta cuál de las dos cosas defiende cuando vota: a la víctima o a la cuenta corriente del que la victimiza.

Hay un truco retórico que la derecha usa hace décadas. Cuando dice "privacidad bancaria" invoca al jubilado al que el SII no debería mirar. Lo que protegen es otra cosa: el holding familiar, la herencia sin declarar, los fideicomisos opacos, las cuentas en Miami. El lavador del Tren de Aragua se coló por la misma rendija que el evasor con apellido y oficina en El Golf. El secreto bancario en Chile no es un derecho del débil. Es un blindaje del fuerte.

Y no es herencia liberal abstracta. Es el artículo 154 de la Ley General de Bancos, modificado en 1986 bajo dictadura y amparado por la Constitución del 80. Lo escribieron para proteger a la naciente economía neoliberal y, de paso, la gestión patrimonial del régimen. La derecha que hoy lo defiende no defiende un principio. Defiende un legado.

Se consolida un tipo específico de Estado. Loïc Wacquant lo describió hace veinte años: alta capacidad punitiva sobre cuerpos pobres, baja capacidad fiscalizadora sobre patrimonios ricos. Estado penal sin Estado fiscal. Es lo que la derecha construye cuando vota más cárceles, más expulsiones, más ADN obligatorio, y bloquea la herramienta básica para mirar una cuenta sospechosa. 

El migrante cumple ahí dos funciones. Es chivo expiatorio retórico sobre el que se monta la épica del miedo. Y es mano de obra precarizada del sistema que dice combatirlo: el cajero, el repartidor, el ejecutivo de recuperaciones reclutado después de entrar al banco. Pérez Asencio no era un infiltrado. Era un empleado. Lo reclutaron cuando ya estaba dentro. Eso debería decir algo sobre el dentro.

La pregunta no es por qué la derecha no levanta el secreto bancario. Esa ya tiene respuesta. La pregunta es por qué un país acepta que el cuerpo del migrante pobre sea revisable hasta la humillación —documentos, huellas, ADN, expulsiones— y el patrimonio del que lo extorsiona sea sagrado. Por qué el Estado entra a una pieza en Lampa con linterna y fusil pero no a una cuenta corriente sin esperar a un juez.

La asimetría no es jurídica. Es política. Y la escribieron los mismos.

El éxito de este modelo no será derrotar al crimen organizado. Será producir un país donde la seguridad sea el nombre que damos a la vigilancia de los pobres, y la libertad el nombre que damos a la opacidad de los ricos. Mientras tanto, el escritorio de Pérez Asencio quedó vacío en Agustinas. La UAF también espera. Lleva veintidós años esperando lo mismo: permiso.