Las aristas de traspasos a fundaciones que tienen al Gobernador del Biobío en la mira

[resumen.cl] Es un hecho declarado incluso por el contralor, Jorge Bermúdez, que las fundaciones, corporaciones y ONG se han transformado en actores relevantes a la hora de cumplir con la ejecución presupuestaria de algunos organismos públicos. El problema es cuando dichas organizaciones privadas se relacionan directamente, con redes al interior de las instituciones públicas.

Fundación Bonhomía, INFOCAP, Corporación Descentralizadas, ONG Red Cultivarte, Fundación Horizonte Ciudadano, Fundación En Ti son las organizaciones que directa o indirectamente se relacionan con el Gobernador Díaz o su entorno, cuestionadas por recibir recursos desde el Gobierno Regional del Biobío.

Rodrigo Díaz ha señalado que sería todo legal, que estaría todo en orden, pero los cuestionamientos hacia su gestión continúan.

El viernes pasado, el Diputado Leonidas Romero interpuso una querella contra Díaz, la que se suma a las solicitudes hechas por los consejeros regionales Camila Arriagada y Javier Sandoval, de incorporar nuevos antecedentes a las investigaciones de oficio que inició la Fiscalía del Biobío.

En la querella de Romero se hace un recuento de una serie de cuestionamientos hacia la gestión de Díaz. En ella se acusa al Gobernador de los delitos de: Fraude al Fisco; Malversación de Caudales Públicos; Apropiación Indebida; Detrimento del Patrimonio Fiscal y Graves Vulneraciones de la Probidad Administrativa, en calidad de autor, o a lo menos, cómplice o encubridor, y en grado de consumado.

Al caso de ONG Red Cultivarte, en que el Gobierno Regional del Biobío traspasó fondos millonarios pese a que la dirige la exfuncionaria del Gore y cuñada del Alcalde de Coronel, Elizabeth Villanueva, el documento agrega los miles de millones transferidos a la Corporación Desarrolla Biobío, presidida por el propio Díaz y donde trabaja el esposo de Villanueva y hermano del Alcalde de Coronel, Carlos Chamorro.

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También suma a la presentación la aprobación del financiamiento de $82,5 millones de pesos a la Asociación Gremial de Turismo PROTUR A.G., para los fines de una actividad cultural que fue encargada por el propio Gobierno Regional, en donde Paola Núñez, quien fue parte de la campaña a la Gobernación Regional del Biobío del ahora electo Sr. Díaz y exdirectora del Sernatur durante el periodo en que el Sr. Díaz fue Intendente de la Región del Biobío, también era parte del Directorio de la Asociaciónacargo de la cuestionada actividad cultural en comento, la que terminó siendo suspendida tras hacerse público el escándalo.

La querella denuncia otro caso no hecho público: la empresa GIRO, a cargo de las comunicaciones de Desarrolla Biobio, corporación que preside Rodrigo Díaz Wörner, tiene entre sus trabajadoras a la hermana de Díaz, la periodista Daniella Diaz Wörner.

Agrega que la Fundación Antonia, presidida María Consuelo Hermosilla, es tía directa de la recién asumida encargada de la Unidad de Género del GORE Biobío, Camila Hermosilla y la Fundación también habría recibido recursos del GORE.

Por otra parte, Simón Acuña, como señaló este medio trabajó en Infocap, institución privada que recibió en total la suma de $1.307.310.150 desde el Gobierno Regional. Los traspasos comenzaron un mes después de que Simón Acuña, actual jefe de la División de Desarrollo Social y Humano del GORE dejara su labor como director de INFOCAP en el Biobío.

Asimismo, el libelo menciona el traspaso de fondos del Gobierno Regional del Biobío a Fundación En Ti, que habría sido "arrendada" por la excandidata a la Alcaldía de Concepción del Frente Amplio, Camila Polizzi y otra a Horizonte Ciudadano, fundada por Michelle Bachelet, quien nombró a Díaz como Intendente en su anterior mandato.

La acusación también incluye otra información revelada por este medio, que señala que el GORE transfirió $256 millones a la Corporación Descentralizadas, cofundada por la exfuncionaria y actual directora de CORFO, Roberta Lama Bedwell.

La querella del diputado solicita que se llame a declarar a todos los involucrados, incluídos el propio Díaz, los funcionarios públicos y la expresidenta Bachelet.

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