No olvidar: el pueblo ya votó que el Congreso no debe escribir la próxima Constitución

Por Nicolás Salazar

Ante la derrota de la propuesta de nueva Constitución en el plebiscito de salida debemos recordar lo que sucedió en el plebiscito de entrada de 2020, donde los pueblos de Chile votaron claramente por una «Convención Constitucional» constituida 100% por ciudadanos elegidos democráticamente para redactarla. Y se descartó totalmente la llamada «Convención Mixta» la cual pretendía que la propuesta de constitución fuera escrita 50% por ciudadanos y 50% por el Congreso.

En 2020 la opción «Apruebo» por una nueva Constitución obtuvo el 78% de las preferencias frente a un 21% del «Rechazo». Es decir, que ya no podemos seguir con la Constitución de Pinochet, esto es un hecho.

Pero no solo eso, la opción «Convención constitucional» tuvo el 79% de las preferencias, frente a solo el 21% de la «Convención Mixta». Esta última opción  pretendía que senadores y diputados participaran en la redacción. Sin embargo, la abrumadora mayoría desechó que la clase política participara en el proceso constitucional.

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No debemos olvidar esto cuando la clase política chilena (desde el Gobierno hasta la extrema derecha) ya está negociando una nueva propuesta de Constitución. Una nueva cocina que pretende tener al congreso chileno como «protagonista» tal como dijo en su último discurso el presidente Boric, tras el triunfo del Rechazo en el plebiscito de 2022.

La próxima propuesta constitucional no debería ser escrita ni por el Congreso ni un grupo de expertos ni ningún grupo selecto. El próximo borrador debe ser escrita 100% por ciudadanos/as electos democráticamente. Eso ya lo decidió el pueblo de Chile.

Será necesario recordarle en cada momento a la clase política que los pueblos de Chile ya decidimos que el parlamento chileno no debe participar en la redacción de la nueva propuesta de Constitución. No olvidar es necesario, ya que de otra manera el proceso constituyente seguirá siendo secuestrado por los mismos de siempre, la elite política del país, una que mantiene estrechos lazos con la elite empresarial, principal financista del Rechazo.

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