En un informe técnico de 2023, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señalaba los siguiente: «No se ha logrado un desarrollo integrado de la cadena en su conjunto. Más bien, el desarrollo dinámico de las grandes viñas ha coincidido con un estancamiento en los eslabones más débiles de la cadena, especialmente los pequeños productores de uva que le venden a las grandes viñas a precios muy bajos».

Aniceto Hevia

En el documento, el organismo internacional llamaba la atención al Estado de Chile respecto a la insuficiente fiscalización sobre esta industria, también explicaba cómo las grandes empresas viníferas exportadoras habían bajado los precios de sus mercancías a cifras inferiores al promedio de comercialización de mercados como el europeo o norteamericano, provocando la pregunta obvia acerca de cómo obtienen un costo de producción que les permite esta operación.

La OIT deja abierta una consideración que cualquier gobierno democrático debería atender: «La noción clásica de los derechos humanos sostenía que su vulneración podía producirse únicamente por la acción u omisión estatal, en cuanto es el Estado quien tiene el monopolio de la fuerza pública y de la coerción [...] una noción más moderna [...] permite sostener que la vulneración de los derechos humanos puede también producirse por la acción de privados, en especial mediante la acción directa o indirecta de la actividad empresarial».

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Las empresas viníferas chilenas representan la cuarta potencia exportadora de vino del planeta. De acuerdo a las memorias anuales de 2023 (últimas disponibles), la capitalización de las grandes viñas ha experimentado un incremento exponencial desde la entrada en vigencia de los múltiples tratados de libre comercio suscritos por Chile. Así es como Viña Concha y Toro octuplicó sus activos desde el año 2000 hasta el pasado 2023, con un avalúo de 1.636.537 millones de pesos. Viña San Pedro Tarapacá casi ha cuadruplicado sus activos desde 2001 con actuales $433.166 millones. Por su parte, Viña Santa Rita declara poseer activos por $342.312 millones, lo cual representa casi el triple de lo que tenía en 2001.

Ahora bien, este empresariado, que concentra el 2% de la exportación total nacional, es beneficiado de manera permanente con recursos a través de subsidios a la Innovación de CORFO y exenciones impositivas por la Ley de incentivo tributario a la inversión privada en Investigación y Desarrollo (I+D).

En una revisión del portal Data Innovación, Resumen pudo constatar que diversas firmas del rubro vínico obtuvieron en su conjunto $22.942.544.732 desde el año 2012 hasta el pasado 2024, de las cuales Concha y Toro tiene la suma más abultada, beneficiándose de $14.573.633.623. Le secunda la propia entidad gremial del rubro, Vinos de Chile, con $5.015.063.418; le sigue Santa Rita, con $1.517.452.440; y en un cuarto lugar San Pedro Tarapacá, con $1.009.969.993.

Como también se pudo constatar en una reciente revisión de empresas forestales favorecidas con estos subsidios de CORFO y exenciones tributarias, muchos de los proyectos registrados carecen de información acerca de sus objetivos, indicando que no es pública.

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Un nombre que vale considerar

Rafael Guilisasti Gana fue gerente de exportaciones de Concha y Toro entre 1985 y 1998, actualmente es su vicepresidente; desde 1986 a 2003 fue presidente de Vinos de Chile; además preside el directorio de Viñedos Emiliana. En 2011, el expresidente Sebastián Piñera lo nombró como miembro del Consejo Directivo de CORFO, aunque renunció el 3 de septiembre de 2015 para asumir el cargo de director en SQM Salar S.A. y SQM S.A. luego que Julio Ponce Lerou renunciara al ser imputado por delitos tributarios relacionados con el financiamiento de campañas electorales.

Ante estos hechos es perentorio relevar que el año 2013, mientras Guilisasti se desempeñaba en CORFO, Concha y Toro se benefició con exenciones tributarias equivalentes a $2.483.328.256 a través de la Ley I+D. Vinos de Chile obtuvo un subsidio de CORFO de $5.000.000.000 justo en 2012. Por su parte, Viñedos Emiliana se favoreció con $521.726.785 entre 2016 y 2020.

Neoliberalismo: subvenciones más subvenciones

Recurrentemente, quienes vociferan la supuesta legitimidad del neoliberalismo aseveran que el crecimiento de empresas depende de las virtudes competitivas de quienes las conduzcan, sin embargo la realidad les refuta sucesivamente, pues de manera insistente, en uno y otro rubro, se evidencia al propio Estado actuando como operador y financista de estas firmas con autoridades políticas cabildeando en función de sus intereses en escenarios internacionales y llevándoles también a participar; creando múltiples modos de eximirse del pago de impuestos, como fue la Ley de Donaciones y la denominada Ley I+D; negándose a establecer normas y procedimientos que posibiliten una distribución de la riqueza entre quienes participen en las cadenas productivas del país.

Al contrastar estos antecedentes con las indicaciones de la OIT en el documento citado, estas parecen ser un conjunto de apreciaciones irrelevantes en el intento de corregir la obscena concentración de recursos del empresariado controlado de las grandes viñas del país, considerando que sus beneficiados salen y entran de instituciones públicas a las que esta entidad les habla.