[resumen.cl] El Tribunal Constitucional de Chile declaró inconstitucional el artículo 24 del proyecto de ley de Presupuesto de la Nación de 2018, que buscaba mantener los salarios de los trabajadores a honorarios cuando son traspasados a contrata.

El artículo rechazado indicaba «que se mantiene la remuneración cuando el cambio de calidad jurídica de honorario a contrata implique que, una vez efectuados los descuentos legales obligatorios, el funcionario perciba una remuneración mensual equivalente a la que percibía de honorarios luego de efectuada la respectiva retención». 

Respecto a esta situación, Carlos Villalobos, presidente del Sindicato de Trabajadores a Honorarios del Ministerio de Vivienda, la Seremi y el Serviu de la región Metropolitana y miembro de la UNTTHE, explicó que este 2017 consiguieron que ocho mil personas sujetas a esta modalidad contractual pasaran a la modalidad de contrata, manteniéndose el sueldo líquido que percibían antes del traspaso. Esta condición, que fue aprobada por el Congreso y consignada en el proyecto de ley de Presupuesto 2018, fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, y por lo tanto eliminado del texto. Por este motivo, quienes sean parte de este grupo podrían perder hasta el 30% de su renta. 

De acuerdo al dirigente, el Tribunal Constitucional contradijo la decisión tomada por el Congreso en atención a los requerimientos expuestos por su gremio, quienes son los afectados por esta medida. Agregó que este viernes, la UNTTHE  se reunirá con la Dirección General de Presupuestos en el Ministerio de Hacienda para impedir la ocurrencia de este perjuicio salarial.

Carlos Villalobos expone que, a nivel nacional son unos 300.000 trabajadores y trabajadoras bajo el régimen de honorarios en las diversas reparticiones públicas, representando el 40% del total de quienes trabajan en el Estado. Este tipo de relación laboral, que no garantiza derechos básicos, se ha masificado en las últimas décadas y, de acuerdo al representante sindical, debe ser superado por el establecimiento de un contrato único para quienes laboran en las instituciones públicas. 

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