[resumen.cl] Mientras se desarrolla la vendimia en los diversos valles de la zona centro y sur del país, productoras y productores se enfrentan a un escenario absolutamente desfavorable, marcado por la omisión de precios de referencia para la compra de su uva por parte de las entidades que deben hacerlos públicos, propiciando que las empresas compradoras puedan imponer precios leoninos, pues en tanto transcurre el tiempo, las vayas pierden agua, con ello peso. Esta situación sería problemática para la industria si en Chile se prohibiera la adición de agua al vino, no obstante, la normativa vigente lo permite y con ello posibilita que el empresariado reduzca la concentración de alcohol en el mosto generado con uvas de cosecha tardía.

En este contexto, organizaciones de Viñateros/as del valle del Itata y El Maule han solicitado a la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) explicaciones por la no publicación de los precios de referencia para las uvas en la vendimia que actualmente está en curso, respecto a lo cual no han recibido respuesta aún. Una de las representantes de las y los perjudicados por estos hechos, Yenny Llanos, argumenta:

«Lo primero que hay que mencionar es que el Ministerio de Agricultura y sus servicios como ODEPA son los responsables de las políticas, las normativas y las estadísticas sectoriales. La información oportuna y veraz del mercado o de las variables que le afectan son vitales para la transparencia y el buen funcionamiento de este y se tomen decisiones o medidas ante desviaciones o distorsiones que puedan estar afectando el mercado y sus actores. Conocer de antemano los precios a los cuales se transa la uva y vino a productor son muy relevantes para las pymes viñateras, ya que actualmente estamos a ciegas en un mercado altamente concentrado, verticalmente integrado, falto de transparencia y libre competencia, donde reinan los abusos por la fijación de precios bajo costos de uva y vino a productor por los grandes de la industria, liderados por Concha Y Toro».

Agrega que en «el "Estudio de caracterización de la cadena de producción y comercialización de la agroindustria vitivinícola: estructura, agentes y prácticas", del 2017, encargado por la propia ODEPA el 2015, sugiere que esta información sea levantada y publicada. De hecho, el mismo 2017, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) como resultado de la investigación por la denuncia colectiva de gremios viñateros del país el año 2015 ofició al Ministerio de Agricultura, a ODEPA y al SAG, adjuntándoles el informe para lo analizaran y adoptaran las medidas que estimaren pertinentes en materia normativa y de fiscalización, donde se menciona que hace falta mejorar el sistema de recopilación de información de parte de ODEPA».

La fijación de precios para la compra uva se implementa en distintos lugares, como una política protectora para las y los productores. En la trasandina provincia de Mendoza, por ejemplo, el año pasado, el Gobierno provincial estableció precios mínimos que los agentes compradores deben respetar y, en el caso en que sus cosechas no fuesen vendidas, comprometió el financiamiento para su vinificación, evitando la pérdida.

En la consulta también aluden a que la brecha entre los precios de compra de uvas y vino a productores/as y los de exportación, aprovechados por empresas como Concha y Toro, San Pedro y Santa Rita, son altísimos. Respecto a ello, la vocera contesta:

«La distorsión inexplicable que existe entre los precios promedio de exportación del vino chileno (Precio FOB, puesto en barco puerto chileno) y los precios de vino a productor, puesto en bodega de productor chileno. No nos logramos explicar la gran diferencia.

Por ejemplo, previo a la vendimia de 2019, la arroba de vino Sauvignon Blanc y Chardonnay se pagaba a productor hasta $9.600, o sea a $240 por litro en región de Maule, según informaban productores, con costos de $17.000 la arroba en ese tiempo. Sin embargo, el precio promedio de vino de exportación a granel bordeaba el dólar, es decir, casi el triple.

Es evidente que no existe relación ni proporción entre los precios que la gran industria está pagando a productor con los precios de exportación a los cuales ellos venden».

Los últimos años han emergido entidades financiadas por INDAP, compuestas por un número reducido de personas y dotados de la capacidad de acopio y compra de uva. Aunque sos presentadas como instancias asociativas, la Coalición Nacional de Viñateros las ha denunciado por incurrir en las mismas prácticas de la industria, es decir, pagando el por kilo de uva, los mismos precios que las grandes empresas para luego entregársela a estas. Al respecto, Yenny Llanos comenta:

«Los Centros de acopio al alero y financiados por INDAP, gracias a nuestros impuestos, funcionan en el Valle del Itata desde la vendimia del año 2016, como un simple comprador o empleado más para la gran industria del vino. No tienen ninguna incidencia en los precios fijados por esta, pagan exactamente los mismos precios que el resto de los poderes compradores y a veces menos, como lo hemos denunciado públicamente con fotos de pizarras, videos.

A diferencia del resto, estos acopios o empresas asociativas, que no suman más de 137 personas en total, han recibido altos subsidios supuestamente para mejorar los precios a los productores, lo que no ocurre. Estos centros de acopio compran a productores para vender igual que el resto a los grandes, ganándose una comisión por la gestión, y tienen las mismas prácticas que el resto: no trasparentan los precios a tiempo esperando hasta el último momento, no todas hacen contratos con productores, no todos pagan reliquidación, entre otras. Es decir, el Estado subsidia indirectamente a los grandes del vino, facilitándoles la logística para el saqueo año a año a los pequeños productores del valle del Itata.

Algunos podrán decir que algunos vinifican, pero el vino es altamente subsidiado también. Lo entregan a vil precio, bajo costos. Esta situación la hemos denunciado, el año pasado enviamos varias consultas al Subsecretario de Agricultura, Director Nacional del Indap, y ocho Asociaciones Comunales del Valle del Itata también denunciaron los hechos a la intendencia regional, el Gobierno Regional y el Consejo Regional, quienes también han financiado a estas entidades con recursos a través de FNDR [Fondo Nacional de Desarrollo Regional], por medio de INDAP.

Consultamos por los subsidios entregados a estas empresas y sus socios en forma asociativa e individual, sueldos a directivos y asesores, impacto en los precios, en el sector, pedíamos fiscalización y una mejor distribución de los recursos para el sector.

Esta temporada, al 3 de marzo 2022 ninguno de estos había transparentado precios de la Moscatel en pizarra o en algún medio de publicación masiva para informar los míseros precios que pagará la industria nuevamente en Itata, por ende tampoco están abriendo para comprar la próxima semana, ya que al menos tienen que publicar con una semana de anticipación, retrasando la vendimia».

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precios leoninos

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