La vida del joven Carlos Astudillo, de 24 años de edad al momento de la brutal agresión por parte del el cabo segundo del Ejército, Pedro Lavín Villalobos, cambió diametralmente, pasando de ser un estudiante recientemente egresado, a una persona que cayó en diversos cuadros depresivos y de angustia y que carga hasta la fecha con producto del disparo percutado en su contra con armamento de guerra.

Por JC Contreras Jara

A cinco años de producido el Estallido Social en Chile, y con ello, toda la represión desplegadas por las FFAA y de Orden bajo el gobierno del difunto Sebastián Piñera, las deudas en materia de acceso a la justicia y garantías de no repetición, siguen siendo arrastradas por la administración de Gabriel Boric, que mantiene estancada la implementación del plan de reparación para las miles de víctimas, mientras sigue sumando la promulgación de leyes represivas.

En lugar de avanzar con la reparación comprometida para las víctimas de la brutal represión desplegada, entre otras instituciones, por Carabineros, el Ejército o la Armada de Chile, Boric y compañía se han esmerado en solidificar políticas represivas, por medio, por ejemplo, de la Ley Gatillo Fácil o Naín Retamal, la Ley Antitomas y la militarización de territorio mapuche a través de un estado de excepción que va para los dos años.

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Según cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos, se contabilizan 3.216 querellas, en favor de  3.777 víctimas a lo largo y ancho de Chile de las que solo 33 casos tienen sentencias condenatorias, firmes y ejecutoriadas.

Otro dato a destacar es que recién este mes, a 5 años de ocurrida la brutal represión contra las y los manifestantes, recién se está formalizando aparte del alto mando de Carabineros, por ejemplo, de Ricardo Yañez, quien pese a haber estado imputado por violación a los DDHH durante el Estallido, fue ratificado por Gabriel Boric como director general en la institución. 

Sobre el panorama de la impunidad para agentes del Estado implicados en violación a los DDHH  y el contexto socia actual en Chile, conversó con Resumen Carlos Astudillo, sobreviviente de violencia militar durante el Estallido.

-¿En qué contexto fuiste herido, que impacto tuvo esta agresión por parte de agentes del Estado en tu vida y cómo has ido sorteándola durante estos años ?

Bueno, el contexto fue de manifestación a tres días del Estallido Social. Esto ocurrió en Colina y ocurrió a plena luz del día. Aproximadamente a las seis de la tarde es cuando, por la espalda, me dispara Pedro Lavín, el militar del Ejército, hiriéndome en la pierna derecha.

Y, bueno, impactó de una manera radical. Cuando me disparan yo tenía 24 años, estaba recién saliendo de la universidad, tenía toda una vida por delante y casi se me trunca. Esto me implicó casi perder la vida, la pierna incluso, y quedar con una osteomielitis crónica. Hubo un impacto fuerte a nivel psicológico, porque son secuelas que quedan de por vida. También un impacto familiar bien profundo.

Salí adelante gracias a la fuerza que me entregaba mi familia, la gente, el apoyo de la gente, el cariño. También soy creyente en Dios. Por eso yo creo que, si bien fue un hecho terrible, sentí mucho apoyo y eso contribuyó a poder avanzar y seguir en un panorama en su momento súper adverso. Eso sí, con mucha resiliencia, fuerza, y también pensando que esto, si bien cambió mi vida, lo vi como un deber de seguir adelante.

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Si bien tu caso obtuvo un grado de justicia, ¿cuál es tu visión, como víctima de violencia de estado durante el estallido, de la impunidad que envuelve los casos de violación a los DDHH durante dicho periodo?

Es bien complejo. Haciendo un símil, Chile Vamos esta semana ingresó una carta al Presidente de la República reprochando la política de impunidad del gobierno y me preocupa mucho el relato que se está utilizando.

¿Por qué lo menciono? Porque se está tratando de tergiversar la historia en el sentido de que se están confundiendo los victimarios, siendo que en Chile hay una impunidad estructural que hace que cuando ocurren estos hechos graves de violencia las verdaderas víctimas no puedan acceder a la justicia. Por eso el escenario es complejo. Solo el 0,2%, alrededor de 37 causas son las que han cumplido con una sentencia condenatoria. Y la mayoría, la gran mayoría, incluso no tienen ningún formalizado. Por eso la impunidad en este país es un escenario a nivel estructural.

¿Cómo ves la situación de los compromisos asumidos por este gobierno respecto a la obtención de verdad, justicia y de no repetición relativa a las violaciones a los DDHH durante el Estallido? Hoy, Wallmapu está militarizado, se reprime a los estudiantes, ley Antitomas, hay riesgos de que se repitan hechos de violaciones a los Derechos Humanos con estas medidas? 

La agenda de reparación del Gobierno está estancada. Y esto se ve, claro, en los compromisos que adquirió el Gobierno con los sobrevivientes y que no se han cumplido. Por ejemplo, en materia de verdad, aún estamos a la espera de una comisión calificadora que establezca un número oficial de víctimas y eso permite una ley de reparación, donde también estamos al debe, si bien yo observo que han existido avances, como el programa PACTO, en regiones es insuficiente el programa, en Santiago es donde más avance ha tenido. Y bueno, en garantías de no repetición, yo creo que es el ámbito donde el Gobierno, en vez de avanzar, ha retrocedido. 

La reforma a las policías tiene nulo avance y lo mismo con proyectos de ley en materia de no repetición. Va quedando menos tiempo para el gobierno y es súper necesario que se ponga las pilas en materia de Derechos Humanos, porque el riesgo que se corre es similar al de cinco años atrás, porque no ha existido ningún avance en materia de no repetición. Las policías siguen siendo las mismas, las leyes siguen siendo las mismas, incluso garantizando el ejercicio represivo. Lo cual, claro, va contra el legítimo derecho a la protesta.

Yo creo que esto le va a pesar en un futuro al Gobierno, porque se tomaron decisiones muy apresuradas, muy a calor de la contingencia, y no se pensó en un largo plazo. 

¿Cómo participante activo de las manifestaciones de 2019, cuál es tu evaluación del contexto actual de demandas sociales? (educación, salud, pensiones, cuentas) ¿Seguimos como estábamos antes del Estallido? ¿Ha empeorado el panorama?

Yo siento que el país ha cambiado, el contexto político ha cambiado, las organizaciones políticas y sociales han cambiado. Ahora tienen mayor experiencia, pasaron por procesos de organización como el académico, la asamblea, los procesos constituyentes, ejercicios también de poder, tanto popular como institucional. Por eso yo creo que a cinco años se han sacado varias lecciones y que han contribuido al movimiento social y popular. Pero sin embargo, a nivel institucional, el sistema político no ha dado respuesta.

Yo creo que en ese sentido, la situación del sistema político, en cuanto a la política, sigue siendo el mismo escenario. Y ahí es complejo porque en un clima polarizado, en donde se exige un cambio y al mismo tiempo esos cambios se limitan, esto puede convertirse en una bomba de tiempo para aquellas mismas personas, aquella misma élite que ha frenado estos procesos de cambio.

Yo creo que para poder ir avanzando es importante que exista un cambio a nivel del sistema político. No es algo que lo digo yo, acá hay dos lecturas, hay dos causas, una causa redistributiva en cuanto a la riqueza y también de reconocimiento de que el sistema político debe incluir a aquellos actores que se han mantenido ajenos, que los han mantenido ajenos.

En ciencia política, en sociología, hay varios actores que establecen que la élite se reproduce en el tiempo. La élite siempre busca el poder. Y quien ejerce el poder es parte, sin lugar a dudas, de una élite. Por eso, mi lectura es que el Frente Amplio ha sido la renovación natural, sociológica, de esta élite política chilena.