El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de las jurisdicciones de Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, Álvaro Claudio Mesa Latorre, dictó sentencia contra el ex oficial de Ejército Ludovico Eduardo Aldunate Herman, por su responsabilidad en el delito consumado de homicidio calificado del trabajador mapuche Samuel Alfonso Catalán Lincoleo, crimen perpetrado en la comuna de Lautaro, en septiembre de 1974.

Por Darío Núñez

En el fallo (causa rol 113.958), el ministro Mesa Latorre condenó al entonces teniente del Ejército (jubilado con el grado de general) a la pena de 14 años de presidio efectivo en calidad de autor del delito de homicidio calificado, en carácter de lesa humanidad, del funcionario de la Corporación de Reforma Agraria (CORA) Samuel Catalán Lincoleo. La condena incluye las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena,

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En la causa, además, el ministro en visita condenó al ex funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) Jorge Eusebio Barriga Soto y al ex oficial del Ejército Sergio Fernando Alcayaga Barraza a 3 años de presidio y la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de las condenas, como coautores del delito consumado de detención ilegal de Samuel Alfonso Catalán Lincoleo, Domingo Cayuán Cheuquén y José Miguel Pacheco Coliluán.

Los hechos atribuídos al ex general del Ejército

Samuel Alfonso Catalán Lincoleo, soltero, de 29 años, técnico agrícola, se desempeñaba desde 1970 como empleado de la Corporación de Reforma Agraria (CORA) en la comuna de Pitrufquén, estando a cargo de las expropiaciones de predios rurales. En 1973, luego del golpe militar solicitó su traslado a la oficina de Temuco, por lo que comenzó a viajar a esa ciudad desde la comuna de Lautaro, donde residía.

El trabajador, simpatizante de Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) fue detenido en su domicilio ubicado en el Fundo Millachiguay el día 27 de agosto de 1974, alrededor de las dos de la madrugada, por una patrulla militar del regimiento reforzado N°20 'La Concepción' de Lautaro. El grupo aprehensor lo integraban el subteniente Sergio Fernando Alcayaga Barraza, más el sargento Héctor Salazar, algunos clase, soldados conscriptos y el detective Jorge Eusebio Barriga Soto de la Policía de Investigaciones de Lautaro.

La patrulla, que se movilizaba en vehículos militares, llegando al Fundo Millachiguay y al domicilio de la familia Catalán, ingresaron violentamente al inmueble, allanaron la vivienda causando destrozos, y agredieron con golpes de culata y disparos de amedrentamiento a Samuel Catalán Lincoleo para luego reducirlo. Junto con Samuel, en esa misma oportunidad, fueron detenidos Víctor Cristóbal Catalán Trangol, primo de Samuel Catalán, quien se encontraba alojando en el domicilio; Domingo Cayuán Cheuquén, trabajador del lugar, y José Miguel Pacheco Coliluán, vecino de la familia Catalán, quien había sido detenido previo al allanamiento. Todos los detenidos fueron conducidos hasta el Regimiento La Concepción de Lautaro, donde fueron ingresados como prisioneros en dependencias de esa unidad.

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Las tres personas detenidas junto con Samuel Catalán, que estaba vinculado al MIR, fueron interrogadas en el Regimiento por personal militar y dejadas en libertad en días posteriores; no así Samuel, del que nunca más se tuvo noticias de su situación y paradero.

Sin embargo, testimonios posteriores permitieron establecer que una patrulla que estaba a cargo del entonces teniente Ludovico Eduardo Aldunate Herman, y que estaba conformada por unos diez efectivos militares, entre oficiales, clases y conscriptos salió desde el regimiento, en camión, con dirección hacia la piscicultura de Lautaro. En un bosque que había en ese lugar, hicieron arrollidarse al detenido, le cubrieron el rostro con una prenda negra que el mismo vestía, y luego, el ex oficial Aldunate Herman, apoyó su fusil SIG en un arbusto para hacer puntería en la cabeza del detenido, disparándole y ocasionándole la muerte de manera inmediata.

Posteriormente el oficial ejecutor, ahora condenado por este crimen, siguió sus cometidos represivos en la DINA, como integrante de la Brigada Mulchén, y en la CNI, como parte de la Unidad Anti Terrorista (continuadora de la anterior), que operaba en el Cuartel Simón Bolívar, en Santiago.