Contratos multifunciones en Unimarc: Juzgado del Trabajo de Copiapó rechazó reclamación de empresa Rendic Hermanos SA y mantuvo multa de 120UTM 

El Juzgado de Letras del Trabajo de Copiapó desestimó una reclamación de la empresa Rendic Hermanos S.A, dueña de la cadena de supermercados Unimarc, contra la sanción impuesta por la Inspección Provincial del Trabajo. La empresa había sido multada con 120 UTM por no especificar claramente las funciones de los operarios en los contratos de trabajo, cuestión ampliamente rechazada por distintos tribunales del trabajo del país.

En el fallo (causa rol 27-2023), se validó la resolución de la Inspección del Trabajo, que rechazó reconsiderar las multas impuestas contra la empresa Rendic Hermanos S.A. Según el tribunal, los contratos fiscalizados establecían una multiplicidad de tareas que excedían lo permitido por el Código del Trabajo, generando una constante multifuncionalidad entre las y los trabajadores, quienes, por dicho motivo, mantenían diversas funciones.

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El tribunal señaló que esta práctica no se ajusta a la norma legal, ya que convierte al trabajador en una especie de «omnioperador», con responsabilidades ambiguas. Además, destacó que las multas aplicadas se fundamentaron en el análisis de varios contratos en distintas sedes de la empresa a nivel nacional, descartando que fueran repetitivas.

Finalmente, el tribunal mantuvo las multas y condenó a Rendic Hermanos S.A. al pago de costas por $1.000.000 debido a que su demanda carecía de fundamentos razonables.

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La figura de la multifuncionalidad sigue siendo utilizada por distintas cadenas de supermercados, multinacionales o no, para mantener a sus trabajadores y trabajadoras bajo rutinas de trabajo que no especifican una labor determinada.

Al igual como sucede con la multinacional Walmart o Falabella, a pesar de existir dictámenes que tildan de ilegales estos contratos por parte de la Dirección del Trabajo y distintas cortes alrededor del país, los empresarios del retail continúan con la precarización laboral de sus trabajadoras y trabajadores, quienes, en casos determinados, denuncian que son obligados a firmar este tipo de acuerdos o simplemente son despedidos. 

 

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