Cuatro años y 324 días de presidio por el delito de incendio contra una AFP y otros 41 días por el ilícito de desórdenes públicos fue la condena dada a conocer por el magistrado Guillermo Cádiz, a la que Fiscalía de Punta Arenas apeló, solicitando que se cumpla la condena en prisión, lo que fue rechazado por la Corte de Apelaciones local.

Por Ignacio Hernández

El pasado 1 de diciembre el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas dio a conocer la condena del único procesado por la quema de una sucursal de AFP Habitat: Marcelo «Mandu» Mandujano, estudiante de la Universidad de Magallanes. Esta resolución no dejó conforme a Fiscalía, por lo que mediante una apelación solicitó que fuera una condena de prisión efectiva y no de libertad vigilada y transformarse en preso político, que había establecido el tribunal.

La acción, encabezada por el persecutor Felipe Aguirre, fue acogida para su revisión por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, sin embargo fue rechazada el día de hoy, descartando los argumentos del Ministerio Público, que se basaban principalmente en una entrevista radial que Marcelo Mandujano habría realizado.

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En conversaciones con RESUMEN, el abogado de Mandujano, Juan Carlos Rebolledo, estableció su conformidad con la resolución, asegurando que desde la defensa este era el resultado esperado y sin duda la "alternativa más factible".

Cabe recalcar que la investigación del caso no estuvo exenta de cuestionamientos debido a varias irregularidades en las pruebas presentadas, entre las cuales destacan la calidad de testigo de cerca de 40 funcionarios de la Policía de Investigaciones, declaraciones de personas en calidad de NN y la dudosa realización de peritajes.

La defensa de Marcelo Mandujano, que para la consideración de la Corte de Apelaciones presentó informes psicológicos, académicos y de asistentes sociales, establece que de esta manera se cierra definitivamente este proceso judicial.

Cuestionamientos a la justicia chilena

La justicia chilena se encuentra bajo duros cuestionamientos en torno a las medidas de represión y criminalización hacia los movimientos sociales. El caso de Marcelo Mandujano se suma a otros como el de Camila e Isabella, presas políticas que han acusado persecución y hostigamiento en su régimen de arresto domiciliario nocturno. Esto en el marco de un país hoy tiene alrededor de 2 500 personas en prisión preventiva por las revueltas del Estallido Social.
De esta misma manera, se han realizado denuncias de diversas irregularidades en las investigaciones, al mismo tiempo que entidades como Fiscalía exigen altas condenas, pero fallan a la hora de demostrar las acusaciones que se plantean.

En esta misma línea se encuentra el caso de cinco mujeres que hoy arriesgan 3 años de presidio por haber realizado una toma pacífica de la Fiscalía de Quillota, exigiendo justicia por el crimen de odio de Nicole Saavedra, mujer lesbiana que fue secuestrada, torturada y asesinada durante el 2016, caso que hasta junio de 2019, cuando se realizó la toma, no presentaba avances en la investigación.

Es por esto que tanto abogados, como integrantes de los movimientos sociales plantean estos procedimientos como un instrumento de represión política.