Karla Gajardo es ex funcionaria del Hospital de Concepción, quién luego de denunciar la omisión de pacientes en listas de espera, nunca más pudo volver a incorporarse en el sector de salud. Al respecto, denuncia que la directiva a cargo en ese entonces y a quién ella emplazó por la omisión, siguen en el mismo puesto en el Hospital Regional de Concepción.

Por Valentina Luza Carrión / resumen.cl 

Fueron 52.000 personas las que se denunció habían sido omitidas en listas de espera del Hospital Regional de Concepción. Karla Guajardo, enfermera y ex funcionaria del lugar, denunció este hecho en 2018, situación que derivó el inicio de una investigación a cargo de la Contraloría Regional del Bío Bío.

La denuncia fue efectuada por la misma enfermera y quedó testificada en una audiencia en septiembre de 2020. De las cinco denuncias de Guajardo, se aceptaron dos de ellas. 

A la fecha, según consigna el documento, se busca subsanar dicha irregularidad a través de una incorporación paulatina -más no completa- de pacientes omitidos en las listas de espera.

En el informe, se declaró que de los usuarios investigados por la Contraloría, algunos fueron considerados como fallecidos, estando aún vivos esperando la consulta (32). 

Asimismo, del universo total se tiene cuenta de 15.711 pacientes que no habían sido ingresados en las listas, donde cerca de 9 mil fueron derivados a otros centros de salud.

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La denunciante y enfermera, Karla Guajardo conversó con RESUMEN sobre lo que ocurrió en ese entonces, además de lo que hoy denuncia; la permanencia de su ex jefa aún en el cargo.

"Lo principal que me motivó a hacer la denuncia es la alta concurrencia de pacientes que iban a preguntar por su estado en espera. Resulta que la gran mayoría de estos pacientes no estaban ingresados en el Servicio Nacional de lista de espera (RNDLE)".

Explica que usuarios habían tenido consultas, pero no ingresaban al sistema por tener códigos internos que no se homologaba con la prestación del Servicio Nacional de lista de espera por lo que quedaban fuera.

Asimismo, un apartado de la investigación está directamente relacionado a pacientes fallecidos mientras estaban en espera, por lo que se resuelve y exige que sus nombres sean borrados del registro.

Al respecto de toda la denuncia, la ex funcionaria del Hospital Regional de Concepción comenta que recibió amenazas, hostigamiento y finalmente perdió su trabajo junto a la posibilidad de seguir trabajando en el sector de salud.

"Quedé tachada como conflictiva en el servicio público. Creo que las personas que denuncian deben ser respaldadas y eso no sucede, muchos no hablan por lo mismo", sostiene.

No hay sanciones ni responsabilidad de directivos involucrados

A pesar de que se confirmó por parte de la Contraloría la omisión de listas en términos acotados y en diferentes especialidades, hasta el día de hoy no hay sanciones a los directivos involucrados directamente. 

Según comenta la enfermera, la misma jefatura que en ese entonces le pidió callar ante la situación, sigue estando a cargo por lo que sospecha que el sistema en las listas de espera es el mismo. 

"Mi ex jefa sigue trabajando a cargo de las listas de espera, con un sueldo que supera los 3.500.000 de pesos. No hay responsables en esta omisión".

"Patricia Martínez Pávez es mi ex jefa.  Se nota el resguardo político que ha tenido al no recibir sanciones. Contraloría asume que hay responsabilidades por parte de la jefatura, pero no hay acciones y sigue en el cargo. Se permiten estas irregularidades".

Agrega también que se puso en evidencia que la denuncia estaba directamente relacionada con los hospitales de Santa Juana, Coronel, Lota, y todos aquellos pertenecientes al Servicio de Salud Concepción, los que hasta el día de hoy siguen sin ser investigados.

Al respecto, en el informe de la investigación se consideró solo una parte y no a todos los pacientes: "El sistema actual es muy corrupto, perverso e inhumano, yo lo mínimo que esperaba era que se revisara las 52.000 personas. La Contraloría tomó una muestra, no se evaluó todo ¿Qué pasa con las personas que no entraron en esta muestra? van a morir. Lo mínimo era revisar todo el universo", expresa.

Guajardo es crítica con la situación, enfatizando que este tipo de irregularidades atenta directamente a la salud de las personas, por lo que debería existir mayor fiscalización. 

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"Debe existir correlación entre los registros y el Registro Civil, muchos ingresados están fallecidos. Debe existir un sistema único en pos de la salud de las personas".

Sobre otras acciones judiciales, la enfermera junto con el ex senador Alejandro Navarro pusieron una denuncia en el Juzgado de Policía Local que habla de homicidio omisivo en relación a  todas las personas que murieron esperando ser atendidas.

"Para denunciar una irregularidad, uno debe tener dinero suficiente para llevarlo adelante. He presentado querellas en la Fiscalía, la Contraloría, etc. FENATS fueron los que me ayudaron a denunciar, pero por costos de abogado no he podido retomar aquellas querellas antiguas, principalmente enfocado a que se revise completo el tema de las listas de espera".