La imposición del neoliberalismo en Chile estableció la entrega constante de recursos estatales al empresariado de diversos rubros de manera permanente y onerosa. La vitivinicultura no ha estado exenta de este ejercicio, generando diversas repercusiones entre los actores que intervienen en el rubro.

Aniceto Hevia

El modelo de Estado subsidiario convierte el diseño e implementación de cualquier política pública en potencial negocio para quienes puedan recibir los recursos destinados a su ejecución, a través de múltiples empresas en los más diversos ámbitos. Ningún gobierno postdictatorial lo ha puesto en cuestión, incluso luego de sucesivos escándalos respecto a pagos injustificados o indebidos -en obras públicas, educación, cuidado de menores, salud, industria papelera y forestal, entre otras áreas- ningún agente de la clase política lo ha señalado como el modelo administrativo que los propicia.

Subsidios y exenciones tributarias

Las políticas en torno a la producción y comercialización vinícola no están eximidas del alcance del Estado subsidiario, propio del neoliberalismo. Ello se expresa en un cúmulo de normas u omisiones orientadas a favorecer al gran empresariado del sector, como la permisión de la adición de agua al vino, la vinificación de uva de mesa o la desregulación del precio compra de uva a productores por parte de empresas. Junto con ello, este modelo económico también se manifiesta en la entrega de recursos al empresariado vinífero nacional a través de diversos mecanismos, de los cuales pasaremos a revisar dos: los subsidios de apoyo a la Innovación de CORFO y las exenciones tributarias por medio de la Ley de incentivo tributario a la inversión privada en Investigación y Desarrollo.

La información respecto a los proyectos empresariales financiados bajo estas iniciativas se encuentran en el sitio Data Innovación, el cual provee de un registro desde el año 2010. A partir de la revisión de sus datos, se puede concluir que el empresariado vinífero nacional ha recibido, por lo menos, $20.906.468.311, es decir más de veinte mil millones de pesos en diez años, desde el 2012 hasta el 2022.

Particularmente, la empresa Concha y Toro figura como la mayor destinataria de dinero durante el periodo mencionado, con más de doce mil millones de pesos ($12.537.557.202) recibidos para la materialización de proyectos como un Centro de Investigación e Innovación; Implementación de sistema in-vitro de propagación masiva de clones de vid de alto interés comercial; Nuevo sistema de nutrición automática para la gestión inteligente de la calidad aromática de vinos; Viticultura de precisión para la gestión agrícola y pronóstico de cosecha utilizando inteligencia artificial; entre otros.

La entidad gremial Vinos de Chile secunda a Concha y Toro al haber recibido más de cinco mil millones de pesos ($5.015.063.418) por un proyecto para el aumento de la competitividad mediante el mejoramiento de la calidad del viñedo y la sustentabilidad y otro para el reconocimiento de buenas prácticas en el desarrollo de destinos enoturisticos de Europa para su transferencia en Chile.

La viña Santa Rita figura como la tercera entidad beneficiada con más de mil quinientos millones de pesos ($1.517.452.440) recibidos para el desarrollo de una nueva metodología para la producción de vino de graduación alcohólica controlada, así como para la valorización del orujo de uva para el desarrollo de ingredientes de alto valor, entre otras iniciativas, como lo consigna Data Innovación.

San Pedro Tarapacá es la firma que sigue a las mencionadas al haber accedido al beneficio de más de mil millones de pesos ($1.009.969.993) a través de exenciones tributarias por medio de la Ley I+D y subsidios directos. Algunas de sus iniciativas son el desarrollo de productos free wine; una misión tecnológica a España e Italia orientada a lograr mejoras continuas de procesos, calidad y optimización de los recursos para favorecer la competitividad y rentabilidad del negocio vitivinícola; entre otras.

Junto a estas entidades, Viñedos Emiliana figura con la recepción de $521.726.785; Viña Montes lo hace con $184.294.583; mientras que Santa Carolina con $120.403.890.

Utilidades y activos. Elaboración propia con información de las Memorias Anuales de las empresas mencionadas extraídas de cmfchile.cl

Para dimensionar la magnitud de los más de veinte mil millones de pesos que el empresariado vínico ha recibido desde el 2012 al 2022, se puede considerar que el INDAP (Instituto de Desarrollo Agropecuario) recibió este 2023 el presupuesto de $350.867.821.000. Proporcionalmente, representa el 5,95% del presupuesto de esta repartición pública que tiene por objetivo «promover el desarrollo económico, social y tecnológico de los pequeños productores agrícolas y campesinos…», según mandata la ley que le regula.

Vendimia, 2023. San Nicolás.

Lo que se pierde

La ausencia de un programa que convierta a la vitivinicultura como una actividad que distribuya sus beneficios económicos y productivos entre comunidades campesinas y la población que podría acceder a productos vitícolas diversos y de calidad, podría ser corregida con un plan financiado con los recursos que hasta ahora han ido a parar a beneficio de un exiguo número de accionistas.

El potencial vitivinícola del país pareciera estar secuestrado por los intereses de entidades que hacen del vino un producto estandarizado y con una calidad ya puesta en discusión por la propia Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) que, ante la modificación del Decreto N.° 78, a través de la cual «...la adición de agua se convierte en una práctica autorizada», declaró que es una «práctica no autorizada por la OIV« y agregando que «con el objetivo de resolver estas discrepancias en las diferentes legislaciones nacionales sobre la utilización del agua, que pueden ocasionar problemas comerciales, la OIV ha abordado este asunto en aras de la armonización«. En este sentido, la condición de cuarto exportador mundial de vino coloca a Chile bajo un escrutinio constante, sin embargo parece un motivo insuficiente para regular las prácticas de la industria del área.

El concepto de Denominación de Origen (DO), así como alude a lugares y sus particularidades geógraficas, remite al acervo cultural subyacente a la actividad productiva de sus habitantes. Hasta ahora, los gobiernos postdictatoriales y la clase política han optado por integrar aspectos de esta construcción de una forma parcializada, caricaturizada, desvinculada de su entramado económico y soslayando situaciones problemáticas que podrían estar determinando la subsistencia de tales comunidades, dejando una representación insultante para ellas y quienes la presencian. Junto con ello, integran a escasas personas, precisamente las necesarias para montar para divulgarlas, sin que ello impacte en la vida comunitaria.

Vendimia, 2023. San Nicolás.

Un plan de desarrollo productivo local, en el ámbito alimentario y vitivinícola, implica integrar la economía, los circuitos de subsistencia y la cultura propia de un territorio, abriendo espacios de diálogo democráticos y resolutivos, poniendo a disposición los instrumentos y recursos del Estado para la vida de los pueblos. Hasta ahora, las comunidades viñateras han planteado la necesidad que se implementen múltiples medidas orientadas a regular el uso del suelo, asegurando condiciones básicas de vida para la población, además concretar la medida que desde hace dos años demandan: la creación de una empresa estatal que compre su uva a precios que reflejen valor del vino en el mercado exportador y, junto con ello, pueda vinificar y comercializar tal producción, lo cual han denominado Cotrisa del Vino.

La materialización de esta demanda permitiría corregir una de las situaciones que determina el presente de la vitinicultura nacional: que el precio de compra de la uva a productor no cubre ni la mitad del costo de su producción, generando una debacle que anualmente se agrava más, induciendo a una cantidad creciente de campesinos a arrancar sus vides para utilizar el terreno en otra actividad o venderlo, abandonando el campo, profundizando el despoblamiento de las zonas rurales y dejándolas disponibles para cualquier negocio extractivo y degradante de tales territorios. «En la década de los 80 éramos unos 34 mil viñateros, luego el 2007 solo quedamos unos 17 mil productores y los resultados preliminares del censo 2021 son aterradores», afirmaron en una carta abierta destinada al presidente Gabriel Boric donde demandaron el establecimiento de esta Cotrisa del Vino, sin tener respuesta.