Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, forma parte de las autoridades democráticamente electas que han sido parte de los seguimientos por parte de FFAA como policías, en este caso por la PDI, según documentos derivados del hackeo al Estado Mayor Conjunto. En concreto, una actividad enmarcada en el aniversario de la nacionalización del cobre fue vigilada por personal policial durante julio de 2020, situación que motivó la condena del militante comunista, quien tachó los hechos de gravísmos y emplazó al Gobierno a «tomar cartas en el asunto y persiga a cualquiera que esté haciendo actividad ilegal con los recursos del Estado».

Por Juan Contreras Jara

Durante julio de 2020, a través de los informes 190-9, 191-9 y 192-9, la PDI siguió las actividades del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, específicamente cuando participó de un evento sobre la nacionalización del cobre efectuado en La Florida, región Metropolitana.

La actividad, realizada de forma online, fue objeto del seguimiento por parte de la PDI durante los días 9, 10 y 11 de julio de 2020, durante una jornada enmarcada en el 49 aniversario de la nacionalización del cobre, de la que, además de Jadue, también participó el economista Claudio Pérsico Paris y el doctor en física Leopoldo Soto Norambuena.

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De esta manera y tras el hackeo al Estado Mayor Conjunto de las FFAA, se vuelve a conocer del seguimiento o espionaje contra una autoridad electa democráticamente, hecho que sería ilegal, según palabras del mismo Daniel Jadue. Recordemos que en el Biobío, tanto la concejala de Concepción, Claudia Arriagada, como el consejero regional, Javier Sandoval, también fueron objeto de espionaje, eso sí, por parte de la Armada y la Agencia Nacional de Inteligencia.

En conversación con RESUMEN, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, enfatizó en que, «si así fuera, me parece de una absoluta gravedad y esto muestra que dentro de la PDI se han realizado actividades claramente ilegales y yo espero que el Gobierno tome cartas en el asunto y persiga a cualquiera que esté haciendo actividad ilegal con los recursos del Estado, con recursos que pagamos todos los chilenos. Me parece de una gravedad inaudita».

Cabe recordar que tras el hackeo a miles de correos del Estado Conjunto Mayor, reivindicado por el grupo de «hacktivistas», Guacamaya, quedaron al descubierto una serie de espionajes a organizaciones sociales, dirigentes estudiantiles, grupos literarios e incluso a pobladores y pobladoras que se organizaban en torno a ollas comunes para alimentarse durante la pandemia. 

Lo anterior reviste total gravedad para el alcalde de Recoleta, también espiado por la PDI, quien agregó que, «el Estado tiene que proteger a sus ciudadanos, sobre todo de la acción de agentes del Estado que persiguen y espían a dirigente sociales, ciudadanos comunes y corrientes, y no son capaces de perseguir el narcotráfico, no son capaces de perseguir a los delincuentes reales».

El alcalde llamó al Gobierno a «no ser cómplices a través de su silencio», de estas gravísimas situaciones de espionaje por parte de las FFAA y policías, doctrina de seguridad nacional propia de las dictaduras militares latinoamericanas cuando persiguieron a supuestos enemigos internos, que no eran más que su mismo pueblo. 

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Además de destacar las responsabilidades políticas tras los masivos espionajes a la población, Daniel Jadue apuntó a las «responsabilidades penales, porque aquí hay una clara violación de la ley».