El Salvador está atravesando una grave crisis política a causa del autoritarismo de su presidente Nayib Bukele, sus intentos de control del Congreso que incluyó el ingreso del Ejército al interior del hemiciclo en febrero de 2020 para asegurar una votación, ahora está realizando una suerte purga al interior del Poder Judicial, destituyendo jueces y fiscales que no le son afín.

Por Charly Morales Valido / Prensa Latina

El Salvador vive, aunque sus autoridades lo nieguen, una nueva crisis política: las destituciones en el aparato judicial y fiscal impuestas por la mayoría oficialista en el inicio de la legislatura 2021-2024 no solo golpearon a la débil institucionalidad de esta nación centroamericana, si no su imagen internacional.

La lectura que hace el mundo de lo ocurrido en la sesión inaugural de la nueva Asamblea Legislativa (Parlamento) es que el presidente de la República, Nayib Bukele, pretende acaparar todos los poderes del Estado, tras ganar el Ejecutivo y el Legislativo en las urnas, y apoderarse del Judicial saltándose las leyes.

Incluso la Organización de Estados Americanos, que hizo la vista gorda cuando Bukele militarizó la Asamblea en febrero de 2020, rechazó la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general, Raúl Melara, mediante procedimientos irregulares.

Naciones Unidas, la Unión Europea, observatorios internacionales de derechos humanos y hasta el gobierno de Estados Unidos, al que Bukele solía considerar su ‘socio confiable’, expresaron su preocupación por la violación del principio de separación de poderes, y la falta de independencia del sistema judicial.

Por su parte, tanto Bukele como sus diputados y sus simpatizantes alegan que esta suerte de purga les fue encomendada por el pueblo, que votó masivamente por el cambio tanto en las presidenciales de 2019 como en febrero pasado, cuando el oficialismo aseguró 64 de los 84 curules de la Asamblea.

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‘El pueblo no nos mandó a negociar. Se van. Todos’, recalcó Bukele en su cuenta en la red social Twitter, desde donde le advirtió a la comunidad internacional que lo que pase en El Salvador no era de su incumbencia.

Sin embargo, diversas voces dentro de la sociedad civil no creen que el cambio reclamado en las urnas fuera para que los recién llegados replicaran vicios de antaño, e hicieran y deshicieran a conveniencia, en nombre de ‘el pueblo’.

Analistas de reconocida objetividad, como la consultora política Nayda Acevedo, hicieron notar que nadie garantizará que los nuevos magistrados y funcionarios que lleguen no responderán a los intereses de quienes los nombraron.

Por lo pronto, todo indica que el oficialismo irá ahora por la actual Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Corte de Cuentas, la Procuraduría General de la República y el Tribunal Supremo Electoral, los cuales son de los pocos mecanismos que aún plantean un contrapeso democrático en este país.

A su vez, los llamados a la movilización popular no han calado demasiado en una ciudadanía dividida entre quienes están más preocupados por la supervivencia cotidiana, y aquellos que supone que con Bukele están haciendo historia.