Por Silvio Cuneo, Abogado y académico Universidad Central (UCEN)

Sin calculadora en mano, la preferencia por el voto obligatorio o voluntario debe responder más a razones de principios que a una pura conveniencia electoral momentánea. Yo, personalmente, creo en la democracia y en el voto voluntario principalmente por dos razones.

Primeramente, porque las sanciones y penas deben ser excepcionales y sólo pueden justificarse en casos de cierta gravedad y el no votar (por desincentivo, aburrimiento o convicción) no debe, en una democracia ideal, traducirse en una sanción. Lo contrario sería entender que el autoritarismo sancionatorio es compatible con el ideal democrático, cuestión con la que no estoy de acuerdo. Además, como enseña la experiencia, las sanciones, y especialmente las multas, dañan mucho más a quienes menos tienen.

Por otra parte, la justa crisis institucional que vivimos y la pésima evaluación de muchas instituciones hacen más lícito que nunca abrazar idearios de apatía apolítica y una justa voluntad de no querer otorgar legitimidad a un sistema que más que representar a las personas busca ser funcional a grupos económicos poderosos y a la mantención del statu quo.

Lo que está detrás de esta discusión es la pregunta de si el estado tiene la facultad, poder o autoridad moral para obligar a ciudadanas y ciudadanos a realizar esta carga, que puede ir contra su propia voluntad. Normalmente la defensa del voto obligatorio se sustenta en justificaciones utilitarias muy discutibles. Por otro lado, no participar en una elección también es una manifestación de preferencia, una muestra de desinterés y de castigo que igualmente es absolutamente lícito.

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Estudios realizados en el King’s College of London han concluido que el voto obligatorio no mejora el conocimiento de los votantes ni genera un aumento de interés político. Es decir, la obligatoriedad del sufragio y la multa para quien no vote no supone per se una decisión más informada.

Lo que se requiere es crear espacios informativos, mejorar en la difusión de conocimientos y fomentar la educación cívica. Además, la creación de mecanismos de democracia deliberativa, el incentivo para que la gente pueda unirse, promover ideas y discutir sobre éstas son cosas que pueden mejorar la participación sin la amenaza punitiva del Estado.

Una reciente indagación realizada por Ciperchile evidencia que residentes de comunas populares votaron, en el pasado plebiscito, en gran medida basados en fake news sin entender el real significado de su voto. Si bien no se trata de una medición estadística, los testimonios del estudio citado dan cuenta de un problema grave que dice relación con la ignorancia y los efectos de las noticias falsas. Por lo mismo, si queremos votantes informados, la tarea debe ser la de educar e informar y no la de sancionar a quien no vota.

El voto obligatorio, cuál derecho-deber, facilita la tarea de candidatos y partidos políticos que no tendrán que convencer a un elevado número de votantes para ver legitimadas sus propuestas y programas. Asimismo, grandes números de participación pueden otorgar una falsa imagen de credibilidad a un sistema político en evidente crisis y a políticos de ética cuestionable.

En conclusión, es fundamental una mayor labor informativa, tendiente tanto a explicar el efecto del voto como a desmentir falsas noticias y no a la amenaza sancionatoria para quien decida no votar, porque poco mejoramos con muchos votos si mantenemos a las y los votantes interesadamente desinformados, en especial en momentos en los cuales Chile transita por un proceso constituyente.