[resumen.cl] El pasado lunes 13 de mayo, se realizó en Curanilahue la audiencia de preparación de juicio oral ante la querella por usurpación de tierras recibida por 2 integrantes de la recuperación territorial Mundo Nuevo. La querella fue interpuesta por Forestal Arauco, empresa que mantiene la mayoritaria parte de la propiedad de la tierra en la zona y extensos predios para explotar en toda la cordillera de Nahuelbuta y otras regiones. Desde la defensa apuntaron a la legitimidad histórica de los campesinos y campesinas a habitar las tierras que les fueron arrebatadas violentamente por la dictadura y entregadas al negocio forestal.
Varias decenas de familias se establecieron a finales de enero de 2018 en el fundo Mundo Nuevo en la comuna de Curanilahue para recuperar los terrenos que les fueron arrebatados por fuerzas militares. Hoy, luego de la brutal destrucción del bosque nativo de la Cordillera de Nahuelbuta y el cruel despojo de la comunidad campesina de la zona, han vuelto para volver a cultivar la tierra y subsistir.
A la salida de la audiencia en el Juzgado de Garantía y Letras de Curanilahue, integrantes de la cooperativa, su presidente y el abogado que les acompaña, explicaron sus impresiones acerca de esta a Curanilahue Nuestro Territorio.
El abogado Pablo Ortega, defensor de quienes están siendo imputados, señaló que en la audiencia se determinó la exclusión de pruebas. «Lamentamos que el juzgado haya dado lugar a todo lo que pidió la parte querellante, en este caso Forestal Arauco» . Desde la defensa señalaron que confían «en que ambos imputados sean absueltos, porque si bien los títulos no están absolutamente saneados o claros, si existen claros antecedentes que mis representados tienen derecho sobre las tierras que ocupan y sobre las cuales están viviendo» destacó
El abogado apuntó a que este es un juicio emblemático en la Provincia de Arauco ante el desplazamiento histórico de miles de campesinos en favor de las grandes forestales, con el amparo de la dictadura cívico militar presidida por Pinochet.
Cabe recordar que en diciembre de 2018 el máximo espacio resolutivo de la institución diplomática internacional, la Asamblea General de las Naciones Unidas número 73 había adoptado oficialmente la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de la población campesina y las personas que trabajan en zonas rurales. De esta forma, la propiedad de la tierra en manos de quienes la trabajan, el derecho a recuperar las tierras usurpadas por Estados o empresas, potenciar los métodos limpios y seguros de producción de alimentos, ayudar en el combate contra el hambre, asegurar la protección de las semillas, de la cultura campesina, y de los pueblos originarios, serán algunos de los temas tratados y que deberán ser implementados en los próximos años.
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Pablo Ortega señaló que «lo más dramático es que el inicio y el origen de todo esto está dado por un desplazamiento forzado que es un crimen contra la humanidad que fue realizado en contra de los campesinos en plena dictadura y con fuerzas militares, entonces hay un caso claro y concreto de violación gravísima de derechos humanos y eventualmente un crimen contra la humanidad en función de favorecer a los intereses de las grandes empresas».
En 2007, según el Censo forestal y agropecuario de la propia CONAF un 82% de la superficie total de la comuna de Curanilahue (100.572 hectáreas) 82.056 hectáreas corresponden a plantaciones de monocultivos forestales.
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Por su parte, el presidente del Sindicato Campesino, Miguel Castillo indicó que los integrantes de la recuperación son principalmente adultos mayores «vivientes del fundo y herederos del fundo, no solamente por papeles sino por justicia, por verdad». El dirigente recalcó que esta podría ser la última oportunidad de que la gente logre recuperar sus tierras y las pueda tener a a su nombre. «Debiéramos tener una recompensa después de tantos años» señaló.
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«Pedimos ayuda a todo aquel que quiera unirse a nuestra causa» señaló Miguel Castillo anunciando también que este próximo 18 de julio ya tendrán el juicio para afrontar la querella por usurpación de tierras que recibieron de parte de la empresa Forestal Arauco.