Los accesos a Bocamina II siguen bloqueados por trabajadores subcontratados que han exigido la realización de exámenes médicos y tener mayores antecedentes de su futuro laboral ante un inminente cierre de la central a fines de mayo. Por su parte, la empresa agudizó su intransigencia a través de la interposición de acciones legales.

Por J. Arroyo Olea

Casi dos semanas cumplen las protestas de trabajadores subcontratados de Bocamina II en Coronel, quienes se han manifestado exigiendo la realización de exámenes médicos por parte de la empresa Enel para conocer su situación de salud tras años de exposición a agentes contaminantes y estando prontos al cierre de la central termoeléctrica.

A esto se suma el reciente inicio de una huelga de hambre por uno de los trabajadores al interior de la central , movilización que también considera la negociación justa de una salida ante el cierre programado que se haría efectivos a fines del próximo mes.

Pese a las exigencias de los trabajadores, la empresa no ha transado en dar respuesta. Es más, recientemente Diario Financiero informó que la empresa de capitales italianos recurrió a acciones judiciales «para solicitar que se adopten con urgencia las medidas para garantizar el orden público», además de referirse al suministro eléctrico de la población.

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El mismo medio recoge los dichos de James Lee Stancampiano, gerente general de Enel Generación, quién trató de intransigentes a los trabajadores movilizados, señalando que «la situación está completamente fuera de control y exige otro tipo de medidas» apelando a que el complejo habría quedado sin presencia de guardias de seguridad.

En la misma línea, Enel categorizó como «actuar delictual» las acciones que han pretendido instalar las demandas de los trabajadores subcontratados. Sin embargo, no ha asumido su rol en el conflicto; por el contrario, indicó que mediante la Estrategia de Transición Energética, recoge DF, el Estado es quien «adquirió el compromiso de gestionar el fomento al empleo, intermediación laboral».