Una contundente exposición efectuaron representantes de organizaciones viñateras del país en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile el pasado lunes 11 marzo. Nuvia Ortiz, Seferina de Riquelme y Yenny Llanos explicaron diversos perjuicios que sufren como productoras de vino y uva, ante la ausencia de control para con el oligopsonio dominado por viñas Concha y Toro, San Pedro y Santa Rita.

Aniceto Hevia

Explicaron que desde hace más de una década, los precios cancelados por su uva son inferiores a los costos de su producción, sin que se hayan implementado medidas que, al menos, establecieran un precio de compra de materia prima coherente y proporcional al valor de las exportaciones que realiza el gran empresariado vinífero, el cual se ha valido de estos ínfimos precios para su exponencial capitalización.

Las exportaciones de vino chileno se han decuplicado entre 1990 y 2021. El pasado 2022, las empresas viníferas nacionales colocaron a Chile en el cuarto lugar mundial de exportación de vino con la estrategia de venderlo bajo el precio promedio de comercialización en diversas naciones. Casos ilustrativos de este incremento comercial son Concha y Toro, que octuplicó sus activos desde el año 2000 hasta el 2022, o Viña San Pedro Tarapacá que cuadruplicó sus activos en el mismo periodo.

Nuvia Ortiz, viñatera de San Nicolás, región de 'uble, enfatizó su denuncia en la elaboración de «cócteles de vino», «vino dulce» y productos similares. Estos productos, fabricados por grandes empresas viníferas, serían comercializados como vino, cuando tienen mucho menos grados alcohólicos que los 11,5 GL necesarios para que tales bebidas puedan ser consideradas como tal.

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Yenny Llanos puso el acento en la amplitud y gravedad del problema, afectando a productores de más de cien hectáreas de viñas y a quienes poseen escasa superficie de ellas, entre la región del Biobío y Valparaíso. «Aquí están aumentando los fraudes… por mezcla de uva de mesa (en el vino) tenemos entre 250 y 300 millones de litros, que representan entre un 25% o 30% de la producción nacional, tenemos fraudes por agua [adicionada al vino] por al menos unos cien millones de litros», aseveró. Seguidamente, retomando la denuncia de Nuvia Ortiz, puntualizó que los productos mencionados se están facturando como vino, lo cual constituiría una ilegalidad. Añadiendo que todas estas situaciones han sido denunciadas al SAG, sin que la institución haya implementado acciones tendientes a corregirlas y sancionarlas.

Para Yenny Llanos, estos hechos revisten una gravedad que excede la situación de los y las productores, pues muchos de estos productos de inferior graduación alcohólica, con agua adicionada y/o con mezcla de uva de mesa en la vinificación, se están exportando, poniendo en riesgo la imagen de la industria del vino chileno a nivel internacional.

Finalmente, sentenció que según el último censo agropecuario válido de 2017, «eramos 17 pymes viñateras, y con suerte vamos quedando ocho mil o diez mil, y tenemos menos hectáreas, porque la industria se tornó inviable», añadiendo que la gravedad de estos hechos amerita una sesión especial.

Por su parte, Seferina Riquelme describió algunos de factores que componen los costos de producción de uva, evidenciando que el precio de su compra es insuficiente para cubrirlos, también recordó gestiones infructuosas que han realizado, entregando comunicaciones a autoridades como el Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, o al Presidente, Gabriel Boric, sin recibir contestación.