[resumen.cl] El Consejo para la Transparencia sancionó a la exsubsecretaria de Salud y actual vocera del comando de Kast, Paula Daza, al exsubsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac y al Subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli por denegación infundada y reiterada de la entrega información solicitada vía Ley de Transparencia.
"En plena pandemia y estallido social, respetar derechos fundamentales como el derecho de acceso a la información es clave, esto lo ha establecido la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su primera resolución en marzo de 2020 a propósito de derechos fundamentales y estados de excepción", afirmó la presidenta del Consejo, Gloria de la Fuente, tras difundirse detalles de las decisiones respecto de ambas subsecretarias de salud y del Interior.
Daza fue sancionada con sumas que alcanzaría un 75% de su remuneración promedio anual; en tanto a Dougnac, la sanción alcanzaría el 65%; Galli por su parte, fue sancionado solo con el 30% de su remuneración promedio por las mismas causales, a partir de la verificación de entregas de información fuera de plazo o solicitudes en las que no se entregó lo requerido.
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Según detalló el CPLT, en el caso de las dos subsecretarias de salud, el Consejo impulsó dos procedimientos sancionatorios, iniciados a mediados de 2021. De ellos derivarían dos sanciones aplicables a la remuneración promedio anual en el caso de la subsecretaria Daza: una por un 45% y otra por un 30%. En tanto, una investigación sumaria estableció una sanción por un 30% de la remuneración promedio anual del subsecretario de Redes Asistenciales y un sumario administrativo derivó en una por un 35% de la remuneración promedio anual.
Se estableció que en los tres casos se pudo evidenciar que se habría entorpecido y dilatado el procedimiento de acceso a la información pública, por falta de respuesta en la forma y plazos señalados en la Ley de Transparencia, ante requerimientos realizados al servicio.
En los tres casos, las sanciones recaen además en otros funcionarios de los servicios. En el caso de Interior en el jefe de la División Jurídica y en el jefe del Departamento de Extranjería y Migración, a los que también se les aplicará el descuento de un 30% de la remuneración mensualizada. Eso si, todavía existe la posibilidad de que los inculpados en los procedimientos sumarios impulsados por el CPLT puedan presentar recursos de reposición.
Desde el Consejo apuntaron a que sus pronunciamientos se enmarcan en una decidida línea de acción de esta entidad orientada al ejercicio de su facultad fiscalizadora y sancionadora, ante evidencia de eventuales incumplimientos a la Ley de Transparencia y en defensa de un derecho humano como el acceso a información de organismos del Estado.