"El patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer, y nuestro castigo, es la violencia que ya ves(...)"

Por Valentina Luza

Frente a la negación de la solicitud de prisión preventiva para Martín Pradenas Durr y la desestimación por prescripción de los otros cuatro delitos de violencia sexual, se desató una ola de reacciones inmediatas desde las organizaciones feministas y mujeres del país. El día de ayer fue crucial: una extensa jornada de audiencia que decidiría, incluso de forma simbólica, cómo actúa la justicia frente a todas las mujeres agredidas sexualmente.

Si bien, sólo se trataba de una formalización, muchas mujeres seguían atentas la trasmisión vía Zoom, con garganta y corazón en mano. Todas sabíamos muy en el fondo, que Antonia representaba lo que alguna de nosotras vivió alguna vez, una re victimización que significa revivir también todo un proceso traumático.

Manifestantes exigen justicia para Antonia Barra en Plaza Tribunales de Concepción el 22 de julio de 2020

El caso de Antonia Barra es la extensión de la incompetencia y la complicidad de todo un sistema estructural que violenta a las mujeres; quienes, denunciando, declarando, contando su vivencia, son castigadas doblemente con una justicia que, en vez de generar protección, duda de sus relatos, y deja impune a los agresores y violadores.

En una investigación titulada Violencia extrema hacia las mujeres en Chile (2018) publicada por la Red Chilena Contra la violencia hacia las mujeres se habla sobre el concepto de "suicidio femicida" aún no muy reconocido en Chile. Este plantea la estrecha relación de la violencia psíquica hacia las mujeres que las apunta a decidir, en muchas ocasiones acabar con su vida, sustentada en una serie de respuestas sistemáticas que las empuja hacia un espiral de desesperación.

El estudio señala que un 16% de las mujeres que se suicidaron en Chile entre 2010 y 2012 habían interpuesto denuncias por violencia de género: agresiones sexuales, abuso psicológico, hostigamiento, hasta amenazas de muerte. También se consideraron aquellas mujeres que "se suicidan agobiadas por la impunidad, la re victimización y la negligencia de las instituciones encargadas de su protección".

El Salvador, es el único lugar en Latinoamérica -y, según la ONU, posiblemente del mundo- que tipifica el suicidio feminicida como un delito, sancionable con cinco a siete años de prisión. Aquí el concepto jurídico ha sido elogiado por organizaciones, que consideran la acción como un ejemplo de progreso en la creación de leyes con enfoque de género. La pregunta que ahora muchas mujeres se hacen una y otra vez es: ¿sirve denunciar en una justicia que se guía de normativas patriarcales?

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Durante casi seis horas se leyeron las declaraciones de agresiones sexuales y violación de Pradenas. Su víctima más joven, una preadolescente de 13 años, el modus operandi: aprovecharse de si estado de vulnerabilidad; tal cual el himno de las Tesis que resuena con fuerza: «y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía».

La lectura valió su extensión por los otros cuatro casos , exceptuando el de Antonia,  que fueron prescritos, es decir, no tomados en la formalización final del juez, dado que existía mucho tiempo desde el suceso, hasta la denuncia, y esto significaba "falta de pruebas materiales". Esta también es otra disyuntiva que las mujeres viven al denunciar. No es solo "no lo haré porque no me van a creer", sino "ya pasó mucho tiempo, no servirá de nada".

Gaspar Calderón, el abogado de Pradenas, baso su defensoría en un ataque directo hacia Antonia, con frases que responden a la naturalización de una narrativa patriarcal que subyuga hasta lo más íntimo de las víctimas: "no estaba en muy buen estado/ seguramente se sentía sucia porque recordó lo que hizo/no se visualiza resistencia, por lo tanto no es violación/la perspectiva de género es lo más alejado a la verdad judicial" son algunas de las frases que el abogado expresó en la audiencia.

ABOFEM por su lado, la organización de abogadas feministas, expresó la necesidad de una perspectiva de género en la justicia, quien arremete y crea las extensiones que se pueden lograr en una sociedad -aún- patriarcal. La Dra. Ximena Gauche, académica de la Universidad de Concepción, por otro lado, mencionó sobre los alcances de la incorporación de la perspectiva de género, que esta debe remover los estereotipos socioculturales que afectan también lo normativo.

Esto quiere decir que los estereotipos, siendo barreras socioculturales, tienen alcance normativo: pueden afectar lo jurídico eventualmente determinando la interpretación de la realidad que se discute en un proceso judicial. Esta es una batalla que todavía falta por conquistar en la calles, apuntar hacia las  instituciones para que se re-estructuren en concordancia a los procesos sociales.

Parece increíble vivir en un país donde las sanciones y medidas cautelares son más altas para quien quebranta una cuarentena, o rompe un torniquete, que para quién es acusado de violación. Mientras exista la impunidad para los agresores y violadores, las calles se seguirán llenando con la rabia acumulada de los años por las mujeres que han sobrevivido a una violencia desmedida, una violencia estructural, cultural y judicial, potenciadas también por la fuerza de todas las que ya no están.