Por: Robinson Silva Hidalgo

Este domingo 21 una de las imágenes preocupantes fueron las largas filas en los diversos locales de votación, impidiendo el derecho al sufragio a miles de personas. Esto debiera abrir muchas críticas, pues la discusión en el Congreso respecto a modificaciones relativas a cuestiones como la accesibilidad y modernización del voto se resolvió favorablemente y aun así, los problemas continúan.

Tal vez de los temas menos debatidos es la estructura y gestión del Servicio electoral (SERVEL), una repartición dependiente del gobierno y que desde marzo del presente año es comandada por Andrés Tagle, un militante de la pinochetista UDI ¿Por qué debemos confiar los procesos electorales a un servicio cuoteado políticamente, más si se conoce la estrecha relación entre el corrupto empresariado neoliberal y la política tradicional?

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Pues bien, vayamos al análisis, uno de los factores que complica las elecciones y hace que la participación no supere el 50% tienen que ver con la pésima creación y gestión de los padrones electorales, es decir, la distribución de las y los electores y que indica en que mesa y colegio se debe votar. Esto fue analizado en el Congreso nacional durante este último período, modificando la ley 18.700 de elecciones populares y escrutinio. Todo ello relentizado por la desidia del SERVEL y la nunca bien ponderada tarea del Tribunal Constitucional. Veamos.

En efecto, durante el mes de agosto se finalizó el trámite legislativo y las modificaciones mandaban la georreferenciación, lo que significa que el padrón debe ubicar a las personas en la mesa y local más cercano a su domicilio, evitando traslados y aglomeraciones en una importante cuota. Pues bien, esto no se produjo y los problemas en generar condiciones adecuadas para los electores sigue siendo una cuenta pendiente.

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La nueva ley cambia el modelo electoral, primero adscribiendo a las personas al local de votación, para luego generar las mesas. La nueva ley también norma la gratuidad de la locomoción el día de las elecciones y genera nuevas formas de designación de vocales.

Como señala la página del Senado de la República, estos cambios debían entrar en vigor para estas elecciones: "se espera que la norma comience a regir en las próximas elecciones de noviembre, para lo que el Servicio Electoral, SERVEL, ya se encuentra trabajando para tener una georreferenciación que tenga como criterio la cercanía al domicilio electoral como factor para la asignación de locales de votación en las elecciones y plebiscitos". Entonces, ¿qué pasó?

Una vez más nos encontramos con otro esperpento pinochetista, el Tribunal Constitucional, el que está detrás de las cortapisas a las profundizaciones del sistema electoral. En septiembre último el ente aún no cursaba la tramitación, dejando que se cumplieran los 60 días antes de los comicios para que, simplemente, no se pudiera aplicar la nueva ley. Con todo ello se provoca una lejanía y cansancio respecto a la política, potenciado por figuras e instituciones de ultraderecha y que debe hacernos pensar antes de cualquier lujito roteador, que siempre responsabiliza a los pobres por su "falta de compromiso", olvidando a los verdaderos causantes de la baja participación.

Pésimo servicio del SERVEL y el Tribunal Constitucional, aquí se debe apuntar cuando se critique al pueblo, no le pidamos sacrificios a un poblador de campamento o una señora mayor cuando las instituciones no dan el ancho.