[resumen.cl] El grupo estadounidense de consumidores Public Citizen reveló este martes que la farmacéutica norteamericana Pfizer utiliza su vacuna anti Covid-19, desarrollada junto a la alemana BioNTech, para realizar contratos con los gobiernos para imponer sus arbitrarias condiciones, como comprometer silencios y maximizar sus utilidades, como por ejemplo, la prohibición a Estados que compren su vacuna de realizar donaciones, a pesar de vivir la crisis sanitaria más importante de los últimos 100 años.

Public Citizen analizó los contratos de Pfizer con Brasil, Chile y Colombia, entre otros países para concluir que estos «ofrecen un vistazo poco común al poder que una corporación farmacéutica ha obtenido para silenciar a los gobiernos, acelerar el suministro, traspasar el riesgo y maximizar las ganancias durante la peor crisis de salud pública en un siglo», apuntando que en base a los acuerdos que «el dominio de Pfizer sobre los países soberanos plantea desafíos fundamentales para la respuesta a la pandemia», una vacuna que cabe recordar, se produjo en base a investigaciones realizadas con fondos públicos.

También puedes leer | ¿Y la transparencia?: Minsal y AstraZeneca se oponen a revelar convenios de vacunas contra la Covid-19

En el caso de Brasil, el contrato prohíbe a las autoridades hacer «cualquier anuncio público» sobre las condiciones de éste, así como el impedimento de realizar donaciones a otros países o comprar vacunas de esta empresa a otros países, sin el permiso de la farmacéutica.

Asimismo, farmacéutica norteamericana solicitó también que al menos cuatro países «indemnicen, defiendan y mantengan indemne a Pfizer» de cualquier tipo de demandas, daños y costos relacionados con la propiedad intelectual de la vacuna.

En el caso de Chile, Perú, Colombia, República Dominicana y el mismo Brasil, el contrato señala que «expresa e irrevocablemente renuncian a cualquier derecho a inmunidad» que ellos o sus activos pueden tener en el futuro, así como inmunidad contra la incautación preventiva de sus activos.

En caso de disputas en tribunales de arbitraje, Pfizer puede cambiar los términos de las decisiones clave, incluidas las fechas de entrega y exigir activos públicos como garantía.

Ante esta información la vocera de la compañía, Sharon Castillo, declaró al Washington Post que Pfizer «no ha interferido y absolutamente no tiene intención de interferir en cualquier activo diplomático, militar o cultural significativo de cualquier país».

También, la compañía puede cambiar la fecha de suministro de su fármaco. «En virtud de la gran mayoría de contratos, los intereses de Pfizer van primero», indicó Public Citizen, agregando «el dominio de Pfizer sobre los países soberanos plantea desafíos fundamentales para la respuesta a la pandemia».

Te puede interesar | Cuba supera a Chile en personas alcanzadas por programa de vacunación contra la Covid-19

En su informe, Public Citizen pidió al gobierno estadounidense que obligue a la compañía a adoptar un enfoque diferente, que incluye exigir a la empresa que comparta tecnología y así contribuya a «equilibrar la balanza».

La vacuna Pfizer-BioNTech, cuya efectividad está demostrada, es una de las más aplicadas alrededor y cuenta con más de 3,5 mil millones de dosis vendidas, una cifra que podría duplicarse en 2022, según las proyecciones.

La información pone entredicho el sometimiento de Estados débiles ante megacorporaciones que imponen sus condiciones mercantiles ante una necesidad urgente como lo es la vacunación en medio de la pandemia.

Caso contrario es lo que ocurrió en Cuba, que haciendo uso de su soberanía sanitaria, desarrolló sus propias vacunas – Soberana 02 y Abdala- con las que ya ha inoculado al 84% de su población (57% con esquema completo), sin depender de ninguna exigencia de países extranjeros o empresas farmacéuticas.