En La Araucanía, la proliferación de denuncias de casos de violencia sexual vinculados a autoridades municipales revela una preocupante situación de violencia de género basada en la relación asimétrica de poder en los gobiernos locales. La Fiscalía Regional informa de al menos siete alcaldes y funcionarios directivos de municipalidades que han sido investigados en los últimos años por estos delitos de connotación sexual. A medida que se revelan más casos, también es importante centrar la atención en la compleja situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las denunciantes, que se producen por las marcadas brechas de género y riesgos de seguridad económica que sufren las mujeres de la región.

Por Michelle Martínez 

La semana pasada, la Fiscalía Regional de La Araucanía informó de la formalización de Alfonso Coke Candia, alcalde de Cunco, tras encontrarse como imputado desde 2021 por los delitos de índole sexual. Las presuntas agresiones fueron denunciadas por cuatro ex funcionarias del municipio que dirige el edil.

El caso de Cunco se viene a sumar a la seguidilla de denunciantes de distintas municipalidades de La Araucanía en que se han visto expuestas una serie de graves acusaciones de violencia sexual que tienen como víctimas, en su mayoría, a funcionarias municipales. Al mismo tiempo, de estas denuncias se destaca que son alcaldes y altos cargos al interior de las instituciones quienes se mantienen investigados por el Ministerio Público.

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De acuerdo a lo indicado por el Ministerio Público a Resumen, en los últimos años al menos siete alcaldes y funcionarios directivos de los municipios de la Araucanía han sido investigados por hechos relativos a violencia sexual. De estos casos, cinco continúan en proceso de investigación y hasta la fecha, solo uno ha llegado a una condena a firme, mientras que el restante fue desestimado por el órgano persecutor al considerar que faltaban antecedentes imputables.

Roberto Garrido, procurador de la Fiscalía Regional de La Araucanía, en un reciente punto de prensa se refirió a la serie de casos investigados en las distintas comunas de región, detectando algunos patrones en las vulneraciones denunciadas.

«Hemos iniciado desde hace algún tiempo investigaciones que involucran a alcaldes y a funcionarios municipales importantes dentro de la estructura de la organización municipal. Lo que hemos podido detectar, es que normalmente las víctimas son personas en una situación de vulnerabilidad, ya sea porque trabajan en la misma institución, o dependen de alguna manera de ella, o porque se acercan a estas autoridades también con el propósito de poder acceder a algún beneficio» declara el fiscal.

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A esto cabe agregar que, «esta disparidad que existe, entre el imputado o persona denunciada y quienes han formulado las denuncias, es un factor que influye, primero, en el tiempo en que se formulan estas denuncias. Normalmente, transcurre un tiempo importante hasta que se deciden a denunciar. Hay también una situación de temor o de presión hacia ellas, por lo que es necesario hacer un trabajo delicado».

El hallazgo que advierte el fiscal de la novena región, permite develar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las denunciantes, las cuales se han visto expuestas a distintos riesgos latentes o patente, que se tejen entre el complejo escenario de la seguridad económica de las mujeres afectadas y la manera en que la institucionalidad reacciona frente a la violencia sexual en contextos laborales.

Denuncias de violencia sexual al interior de los municipios de La Araucanía

A partir de la información compartida a Resumen por la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM) Wallmapu y la Fiscalía Regional de La Araucanía, se realizó una línea de tiempo de los siete casos de violencia sexual que mantienen en calidad de victimarios a alcaldes y directivos de municipalidades de La Araucanía. Los datos compartidos por las instituciones se basan en los relatos de las víctimas de los casos y en los antecedentes expuestos en las audiencias.

– Juan Carlos Reinao, alcalde de Renaico

Se encuentra imputado por una serie de casos de violencia sexual que datan desde 2006 hasta 2020, los cuales se han investigado a partir de la denuncia de seis víctimas, siendo dos de ellas menores de edad al momento de cometerse las agresiones. Dentro de las vulneraciones que se le imputan, se incluyen los delitos de violación, abuso sexual e inducción al aborto.

La primera denuncia vinculada a los hechos investigados fue iniciada hace más de una década, sin embargo, pese a los extensos tiempos de investigación, en septiembre de este año se decide anunciar la formalización del jefe comunal. Después de darse a la fuga en medio de las audiencias de noviembre, Reinao actualmente se encuentra en prisión preventiva. Además de las investigaciones que se encuentran en curso, como antecedentes existen las dos condenas del alcalde por acoso sexual dictadas en 2022 y 2023, siendo estas condenas emitidas por el Tribunal Laboral de Angol en 2022 y el Juzgado del Trabajo en 2023 de acuerdo a lo informado por Fiscalía Regional.

– Alfonso Coke Candia, alcalde de Cunco

El pasado 13 de diciembre, la Fiscalía Regional de La Araucanía fijó la fecha de la audiencia de formalización al jefe comunal de Cunco, quien se encuentra acusado de abusar sexualmente de cuatro funcionarias de la municipalidad de la comuna. Los hechos serían indagados a partir del ingreso de la querella contra el alcalde el 9 de diciembre 2021 tras el intento de suicidio de una de las trabajadoras.

En relación con lo compartido por la defensa de las víctimas, los abusos denunciados se realizaron en distintos periodos ubicados entre los años de 2013 y 2020. La audiencia de formalización, según lo confirmado por la Fiscalía Regional, se encuentra agendada para el 30 de enero de 2024.

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– Javier Jaramillo Soto, alcalde de Victoria

En febrero de 2023, se anunció la primera querella en contra del edil de Victoria por abusos sexuales cometidos en perjuicio de una funcionaria, los cuales habrían ocurrido entre 2018 y 2019. Más tarde, a las acusaciones se le sumaría una segunda denuncia ingresada por Claudia Astete, trabajadora del Programa de la Mujer del municipio, la cual en noviembre declaró a los medios ser una de las denunciantes y, en conversaciones con Mega, afirmó ser víctima de tres abusos sexuales y una violación, ocurriendo estos hechos entre 2016 y 2019.

Por su parte, la primera funcionaria, en un reportaje de Canal 13, declaró que en 2022 se encontraría desvinculada del municipio tras denunciar al edil en 2021. En la actualidad, la investigación de las dos querellas se encuentra sin formalizar conforme a lo compartido por la Fiscalía Regional, ya que la institución está a la espera de los resultados de los informes policiales.

– Luis Huirilef Barra, alcalde de Cholchol

Durante agosto de 2019, se dio a conocer a los medios las acusaciones realizadas por dos ex funcionarias de la municipalidad de Cholchol en contra del jefe comunal por los delitos de violación y abuso sexual, ocurriendo presuntamente estos hechos en 2018. Tras cuatro años de investigación, en noviembre de este año la Fiscalía Regional informó su decisión de no perseverar con esta causa. ABOFEM Wallmapu, por otro lado, asegura que las acusaciones continúan siendo un antecedente importante pese a la decisión de la Fiscalía, debido a que las víctimas no contaron con las pruebas suficientes para seguir con el caso, lo que no implica que las vulneraciones acusadas no hayan ocurrido.

– Faustino Parra Aravena, director del Departamento de Salud Municipal de Angol

De acuerdo con lo establecido por el Tribunal de Garantía de Angol, Parra fue formalizado durante junio de este año tras ser acusado de abusar sexualmente en dos oportunidades a una funcionaria del Departamento de Educación Municipal (DAEM) de la comuna, entre los periodos de 2019 y 2021. A mediados de 2023, se decretó que se aplicaría como medida cautelar el arresto domiciliario total hasta el cierre de la investigación.

Como antecedente, se conoce que en 2022 al jefe de la división se le ingresó una sanción administrativa producto de los hechos denunciados en la actualidad, siendo esta medida levantada por decisión del mismo municipio de acuerdo a lo expuesto por funcionarias del departamento a medios locales.

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– Raúl Schifferli Diaz, ex alcalde de Lautaro

El 7 de octubre de 2022, el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Temuco confirmó la sentencia del ex edil de Lautaro por el delito de abuso sexual, tras agredir a una ex funcionaria municipal de 29 años durante junio de 2020 en dicha comuna. Los hechos denunciados ocurrieron cuando la víctima acudió al alcalde para solicitar ayuda económica en contexto de pandemia. La sentencia fue ratificada por la Corte Suprema, luego de rechazar el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del condenado.

En la actualidad, el ex alcalde se encuentra cumpliendo la pena de cuatro años de presidio menor, en su grado máximo, en libertad vigilada. Lo anterior implica que el ex jefe comunal puede movilizarse en espacios públicos, teniendo como medidas sancionatorias el sometimiento al control de gendarmes, además de la restricción de acercamiento a la víctima. En el dictamen, se incluyó la inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de condena.

– Daniel Valencia Cifuentes, ex jefe de gabinete del alcalde de Collipulli

Según lo informado por Fiscalía Regional, Daniel Valencia se encuentra actualmente en prisión preventiva tras ser formalizado el 11 de agosto de este año por los delitos de violación y abuso sexual, siendo estas agresiones denunciadas por una guardia del municipio. Según el testimonio compartido por Violeta Fuentes, la víctima de las agresiones, al medio "La voz de los que sobran", los hechos denunciados ocurrieron el 12 de abril del presente año en las inmediaciones de la municipalidad, después de que el funcionario llegó en estado de ebriedad al establecimiento durante el turno nocturno de la afectada. En línea con los procesos actuales de investigación, el mismo medio difundió que cerca de seis funcionarias de la municipalidad han realizado denuncias por hostigamiento laboral y violencia de género en la institución.

Las vivencias de las denunciantes y la institucionalidad

Desde noviembre, el Ministerio Público ha dado a conocer los avances en la investigación de dos alcaldes de comunas de la novena región: Alfonso Coke Candia y Juan Carlos Reinao, quienes ejercen como ediles de Cunco y Renaico, respectivamente.

El caso de Juan Carlos Reinao ha sido uno de los más complejos del último tiempo, debido a la larga data de agresiones sexuales que habría presuntamente cometido el edil en contra de seis mujeres entre los años 2006 al 2020. A esto, se suma el antecedente de que dos menores de edad se encontraron involucradas como víctimas de estas vulneraciones. Juan Carlos Reinao ha sido alcalde de Renaico por más de 11 años y ha participado en distintos espacios políticos. Actualmente, es presidente de la Asociación de Municipalidades Con Alcalde Mapuche (AMCAM) e integrante de la Asociación de Municipalidades de la Región de la Araucanía (AMRA).

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Tamara Medina, una de las víctimas, declara a Resumen su testimonio como denunciante de Reinao. Entre las vejaciones de las que explica que fue víctima, se incluye el abuso sexual, la violación y la inducción al aborto, ocurriendo estas vulneraciones en repetidas ocasiones durante un año tenienda apenas 16 años. Ahora, con 24 años de edad, se encuentra hace más de un año denunciando los hechos en el caso que dirige la Fiscalía Regional del Biobío.

«Los efectos psicológicos de estos abusos no los sentí inmediatamente, pasó un tiempo para que yo comprendiera que lo que viví fue abuso y mi pareja me ayudó en el proceso. Cuando se dieron a conocer las otras denuncias de las víctimas, leí sus experiencias y me di cuenta que eran muy similares a las mías. Ahí entré en un estado de profunda depresión, porque sentía que la única forma en la que podría estar más tranquila sería encontrando justicia, de ahí decidí denunciarlo en 2022», confiesa Medina.

Sobre los procesos de investigación vigente, la denunciante afirma que, «creo que el sistema se encuentra al debe, porque les tomó demasiado tiempo formalizarlo. Yo tuve que exponerme un año y medio viéndolo aparecer en distintas partes, como cuando fue elegido director de la AMCAM, y verlo en estas posiciones de poder nos hizo mucho daño a mí y a las denunciantes. Él se encuentra aún con muchos privilegios, y sus redes le permiten continuar en la impunidad, al igual que el resto de alcaldes investigados en la región. Todos ellos se conocen y pertenecen a las mismas agrupaciones, como la AMRA y a la ANCAM, y es a partir de estas redes que ellos pueden cubrirse entre sí».

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En el caso de Alfonso Coke, se anunció su formalización para el 30 de enero del año entrante, lo cual marca un precedente en la cronología de los casos investigados, ya que la formalización del jefe comunal implicaría que existen antecedentes que, de forma preliminar, podrían vincularse con agresiones de carácter sexual.

Francisco Vergara, el abogado de las cuatro denunciantes de la municipalidad de Cunco, declara a Resumen que, «el proceso ha sido complejo. En un inicio, la Unidad de Delitos Sexuales de la PDI habría determinado que no habían suficientes pruebas para acreditar la existencia de delitos. Esto fue corregido, porque la unidad técnico experta para responder esto es el Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales (CAVAS)». «En las cuatro pericias que se realizaron en el informe del CAVAS, 112 personas distintas concluyeron que estaban frente a una agresión sexual realizada dentro de lo que ellos determinan como literatura de abuso de poder. Esta figura se comprende por la manera en que el empleador, abusando de su autoridad, disminuye la capacidad de su alterno de poner resistencia» explica el abogado querellante.

Resumen se puso en contacto con una de las trabajadoras denunciantes de Alfonso Coke, la cual decidió compartir su relato a partir de su experiencia como funcionaria y víctima de las agresiones que en la actualidad se encuentran en investigación. Sin embargo, bajo la solicitud de la defensa de la víctima, se ocultó su identidad.

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«En un principio, me sentí profundamente vulnerada por la manera en que las instituciones no reconocieron mi caso. El primer contacto que tuve para hablar sobre mi abuso fue con el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg), ellos hicieron que yo contara todo mi relato para después decirme que no califiqué para recibir intervención. Fue una situación muy dolorosa, porque lo que más necesitaba en ese momento era ser validada. Ahora me encuentro recibiendo terapia psicológica a través del Centro de Atención a Víctimas de Delitos Sexuales de la Fiscalía y ellos han sido un apoyo fundamental para mi recuperación y el avance del caso» declaró la denunciante.

Respecto a los procesos vigentes de formalización, la víctima concluye que, «el hecho de que él sea formalizado en enero debe ser lo más significativo de todo el proceso, porque lo que nosotras buscábamos como víctimas era reconocimiento. Es importante para nuestro progreso que se reconozca este daño, para que él no pueda seguir vulnerando más mujeres desde su posición de poder. Yo dejé de trabajar en el municipio, porque la precariedad que hay en la institución es absoluta, nadie se hace cargo de lo que ocurre internamente, y las mujeres somos las que principalmente nos vemos afectadas».

Vulnerabilidad económica y brechas de género en La Araucanía

El contexto planteado sobre la municipalidad de Cunco se describe en sintonía con el panorama actual del empleo de la mujer en La Araucanía. De acuerdo a lo planteado por la defensa de las víctimas del caso, «las vulneraciones que se encuentran en investigación coinciden con la interpretación de la figura penal de la intimidación a través del abuso de poder. En esto, incide la influencia socioeconómica que tiene la municipalidad en la comuna, ya que la institución representa la principal fuente laboral estable de Cunco al dar cerca de 400 plazas de empleo. Existe un miedo latente por parte de las víctimas de denunciar estas agresiones por el riesgo de la pérdida de empleo» explica el abogado querellante a Resumen.

La gravedad de las vulneraciones denunciadas en cada caso, permiten entender que la problemática considera más de un factor de riesgo para las mujeres. La Araucanía es una región fuertemente influenciada por la incidencia que tienen los roles de género y la baja participación femenina en el mercado laboral. Así lo describe el Sence de La Araucanía a partir de la publicación de su boletín «Brechas de género y mercado laboral», emitido este año en el contexto del 25 de noviembre y la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

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El boletín explica que la región se encuentra experimentando una tasa de inactividad femenina en el mercado laboral que alcanza niveles históricos. El 54,7% de las mujeres en edad de trabajar se encuentran desocupadas, a diferencia del 36,3% de hombres. La institución explica este fenómeno como el resultado de que los roles de género asociados a la mujer suponen una barrera para su inserción laboral. En el contexto de lo descrito por la institución, se menciona que la participación de la mujer mantiene mayor presencia en labores asociados al cuidado, en contraste con su presencia en puestos profesionales y técnicos (35,6%) y administrativos gerenciales en cargos públicos (40,6%).

Lo anterior se ve reforzado a través del análisis del por qué la inactividad femenina de la región se mantiene en cifras alarmantes. De las mujeres desocupadas, el 90,9% no se encuentra en condiciones para trabajar por mantener responsabilidades familiares permanentes, mientras que el 85,2% se debe a responsabilidades familiares temporales. Mediante el estudio de estos hallazgos, el boletín advierte que, «superar estas barreras que genera la sociedad en las trayectorias laborales de miles de mujeres es fundamental como parte de la tarea de erradicar todas las formas de violencia hacia la mujer, considerando también la violencia simbólica basada en estereotipos de género».

En relación al panorama de violencia sexual en ambitos laborales, Carolina Ojeda, jefa de la Dirección del Trabajo (DT) de La Araucanía, declara a Resumen que, «los números permiten evidenciar que las mujeres se encuentran más expuestas a violencia sexual. Esto nos emplaza como Estado a que tengamos que tomar ciertas medidas, especialmente en materia de sensibilización, pero también hacernos cargo de la realidad. Debemos fortalecer la fiscalización, así como lo hará la Ley Karin que podrá hacerse cargo, tanto en lo privado como en lo público, de abordajes tan relevantes como es el enfrentar la violencia, el acoso laboral y el acoso sexual en el mundo del trabajo».

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«El acoso laboral y el acoso sexual en contexto de trabajo afectan principalmente a mujeres. El 66% de las denunciantes de acoso laboral son mujeres, y las presumibles de acoso sexual también efectivamente son mujeres. Cifras que nos preocupa, y a raíz de eso, hemos generado una serie de encuentros con trabajadoras, dirigentes sindicales, también hemos desarrollado programas de fiscalización en rubros feminizados, a partir de la necesidad de poder visibilizar estas materias y poder instar a que acudan a los canales de denuncia de manera expedita», concluye la directora.

Por su parte, Vivian Franco, abogada de la Fundación Defensoria Femenista y cofundadora de la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM) Wallmapu, esgrime, «Si bien hay avances en la institucionalidad proteccional de las mujeres, creo que hemos avanzado más en la sanción que en la prevención y reparación. Esto, esencialmente debido a que vivimos en una cultura punitivista, que valora más el castigo que otras formas de justicia y, por otra parte, a que la inversión pública en la materia continúa siendo insuficiente. En ABOFEM Wallmapu y la Fundación Defensoría Feminista, nos encontramos trabajando en una propuesta reformal que permita elevar los requisitos técnicos y éticos para postular y acceder a cargos públicos».

En linea con lo anterior, Franco, a partir de las vivencias de las víctimas con las que ha hablado, concluye que, «como abogada feminista y sobreviviente de femicidio, la lucha que estas mujeres están dando, las cuales se han acercado a nosotras para recibir orientación y realizar difusión de sus causas, me hace reflexionar que nuestro sistema falla al centrarse en las víctimas cuando las agresiones ya ocurrieron. Para el bienestar de las denunciantes presentes y futuras, debe reformularse la actuación policial. También se debe aumentar la inversión en prevención, específicamente en la rehabilitación de agresores. Es imperativo que elaboremos una legislación que actúe a partir de un enfoque integral, que considere prevención, sanción y reparación en los casos de violencia sexual».