Fueron distintas las reacciones, dentro y fuera del país, de la aprobación en la Cámara de la Ley Gatillo Fácil o Ley Naín Retamal, que entrega más facultades a las policías. Organismos internacionales, como la ONU y Amnistía Internacional, concluyeron en que dicha iniciativa es un retroceso para Chile en materia de DDHH. Hoy, son las víctimas de trauma ocular que dejó el actuar de Carabineros durante el Estallido Social de 2019, quienes critican la medida y acusan a sectores conservadores de utilizar el fallecimiento de la sargento de carabineros, Rita Olivares, y del cabo primero de la misma institución, Álex Salazar, para imponer leyes profundamente represivas y antidemocráticas.

Por Juan Contreras Jara

Diversas han sido las reacciones que dejó la votación al interior de la cámara baja durante el miércoles pasado, que contempla un paquete de medidas, entre las que destaca, la presunción previa de legítima defensa para los funcionarios de Carabineros, PDI y Gendarmería que disparen su arma de servicio. Además, se incluye la ampliación de sanciones contra quienes maltraten o atenten de cualquier forma contra un agente de las Fuerzas de Orden y Seguridad, pudiendo llegar incluso al presidio perpetuo.

Si bien la decisión de las y los diputados se tomó de forma exprés, actualmente en el Senado, al parecer, se le estaría dando más de una vuelta a la controversial medida y el Gobierno ya estaría ingresando indicaciones para que se incluyan en el proyecto de ley.

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Además de los pronunciamientos de organismos internacionales como Naciones Unidas y Amnistía Internacional, que apuntan a que el proyecto de Ley Naín-Retamal (Gatillo Fácil) atenta contra los estándares de la comunidad internacional y da garantías de impunidad, algunas de las víctimas de violaciones a sus Derechos Humanos por parte de Carabineros también se refirieron al tema. Éstas concluyen que se pone en juego la garantía de no repetición y solo otorga impunidad al actuar policial.

Víctimas de trauma ocular e implementación de Ley Gatillo Fácil: «Es un llamado a la impunidad»

El 8 de noviembre de 2019, a menos de un mes de iniciado el Estallido Social, en las inmediaciones de Plaza de la Dignidad (Plaza Italia), el funcionario de Carabineros, Claudio Crespo, conocido popularmente como «El Carnicero«, disparó su escopeta antidisturbios contra el joven Gustavo Gatica, cegándolo de por vida.

Pese a la gravedad del hecho y el ocultamiento de información por parte de Carabineros para blindar a Crespo, a más de tres años del hecho, el entonces funcionario policial aún no es condenado. Es más, en octubre pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó su prisión preventiva, estando actualmente en libertad. Todo lo anterior ocurre con la normativa vigente, sin aplicar la Ley Gatillo Fácil, porque de ser así, Gustavo Gatica tendría que, entre otros, haber comprobado la brutal agresión y se habría presumido, de ante mano, la legítima defensa de Claudio Crespo.

Gustavo Gatica conversó con RESUMEN acerca de las nuevas facultades que se le pretende entregar a Carabineros, a través de la Ley Gatillo Fácil, esgrimiendo que «es un llamado a la impunidad».

En esta línea, Gatica enfatizó en que «es lamentable. Ha habido una escalada conservadora a raíz de la contingencia y creo que de alguna forma darle más atribuciones a Carabineros, no hubiera detenido estos dos asesinatos. Lo único que habría prevenido estos asesinatos habría sido una mejor preparación, mayor trabajo de inteligencia, prevenir que ocurrieran estas cosas. Esta ley se da, aprovechándose de esta contingencia, para luego ocuparla en contexto de protesta social, de manifestación».

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En cuanto a la utilización de la muerte de la sargento, Rita Olivares, y del cabo primero, Álex Salazar, agregó que «los grupos conservadores, de derecha, ya sean republicanos o UDI, aprovechan la contingencia, la lamentable muerte de estos dos carabineros, para meter este tipo de proyectos. Es un discurso peligroso y la derecha siempre ha hecho esto, confundir a la gente en torno a los DDHH. Ellos saben qué son los Derechos Humanos, pero ocupan la contingencia para poder tergiversar, engañar».

Las críticas desde el Biobío

El 22 de octubre de 2019, tres días después de iniciado el Estallido en Concepción, Rodrigo Lagarini se encontraba participando de una manifestación en el centro penquista, cuando recibió el impacto de una lacrimógena disparada por Carabineros directo en el rostro. Como resultado de la brutal agresión, perdió su ojo derecho.

Luego de la agresión, la vida de Rodrigo Lagarini volcó bruscamente, del que ahora, tres años después de la agresión, recién comienza a recuperarse. Es por esto que, según sus declaraciones, avanzar en normativas que le den mayores facultades a Carabineros, «es negacionista» y merma la salud mental de todas las víctimas de violación a los Derechos Humanos durante el Estallido.

«Se violaron todos los protocolos en el uso del armamento y eso generó muertes, más de 450 traumas oculares, lesionados en su sistema locomotor, gente que no puede caminar igual y la reparación que ha habido es nula, entonces, es súper grave ver estas noticias. Esta ley genera que los funcionarios no tengan consecuencias penales por disparar, lo que atenta contra los DDHH,» advierte Rodrigo Lagarini, una de las nueve víctimas de trauma ocular en Concepción.

Por otro lado, se refirió al impacto que genera la aprobación de proyectos como éste en las víctimas de trauma ocular en Chile, las que aún no reciben justicia y mantienen tratamientos deficientes en materia de reparación. «La situación mental en la que están mis compañeros aquí en Concepción es terrible. Algunos han estado subiendo y bajando de peso durante años, otros con intentos de suicidio, entonces, es urgente la atención psicológica, pero también, asegurar la no repetición. Esta ley solo garantiza y envalentona a Carabineros a disparar a destajo, sin miedo a consecuencia, o sea, eso de no repetición no va a existir».

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Según cifras de la organización Los Ojos de Chile, la desmedida utilización de la fuerza por parte de Carabineros durante el Estallido Social dejó 460 víctimas de trauma ocular. De éstas, la nómina presentada por el INDH contempla 425 solicitudes, de las que solo 373 se encuentran acreditadas por el Consejo del INDH. 

Tanto Lagarini como Gatica concuerdan en que la discusión que ahora se da en el Senado, podría terminar dando impunidad a Carabineros y en general a las Fuerzas de Seguridad y Orden, al momento de violar los Derechos Humanos. A su vez, llaman al Gobierno a no titubear en la defensa de los Derechos Humanos en Chile, considerando que avanzar con esta legislación podría echar por tierra cualquier avance experimentado como país en esta materia.

«El proyecto de ley en la Cámara pasó super rápido y creo que en eso el Gobierno fue muy pasivo. Creo que deben seguir en la línea de mantener la seguridad, que a muchas chilenas y chilenos le interesa, pero sin pasar a llevar los Derechos Humanos», concluyó Gustavo Gatica.