Los dueños del poder y la riqueza en Chile están rabiosos y desesperados, como gatos de espalda arrinconados frente al peligro, se han conjurado para defender sus intereses a cualquier precio. El oasis neoliberal que habían construido en estos casi 50 años corre peligro de derrumbarse, la sociedad chilena se mantiene cuestionando a las bases de este sistema político, económico y social, injusto y perverso.

Por Joaquín Pérez

Esta élite apátrida en el contexto inmediatamente posterior al Estallido había visualizado como estrategia retirar capitales y emigrar junto con ellos, a otros países de la región o paraísos fiscales. Sin embargo, hoy el contexto regional también le es adverso, hasta paraísos fiscales, tradicionalmente de refugio para ellos como Panamá, se ven convulsionados por grandes protestas sociales. Hoy el escenario internacional es incierto y ni siquiera Europa o Estados Unidos les garantizan seguridad.

Obligados a negociar un nuevo pacto social tras el Estallido, han descargado toda su artillería para evitar al máximo el avance de los sectores populares, con objetivos claros, pragmatismo extremo y sin hacer asco a ninguna estrategia, como lo demostraron con el manejo político de la pandemia o durante el año de funcionamiento de la Convención Constitucional, donde fueron capaces de hacer jugar a su favor no sólo a la vieja clase política, muy disminuida en ese órgano, sino también a nuevos actores políticos. Desde la extrema derecha de Republicanos hasta sectores del Frente Amplio del organismo que se unieron para derribar proyectos como la renacionalización del cobre, que garantizaba con recursos económicos el cumplimiento efectivo de los derechos sociales esbozados en la propuesta constitucional, así como otras iniciativas que efectivamente apuntaban a transformaciones más profundas del actual modelo.

No obstante, tampoco pudieron evitar que se colaran en el nuevo texto constitucional cuestiones que ellos también les perjudican y por eso hoy se juegan el todo por el todo, con su maquinaria de manipulación mediática por reforzar el voto de rechazo en una apuesta agresiva y violenta.

Tras el acuerdo de la denominada «cocina», del 15 de noviembre del 2019, la clase política no fue capaz de contener la fuerza que venía desde el mundo popular, las movilizaciones persistieron y se lograron arrebatar a ese acuerdo algunas concesiones a favor del pueblo, como fue la paridad de género, las listas para candidaturas independientes y los escaños reservados para pueblos originarios.

Hasta ese momento, la correlación de fuerzas aún estaba a favor del pueblo, se hablaba en ese contexto de correr los cercos, se planteó incluso rodear la Convención y desde la presión popular obligar a ésta a generar una Constitución acorde a las demandas del Estallido.

Sin embargo, con el devenir de la pandemia y la desmovilización que ésta produjo, en el proceso constitucional se comenzó a vivir otra corrida de cerco, no desde los sectores populares, sino que desde los grupos de poder a través de la vieja y nueva clase política, llegando al final del proceso con un texto bastante deslavado y menos favorable a los sectores populares, a pesar de la victoria que estos obtuvieron en la elección de constituyentes.

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Básicamente porque los grupos de poder lograron alinear sus fuerzas detrás de una estrategia clara y porque los sectores populares, no sólo no lograron articularse ni desarrollar una estrategia, sino además porque en la práctica muchos de estos cargos electos carecían de fondo político. Desde afuera los medios y las encuestas bombardeaban a la Convención y estos mismos constituyentes, débiles políticamente, se fueron intimidando ante esta ofensiva rabiosa y llena de mentiras.

En ese escenario llegamos al plebiscito de salida del 4 de septiembre, con los sectores populares aún sin proyecto político propio, intentando salvar los muebles atándose incluso a sectores de la ex Concertación y del Frente Amplio, para asegurar algunas conquistas menores de este nuevo texto constitucional.

Por otro lado, la derecha continúa con su misma estrategia del todo o nada, negándose a negociar el fin del modelo y un contrato social, dispuesta a todo para hacer caer cualquier derecho arrebatado en la propuesta constitucional. Siguen corriendo el cerco y su estrategia no termina el 4 de septiembre, va más allá incluso, apuestan todo a la victoria del Rechazo, pero también saben que ello es muy poco probable, a pesar de la campaña mediática y el desgaste.

El escenario más probable al que ellos apuestan hoy, es una victoria estrecha del Apruebo, mientras más estrecha mejor. Con lo que esperan seguir ajustando a sus intereses la Constitución tras las elecciones del 4 de septiembre a través de un regalo que la propia Convención les realizó y que es un hecho inédito en el mundo: los cuatro años que tendrá el congreso del antiguo régimen, con un congreso elegido bajo la Constitución de Pinochet, para reformar este nuevo texto constitucional.

A eso apuestan las entrevistas de los empleados más serviciales del poder económico en la política, como Ricardo Lagos a nivel nacional o Rodrigo Díaz a nivel local, que aunque gane el Apruebo se debe reformar el texto "para unir a los chilenos".

El poder económico y sus empleados en la clase política, vieja o nueva, no se detendrán en esta estrategia de corrida de cercos, varios que hoy están en el Apruebo y desde el propio Gobierno, ya se muestran favorables a aquello.

La única forma de detenerlos es que el pueblo construya su propio proyecto político, del cual hoy día carece y sea capaz de plantarse, detener la ofensiva de los sectores reaccionarios y volver a poner al pueblo a la ofensiva en la conquista de nuevos derechos sociales, económicos y políticos. Tanto los que lograron salir en el actual texto, como los que quedaron abajo por no alcanzar los 2/3 que la cocina del 15 de noviembre impuso a la Convención.