De las instituciones que se han pronunciado, solo el Servicio Nacional de Turismo y la Seremi de Energía del Biobío se han declarado conformes con el Estudio de Impacto Ambiental. En contraparte, 12 órganos del Estado han presentado observaciones que van desde incongruencias del estudio hasta solicitar el término anticipado de la evaluación del proyecto liderado por la empresa Aclara en Penco.

Por J. Arroyo Olea

Sigue adelante el proceso de evaluación ambiental del proyecto Módulo Penco, el cual pretende explotar tierras raras en dicha comuna por la empresa Aclara, en un contexto donde se ha abierto la participación ciudadana hasta inicios de agosto y, paralelamente, el Servicio de Evaluación Ambiental ha solicitado pronunciamientos a diversos organismos estatales.

Es sobre este último punto que las últimas semanas han sido agitadas respecto a la información que han dado a conocer estos organismos. A la fecha, son 14 instituciones las que se han pronunciado sobre el proyecto minero y que en su mayoría dan cuenta de una serie de observaciones que cuestionan sus estudios.

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En revisión del expediente de evaluación ambiental, solo dos instituciones se han mostrado conformes al proyecto de extracción de tierras raras: Servicio Nacional de Turismo, encabezado en la región por Natalia Villegas, y la Seremi de Energía, representado en el Biobío por Daniela Espinoza.

En el caso de Sernatur, el organismo se mostró favorable al proyecto debido a que, a su criterio, «el área del proyecto no presenta valor turístico», lo que ha sido duramente cuestionado por organizaciones sociales y la comunidad pencona debido a que el área de influencia cuenta con diversos elementos que dan cuenta de un gran valor cultural y natural.

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Por otro lado, en el caso de la Seremi de Energía el pronunciamiento es sumamente breve. Sin dar mayores justificaciones, la institución señala que «este órgano de la administración del Estado se pronuncia conforme sobre el Estudio de Impacto Ambiental».

En contraparte, 12 instituciones se han pronunciado con observaciones que emplazan la revisión, complementación y ampliación del Estudio de Impacto Ambiental presentado por Aclara.

Estas corresponden a: Superintendencia de Servicios Sanitarios, Dirección General de Aguas, Servicio Nacional de Geología y Minería, Municipalidad de Penco, Servicio Agrícola y Ganadero, Corporación Nacional Forestal, Municipalidad de Concepción, Gobierno Regional del Biobío, Seremi de Agricultura, Dirección de Obras Hidráulicas, Seremi de Vivienda y Urbanismo y la Seremi de Medio Ambiente.

Los organismos han sido, en general, contundentes con las observaciones pronunciadas sobre el proyecto minero. Ejemplo de aquello ha sido parte de la conclusión de la Seremi de Vivienda y Urbanismo, la cual explica que «existen muchas incongruencias que resolver en esta presentación y lo más serio, es que las diferencias en magnitud de superficies de las edificaciones contenidas en el proyecto, no permiten definir con precisión cual es exactamente el total de superficie edificada que presenta este proyecto».

Por otro lado, el Servicio Agrícola y Ganadero incluyó entre sus reparos el promocionado Centro de Reproducción de Pudúes, señalando en su estudio ingresado la empresa no identifica «impactos significativos por pérdida de ejemplares la especies Pudu puda», la cual es la única especie seleccionada en el centro de reproducción de fauna. Por el contrario, el SAG explica que «los impactos evaluados son sobre el hábitat que comparte con otras especies», como lo son la huiña y el puma.

En esta línea, uno de los organismos más enfáticos ha sido CONAF, el cual solicitó al SEA dar término anticipado a la evaluación ambiental debido a que se manejan antecedentes que refutan el Estudio de Impacto Ambiental en relación a flora y vegetación que se verían afectadas en el área de influencia del proyecto encabezado por la minera Aclara.

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Fotografía principal: montaje de registros de empresa Aclara