Por Ignacio E. Muñoz Ramírez*

El caso «Hermosilla», denominado convenientemente «audios» por una prensa oficial más preocupada por hacer relaciones públicas en vez de periodismo, ha sacudido a Chile al revelar una red de corrupción y fraude que expone serias deficiencias en el sistema de regulación financiera, así como una peligrosa relación entre los poderes del Estado, lubricada por las intrigas venecianas tejidas por "prestigiosos abogados de la plaza", como el señor Hermosilla y sus asociados. En resumen, la trama involucra la creación de una asociación dedicada a la emisión de facturas ideológicamente falsas, utilizadas para obtener financiamiento a través de factoring. Este dinero no solo se destinó a fines comerciales, sino también al soborno de funcionarios públicos, agravando aún más la situación.

Este caso pone en evidencia la falla de los mecanismos de control y regulación que deberían haber prevenido estas actividades ilícitas. En primer lugar, resulta alarmante que no se hayan reportado movimientos sospechosos de abonos sucesivos en efectivo a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) dentro de los bancos, ni en los informes que deben enviarse a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Las actividades que formaban parte del modus operandi de esta red deberían haber generado alertas inmediatas y desencadenado una investigación más profunda.

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Además, la dependencia del Servicio de Impuestos Internos (SII) del nombramiento presidencial plantea serias dudas sobre la independencia y eficacia de esta institución en la fiscalización de actividades fraudulentas. La posibilidad de interferencias políticas debilita la capacidad del SII para actuar con imparcialidad y rigor en casos que involucren a individuos con conexiones políticas, como es el caso del abogado involucrado en esta red. Lo mismo se aplica a los honorabilísimos jueces de nuestras cortes, quienes, al igual que la justicia que representan, parecen ciegos para detectar conductas irregulares por parte de influyentes senadores o abogados, muchos de los cuales conocen personalmente.

Para complicar aún más la situación, no contribuyen las argumentaciones ideológicas en favor de un «Estado pequeño», ya que, en nuestro caso particular, este representa un porcentaje por debajo del promedio de la OECD. Esta visión anticuada ha costado caro a contribuyentes y empresarios, quienes ven en este tipo de actividades ilícitas un intento desleal que atenta contra la sana y libre competencia. Hoy en día, todo buen administrador es capacitado en materias como la gobernanza administrativa, que implica dedicar recursos tecnológicos y humanos suficientes para gestionar una gran empresa; de igual manera, el Estado necesita una gobernanza equivalente, lo que requiere una importante inversión en tecnología y talento. Para ello, es necesario abandonar el mantra del "Estado pequeño" y asumir el desafío de construir un Estado funcional y eficiente.

Hagamos un ejercicio de memoria a otros bochornosos casos: Al igual que en el caso Penta y SQM estamos ante otra muestra de la corrupción de nuestras elites que se encuentran en el ámbito privado y político como si se tratara de un almuerzo en la casa de un exalcalde lobbysta. También recordemos que escándalos como estos, pese a la reticencia de quienes podemos llamar como "contactos de Hermosilla", sirvieron para impulsar la ley 20.900 y una serie de controles más estrictos para el financiamiento electoral y gastos en municipalidades.

El caso «Hermosilla» es un llamado de atención urgente para revisar y reforzar los mecanismos de control y regulación financiera en Chile. Es imperativo implementar medidas que aseguren la independencia de las instituciones encargadas de la fiscalización, mejorar los sistemas de detección de actividades sospechosas y determinar responsabilidades, asegurando un castigo ejemplar tanto en lo judicial como en lo relacionado con las instituciones privadas que en el futuro no se vean involucradas en negocios con este tipo de personajes.

* Director de Administración y Finanzas – CECS